Estafas: pedirán que se extienda la prisión de empresario de la vivienda

La querella que interviene en la causa penal por estafa contra Andrés Barrionuevo, titular de El Techo Moderno SRL, pedirá que se prorrogue su prisión preventiva en la próxima audiencia de revisión de medidas cautelares. El empresario que operaba con base en al ciudad de Casilda pero extendía su negocio a varios puntos de Santa Fe y provincias limítrofes, fue detenido a comienzos de agosto de 2025 y permanece privado de la libertad mientras avanza la investigación por presuntos incumplimientos en la entrega de viviendas ofrecidas bajo la modalidad “llave en mano”.

La causa no se limita a Barrionuevo. También están detenidos colaboradores de la compañía que operaba con el nombre comercial Emprender Viviendas Modulares. En octubre pasado fue imputado Diego Barraza, quien quedó en prisión preventiva al menos hasta el 16 de febrero. Esta semana, además, fue imputado el último de los aprehendidos: Agustín Pelaye, cuya prisión preventiva tambien rige hasta mediados del mes próximo.

Si bien el expediente reúne a tres personas detenidas, la situación más comprometida es la de Barrionuevo. Por ese motivo, en la audiencia prevista para fines de enero, los abogados querellantes —que representan a una veintena de denunciantes por incumplimientos contractuales— adelantaron a Punto biz  que solicitarán la extensión de la medida cautelar en su contra. El planteo se apoya en la persistencia de medidas de prueba pendientes y en el riesgo procesal, especialmente ante antecedentes de personas vinculadas a la operatoria que se encuentran fuera del país.

En el entramado investigado también aparece Diego Torres Faller, señalado como uno de los actores con mayor responsabilidad penal y con pedido de captura vigente, lo que refuerza el argumento de peligro de fuga que la querella pondrá sobre la mesa al momento de discutir la continuidad de las detenciones. Hay una sospecha firme de que Torres Faller pueda encontrarse en el Uruguay.

De acuerdo con la información recabada en el expediente, el Ministerio Público Fiscal contabiliza al menos 24 hechos imputados, aunque las partes advierten que existe una “cifra negra” significativa: numerosos damnificados habrían optado por reclamos en el fuero civil o directamente no denunciaron penalmente. Esa dinámica fue uno de los elementos que terminó de encuadrar el caso en una hipótesis de estafa y no de meros incumplimientos contractuales.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Oggero, quien continúa ordenando medidas a partir de las nuevas imputaciones. Mientras tanto, la querella buscará sostener las prisiones preventivas vigentes, al menos hasta que se complete la producción de prueba clave y se defina si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

El último de los aprehendidos, Pelayer, fue detenido hace dos semanas a su llegada a Aeroparque, cuando regresó al país desde México para pasar las fiestas con su familia.