Se cayó el juicio abreviado de Herrera y definen si pasa Año Nuevo libre

El intento de cerrar la causa penal contra Luis Alberto Herrera y sus hijos mediante un juicio abreviado quedó formalmente desactivado. A través de una resolución firmada el 26 de diciembre, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, resolvió no hacer lugar a la solicitud de suscripción de un procedimiento abreviado impulsado por el fiscal Sebastián Narvaja, en el marco del expediente por estafas, administración fraudulenta, asociación ilícita, quiebra fraudulenta y lavado de activos que acumula cientos de víctimas.

La decisión implica un veto directo a cualquier condena negociada en los términos planteados y obliga a la Fiscalía a reencauzar la causa hacia una instancia de mayor profundidad procesal, con la posibilidad concreta de avanzar hacia un juicio oral o, al menos, una acusación formal más gravosa. De este modo, quedó sin efecto el acuerdo que preveía cinco años de prisión efectiva para Herrera padre y penas de ejecución condicional para sus hijos Ignacio y Diego.

En la resolución, a la accedió Punto biz, Merlo reconoce que el fiscal interviniente había arribado a un acuerdo con los imputados y sus defensores, en el que se establecían penas de prisión, multas, inhabilitaciones y reglas de conducta, además del decomiso de bienes. Sin embargo, sostuvo que ese esquema no resulta susceptible de aprobación a la luz de la magnitud de los hechos investigados, la cantidad de víctimas involucradas y los lineamientos fijados por la Fiscalía General para este tipo de delitos complejos.

Uno de los ejes centrales del rechazo es la multiplicidad y entidad de las maniobras atribuidas. Según consta en el expediente, a Luis Herrera se le imputan 557 hechos de administración fraudulenta, 27 estafas y 141 episodios de lavado de activos, mientras que a Ignacio Herrera se le atribuyen 556 hechos de administración fraudulenta, 27 estafas y 141 episodios de lavado, y a Diego Herrera 556 hechos de administración fraudulenta y 27 estafas. Para el fiscal regional, este volumen de conductas torna inadmisible una salida negociada basada en el mínimo de la escala penal.

Merlo también cuestionó el perfil de las penas acordadas, en particular que Ignacio y Diego Herrera accedieran a condenas de ejecución condicional pese a encontrarse privados de la libertad bajo prisión preventiva desde hace aproximadamente un año. Según el dictamen, esa situación resulta contradictoria con los criterios de política criminal vigentes y con la gravedad del daño económico ocasionado a las víctimas.

Otro aspecto decisivo del veto fue la falta de una voluntad concreta de resarcimiento. Si bien existen bienes cautelados, se advirtió que esos activos se encuentran mayormente alcanzados por procesos concursales, lo que limita severamente su disponibilidad real para una reparación directa en el ámbito penal. A ello se suma la ausencia de un reconocimiento genuino del daño causado o de un arrepentimiento efectivo por parte de los imputados.

La resolución también refleja el nivel de disconformidad expresado por las víctimas. En la causa se registran 193 damnificados constituidos como querellantes, de los cuales 27 manifestaron expresamente su oposición al procedimiento abreviado, mientras que 33 prestaron conformidad. Además, se notificó a unas 350 víctimas que no se encuentran constituidas como querellantes, sin que estas expresaran posición. El pasado 22 de diciembre se realizó una reunión en la Fiscalía Regional con la presencia de Narvaja, abogados querellantes y víctimas, donde quedaron expuestas las objeciones a las penas propuestas y a la viabilidad real del decomiso ofrecido.

En ese contexto, Merlo concluyó que no se encontraban reunidos los presupuestos para avalar la solución negociada y resolvió formalmente no hacer lugar a la solicitud de procedimiento abreviado ni al cambio de calificación legal propuesto en favor de los imputados. No obstante, dejó abierta la posibilidad de evaluar una nueva autorización en el futuro, siempre que cualquier eventual pedido se adecue estrictamente a los criterios desarrollados en los considerandos del dictamen.

El giro procesal se produce, además, en la antesala de una audiencia clave. Para este martes 30 a las 9, está fijada una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la defensa de Luis Herrera y de sus hijos Ignacio y Diego buscará que los imputados puedan esperar el eventual juicio oral fuera de prisión, o bajo un régimen menos gravoso que la prisión preventiva. La Fiscalía, en cambio, anticipa que sostendrá la vigencia de las detenciones, apoyándose en la pena en expectativa, la multiplicidad de víctimas y la magnitud del perjuicio económico investigado.