Denuncia de un emprendedor tech le apunta al fondo SF500

Una grave acusación sacude al ecosistema emprendedor científico de la región y derivó en las últimas horas en una serie de operativos judiciales para asegurar pruebas. Sebastián Cogliati, biotecnólogo formado en la Universidad Nacional de Rosario, presentó una demanda judicial en la que le apunta al fondo de inversión SF500 —integrado por el Gobierno de Santa Fe y el holding Bioceres— de haberlo excluido del capital accionario de la startup que él mismo fundó y de haberlo despojado de la patente de su invención científica, sin contraprestación alguna. La acción judicial incluyó este miércoles un despliegue de oficiales de Justicia que requirieron documentación en la sede de la biotecnológica y en las oficinas de la fiduciaria Rosfid.

Consultados por este medio, fuentes de Bioceres consignaron que  “se trata de un conflicto entre los fundadores de una startup en la que Bioceres no posee participación accionaria” y acotaron que la compañía "está plenamente a disposición de la Justicia". 

La denuncia, presentada ante la Justicia rosarina como una “medida de aseguramiento de pruebas” en carácter urgente, incluye también a Bioceres S.A., a la fiduciaria Rosfid y a ejecutivos clave del fondo, como Francisco Buchara, socio gerente de SF500 y seleccionador de las startups que forman parte del sistema de fondeo. Según Cogliati, fue víctima de una maniobra premeditada para apropiarse de su proyecto y su propiedad intelectual, en una operación que califica como “ardidosa” y “delictiva”.

De acuerdo a la demanda a la que accedió Punto biz y que derivó en medidas de aseguramiento de pruebas que dictaminó el juez Civil y Comercial de la 12° nominación de Rosario, Fabián Bellizia, la historia comenzó en 2021, cuando Cogliati fue contactado por Marcos Pacchiele -también apuntado en la denuncia- para evaluar un proyecto. De ese vínculo surgió una idea disruptiva: utilizar microorganismos modificados para reemplazar procesos contaminantes en la industria del litio. En 2023, esa iniciativa fue seleccionada por SF500 en el marco del programa “SF Build” y obtuvo una inversión inicial de u$s250.000. 

Con ese capital se constituyó la empresa Biometallum S.A., con sede en Rosario, y Cogliati pasó a tener el 35,6% de las acciones. Sin embargo, a poco de andar, comenzaron las presiones para ceder su invención a una sociedad extranjera. Según la denuncia, Buchara y otros operadores, lo persuadieron de que era mejor constituir una firma en Estados Unidos, que luego compraría Biometallum para facilitar nuevas rondas de inversión.

En ese contexto, en septiembre de 2024, Cogliati firmó documentos legales en inglés (cuyas copias nunca recibió) y transfirió gratuitamente su patente y sus acciones en la firma argentina a Biometallum Corporation, registrada por Pacchiele en Delaware (EE.UU.). El problema: nunca fue inscripto como socio, ni recibió compensación alguna.

En enero de 2025, Pacchiele —ya como director de la firma estadounidense— le notificó a Cogliati que quedaba fuera del proyecto, acusándolo de “falta de cooperación” y “mala administración”. Desde entonces, según consta en la demanda, recibió múltiples presiones para firmar un acuerdo de renuncia a cualquier reclamo futuro, a cambio de una “suma risible y una computadora usada”.

La denuncia también revela que el 21 de abril pasado le ofrecieron “devolverle” la patente y las acciones, en lo que considera un tácito reconocimiento del perjuicio sufrido, pero bajo condiciones que no reparaban adecuadamente el daño económico y profesional causado.

SF500 es un fideicomiso creado por el Gobierno de Santa Fe en alianza con Bioceres para invertir en startups de base científica. Bioceres, además de ser el fiduciante inicial, actúa como “agente de selección” y principal beneficiario del fondo, mientras que la fiduciaria Rosfid administra los desembolsos. Según Cogliati, fue “expulsado de su propio proyecto” y privado de su invención, pese a que fue su idea la que atrajo la inversión inicial.

La presentación judicial es apenas el primer paso. Cogliati anunció que iniciará demandas por daños y perjuicios, nulidad de contratos, simulación, y remoción de administradores. El caso en representación del denunciante es llevado adelante por los abogados Emiliano Díaz, Brenda Barinaga y Lisandro Fontan Manuello, especialistas en creación y conflictos de startups.