La Justicia federal tiene en la mira a grupo financiero de Rosario

La sala A de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de una decena de imputados en la causa por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, una causa que se investigó a partir del asesinato del empresario de turismo santafesino Hugo Oldani, ocurrido en febrero de 2020. 

El procesamiento incluye a dos ejecutivos del grupo Carey -uno de los grupos financieros más destacados de Rosario, que ya fue rozada en otro caso resonante desatado a partir del asesinato del narco Marcelo “Coto” Medrano, que involucró a una compañía financiera, Cofyrco, que tiene entre sus integrantes a un miembro de la familia y otros allegados. 

En diálogo con el portal Aire de Santa Fe, el fiscal Walter Rodríguez que llevó la causa en primera instancia, dio cuenta del entrecruzamiento de datos entre los fiscales rosarinos y capitalino en pos de la investigación. Consignó que “en Rosario hay investigaciones con respecto a este grupo económico. Nos hemos intercambiado comunicaciones e información. Lo que yo le puedo decir es lo que me consta a mí en el marco de la investigación que me toca encabezar y es que parte de los integrantes de este grupo han aportado a la operatoria descripta que es la que a mí me toca investigar”.

Efectivamente, entre los procesados se encuentran la hija del empresario, Virginia Oldani, dos operadores del grupo Carey, Carlos Ciochettto y Carlos Bacigaluppo, la empleada María José Calle, la presidenta de la sociedad de Bolsa Mediterránea, Carina Chelmo; el abogado Leandro Javier Forchetti y los inversionistas Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marco Molinas y Eugenio Francisco Alonso. A cada uno de ellos se les aplicó embargos por 500 mil pesos. El delito de “intermediación financiera no autorizada”, tiene una pena de uno a cuatro años de prisión.

La causa pudo avanzar a partir del peritaje de un teléfono celular de Oldani ordenada por el fiscal Rodríguez, plasmado en un informe de 17.000 folios con registros, diálogos, operaciones y contactos de los clientes del empresario.

En primera instancia, el juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- dictó en abril último diez procesamientos por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, y ahora la Cámara Federal de Rosario convalidó esa resolución en todo su contenido: “Es posible afirmar que desde 2018 hasta el 11 de febrero de 2020 en la agencia Oldani se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del empresario y de terceros, entre los que se encuentran los imputados, que no estaban habilitados a realizarlas”.

La cámara siguió el criterio del fiscal general Oscar Arrigo: “La prueba reunida en el legajo permite acreditar la materialidad de los hechos y la responsabilidad que les cupo a los imputados”. La fiscalía también consignó la existencia de “una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al calzar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal”, agregó.

La gran incógnita de la investigación del fiscal es el destino de u$s 1.1 M y de $ 3.1 M que fueron fotografiados en la oficina de Oldani pero luego desaparecieron sin dejar rastros.