Pozzi fue embargado y seguirá preso por 6 meses

La investigación penal por presuntas estafas alrededor del financista Marcelo Andrés Pozzi derivó este lunes en el dictamen de prisión preventiva efectiva por el plazo de seis meses para titular de LTL Capital Advisors, imputado por estafa y administración fraudulenta. La medida fue resuelta tras una audiencia que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario, y que se extendió durante más de dos horas 

La resolución fue adoptada por la juez Andrea Lorena Aronne, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Ramiro González Raggio, a cargo de la investigación. Además de la prisión preventiva, la magistrada ordenó el embargo de una vivienda y de un vehículo pertenecientes al imputado, así como la inhibición general de bienes por el mismo plazo.

Pozzi quedó formalmente detenido en el marco de la causa por casos especiales de defraudación y continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso. La prisión preventiva fue fijada por seis meses, con la salvedad de que se prorrogará automáticamente si la Fiscalía presenta la acusación dentro de ese período, hasta la realización de la audiencia preliminar.

Durante la audiencia, el fiscal González Raggio sostuvo que se encontraban reunidos los requisitos legales para el dictado de la cautelar, en función de la gravedad de los hechos imputados, el perjuicio económico ocasionado y los riesgos procesales advertidos. En ese marco, la Fiscalía también solicitó autorización para avanzar con pericias informáticas sobre teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos y otros dispositivos secuestrados, con el objetivo de reconstruir la operatoria financiera investigada, incluyendo eventuales vínculos con cuentas comitentes y operaciones bursátiles.

En cuanto a las medidas patrimoniales, la jueza ordenó el embargo de un vehículo Hyundai modelo 2019 y de un inmueble ubicado en el loteo Tierra de Sueños III, en la ciudad de Roldán, además de disponer la inhibición provisoria de bienes del imputado por seis meses, con comunicación a los registros correspondientes.

La defensa había solicitado la libertad de Pozzi bajo un régimen de restricciones —entre ellas presentaciones periódicas ante la Justicia, prohibición de contacto con las víctimas y cauciones reales—, pero el planteo fue rechazado. En la audiencia también tomaron la palabra representantes de los damnificados, quienes respaldaron el pedido fiscal y advirtieron sobre la magnitud del daño económico ocasionado.

La causa se originó a partir de denuncias de inversores que acusaron a Pozzi de haber administrado fondos de manera irregular, realizando operaciones financieras de alto riesgo sin respetar el perfil del inversor ni contar con autorización, lo que derivó en pérdidas millonarias y en deudas con sociedades de bolsa. Con el dictado de la prisión preventiva y el avance sobre el patrimonio del imputado, el expediente ingresó ahora en una etapa decisiva, mientras la Fiscalía avanza hacia una eventual acusación formal.