Sancor: el escenario que se abre para liquidar terrenos, plantas y marca

La decisión del juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela de aceptar el pedido de propia quiebra de la cooperativa Sancor CUL abrió un nuevo panorama respecto del futuro de los activos que, vía licitación, pasarán a manos de quien mejor pague por ellos para saldar, en parte, la deuda verificada en el concurso y los montos acumulados en la etapa posconcursal. De movida, los síndicos entienden que no hay chances de que lo que se recaude en ese proceso alcance para cubrir el rojo, pero sí ven horizonte productivo para al menos parte de la infraestructura fabril que montó la cooperativa con base en Sunchales y que se extendió a distintas zonas del centro del país. Lo que se activa ahora es la disputa por los bienes.

Según reconstruyó Punto biz a partir de fuentes ligadas a la sindicatura, el desenlace no tomó por sorpresa a quienes venían siguiendo el expediente desde adentro. La acumulación de incumplimientos posconcursales, el deterioro operativo y la falta de una propuesta viable ya habían configurado un escenario de salida inevitable, que terminó de precipitarse cuando la propia empresa reconoció su imposibilidad de continuar bajo el esquema preventivo.

Ese punto fue determinante en la resolución judicial. “La solicitud de propia quiebra formulada por la concursada se encuentra vigente”, sostiene el fallo, que además remarca que esa admisión “constituye la forma más directa y concluyente de configuración del estado de cesación de pagos”.

Venta por partes

Con la quiebra ya decretada, el foco se traslada a la etapa de liquidación. Y ahí aparece una primera definición clave: la venta de activos no sería en bloque. De acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes ligadas a la sindicatura, el esquema más probable apunta a una segmentación de los bienes, diferenciando entre unidades productivas y activos ociosos. En otras palabras, no habría un único comprador para todo Sancor, sino múltiples procesos de adjudicación.

Por un lado, se ubicarán las plantas fabriles operativas o con potencial productivo, que podrían atraer a jugadores del propio sector lácteo interesados en ganar capacidad de procesamiento. En este punto, el interés ya existe: antes de la quiebra se registraron acercamientos informales de entre cuatro y cinco empresas vinculadas a la actividad, que buscaban aprovechar la infraestructura instalada.

En ese radar también aparece un antecedente de mayor escala: incluso antes de la instancia concursal, un pool de actores de peso en el mundo corporativo había mostrado interés en quedarse con Sancor. El grupo estaba integrado por José Urtubey, Marcelo Figueiras, el rosarino Gustavo Scaglione, el abogado Leandro Salvatierra y Jorge Estévez, este último con vínculo directo con la actividad lechera. La iniciativa apuntaba a estructurar un fideicomiso que llegó a contar con el aval del Consejo de Administración de la cooperativa, pero que dependía de financiamiento del Banco Nación u otra entidad pública. Ese esquema nunca se terminó de concretar y quedó desactivado sobre el final del gobierno de Alberto Fernández.

Ese mismo armado contaba además con el respaldo del gremio Atilra, que había sido señalado por la cooperativa como uno de los principales impulsores de la quiebra y que ahora, según distintas versiones del sector, también buscaría posicionarse en la futura compulsa por los activos de la firma.

Por otro lado, aparecerán los activos no estratégicos o inmuebles, que incluyen desde plantas desactivadas hasta terrenos, oficinas y propiedades sin uso productivo. Estos bienes seguirán un carril distinto, más asociado a su valor inmobiliario que industrial.

La propia sentencia ya anticipa este criterio al señalar que la enajenación podrá realizarse por unidades productivas separadas o en conjunto, mediante mecanismos de licitación que aseguren transparencia y maximicen el precio.

El rol de la marca

Uno de los interrogantes abiertos es qué pasará con la marca Sancor, uno de los activos intangibles más valiosos del paquete. Fuentes ligadas a la sindicatura señalan que todavía no hay una definición cerrada sobre su destino. La marca podría venderse de manera independiente o integrarse a alguno de los lotes productivos para potenciar su valor. Esa decisión dependerá del análisis que se haga en la etapa previa a la licitación, donde se evaluará qué esquema permite obtener un mejor resultado económico.

El fallo, en ese sentido, incluye expresamente la administración y eventual disposición de marcas y activos intangibles dentro del proceso de liquidación.

Mientras se arma el proceso de venta, el juez dispuso la continuidad de la explotación, aunque de forma acotada. La idea es sostener en funcionamiento aquellas plantas que hoy tienen actividad —principalmente bajo contratos de fasón— para evitar que los activos pierdan valor.

“La interrupción abrupta de la actividad causaría un perjuicio” tanto para trabajadores como para acreedores, advierte la resolución, que justifica la continuidad como condición para una enajenación ordenada y eficiente.

Desde la sindicatura remarcan que el objetivo de esta etapa no es reactivar la empresa sino ordenar la transición hacia la liquidación, estabilizando la operación lo suficiente como para hacer atractivos los activos al mercado.

Tiempos y variables en juego

El proceso recién arranca y tiene hitos inmediatos. El primero es el plazo para la verificación de créditos, fijado hasta el 29 de mayo, instancia clave para terminar de dimensionar el pasivo total, que aún puede crecer con la incorporación de acreedores posconcursales.

Recién después de esa etapa y del relevamiento completo de activos —incluyendo participaciones societarias y bienes en el país y en el exterior— se podrá avanzar en la estructuración de los pliegos de licitación.

Fuentes ligadas a la sindicatura estiman que el proceso podría intentar encaminarse en un plazo relativamente corto, aunque admiten que dependerá de la complejidad de los relevamientos y del volumen de acreedores que se presenten.

Con la quiebra decretada, Sancor entra en una nueva fase donde el protagonismo pasa del management a los acreedores y potenciales compradores. El juez fue explícito en ese cambio de escenario: a partir de ahora, los activos serán administrados en función del interés del concurso y bajo control judicial, con el objetivo de maximizar su valor de realización.

“La convocatoria al mercado de eventuales adquirentes” es, de hecho, uno de los ejes centrales del fallo. En ese marco, lo que se abre no es solo un proceso de liquidación, sino una pulseada por quedarse con piezas clave del entramado industrial que supo construir la cooperativa. Una disputa que se definirá en los próximos meses, cuando los activos salgan formalmente a la cancha.