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Negocios

🔒Juicio oral

Declaró la víctima de la estafa y extorsión por la que el abogado Sebastián Farina puede ir preso

Declaró la víctima de la extorsión por la que un abogado rosarino puede ir preso.
Patricio Dobal

La mujer es la viuda de un empresario inmobiliario ya fallecido que es quien habría ordenado la maniobra a un reconocido letrado civilista que quedó imputado.

El juicio oral que tiene en el banquillo de acusados al abogado civilista Sebastián Farina, coronó este lunes su segunda jornada de audiencia con la declaración de quien encabeza la lista de testigos. Se trata de Marcela Mónaco, la principal damnificada de la maniobra de estafa, extorsión y uso de documento falso. El caso tiene como protagonista al ex esposo de la mujer -el empresario inmobiliario Aldo Vanzini, ya fallecido- que buscó perjudicarla para lo cual empleó los servicios de Farina, cuya responsabilidad tiene que definir ahora la jueza de Primera Instancia, Trinidad Chiabrera.

En una jornada extenuante de más de 6 horas, Mónaco relató los pormenores del episodio que viene revelando Punto biz, contestó un extenso cuestionario de la querella encabezada por el penalista Héctor Superti, hizo lo propio con las consultas de fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, y por último se enfrentó a los requerimientos de los abogados defensores con Walter Stramazzo a la cabeza.

Precisamente el carácter inquisidor de la defensa de Farina, fue en varias oportunidades objetado por los querellantes y la Fiscalía quienes lograron que la jueza hiciera lugar un planteo que estaba orientado hacia la revictimización de la mujer que en varias oportunidades quebró en llanto.

Durante la ronda de respuestas a las cuestiones que planteó la querella, Mónaco declaró que Farina llegó a pedir “hasta u$s200.000” para levantar la cautelar que le impedía a la víctima avanzar en la escrituración de un loteo que hab´a desarrollado y cuyos clientes ya habían firmado boleto de compraventa.

La causa compromete a Farina por emplear documentación apócrifa para intentar probar un acto jurídico también falso, a sabiendas de que lo era y con el interés de lograr quedarse con dinero al reclamar el 50% de un loteo de Granadero Baigorria. La sospecha más firme es que actuó para beneficiar al empresario inmobiliario Aldo Vanzini quien buscaba perjudicar a su ex, a quien había tenido que cederle la mitad del terreno en el marco de la disolución matrimonial.

El hecho se desencadenó cuando Marcela Mónaco fue convocada por el fuero civil ante una demanda de un particular que se ampara en un boleto de compraventa -que luego la Fiscalía comprobó que era falso- en que al parecer quedaba claro que el demandante había pagado por la mitad de la superficie.

Por el carril Civil y Comercial, los autores del ardid lograron que el juez Pedro Boasso del Juzgado de la 16° Nominación avanzara en medidas cautelares a través de la cuales los terrenos quedaban bajo el encuadre de “anotación litigiosa”. La figura en cuestión derivó en un enorme perjuicio económico para la víctima que cuando irrumpió la acción judicial estaba comercializando los lotes que en ese momento conformaban el germen de un desarrollo inmobiliario en terrenos donde hasta 2011 había funcionado la planta transmisora de la emisora LT8, en la localidad al norte de Rosario. La demanda hizo que los interesados en adquirir las parcelas huyeran de inmediato.

Pero la acción civil y las medidas cautelares derivadas se derrumbaron cuando irrumpió en escena la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que primero pudo verificar que el boleto de compraventa presentado para demandar a la legítima propietaria no era real y la víctima en realidad había firmado una hoja en blanco a la que luego se le adicionaron los caracteres con los que pretendían dotar al documento de fuerza legal.

El ardid contó con la participación del empresario gastronómico Gabriel Solís, convocado por Farina a quien “le debía favores”. Fue Solís quien prestó su firma para la conformación del boleto falso, quien motivó la demanda en el fuero civil reclamando parte del loteo y quien se terminó quebrando ante el MPA al confesar que había actuado a expensas de Farina. Al admitir el ilícito, Solis fue beneficiado con un juicio abreviado, hecho que le fue denegado a Farina.

Una extorsión

Si bien Mónaco no pudo revelar detalles de los mencionados por las partes en la audiencia de mediación prejudicial en diciembre de 2015 cuando se presentó la demanda invocando el boleto de compraventa falso, si reveló cuál fue su reacción. “En la audiencia escuché cosas descabelladas. Caí en la cuenta de que me estaban estafando y tenía una terrible impotencia porque sabía que yo no había firmado ningún boleto y me estaban reclamando una superficie. No entendía por qué me estaban haciendo eso. Llegué a casa y con un martillo destruí los azulejos de la cocina, la heladera y rompí muchos vidrios”, rememoró la víctima en plena audiencia.

Mónaco fue clara respecto de los montos que Farina pretendía cobrar para cesar con la demanda. “Me llegaron a decir que Farina pedía hasta u$s200.000 para levantar las medidas. Entré un ataque”, sumó.

Siempre de acuerdo a su declaración, hasta que se quebró Solís y se desmoronó la demanda civil, Mónaco tuvo que enfrentar la ira de los diez inversores que estaban prestos a escriturar su loteo y a quienes debió compensar en el mientras tanto garantizando el mantenimiento del predio que ya estaba subdividido, con calles asfaltadas e iluminación.

“En impuestos tuve que hacerme cargo de más de $680.000 a plata de 2016 en lo concerniente a impuestos”, precisó la mujer sobre lo que tuvo que desembolsar cuando pensaba ya tener todo el barrio escriturado. Pero los gastos no quedaron ahí, los honorarios de su abogada defensora en el pleito civil fueron superiores a los $400.000 y más de $50.000 tuvo que pagarle al perito de parte que contrató para verificar que el boleto de compraventa estaba adulterado.

En el marco del inicio del juicio oral, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, ratificó el pedido de pena a 7 años de prisión, accesorias legales y costas, más $90.000 de multa e inhabilitación para el ejercicio profesional por el término de 7 años.
 

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