Luis Herrera a punto de reconocer fraude y conciliar condena corta

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) está a punto de cerrar un acuerdo de juicio abreviado con Luis Alberto Herrera, sus hijos Ignacio y Diego, y las defensas de los tres, en una causa que acumula denuncias desde fines de 2021 por asociación ilícita, administración fraudulenta, estafas, quiebra fraudulenta y lavado de activos. La estructura del convenio ya fue comunicada a los abogados querellantes a través de un escrito formal del fiscal Sebastián Narvaja, que adelanta los términos de las penas, los reconocimientos de culpabilidad y el alcance del decomiso patrimonial que se utilizará para la reparación económica de las víctimas. 

Según la propuesta elevada, Luis Alberto Herrera aceptará una pena de cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, además de una inhabilitación por cinco años para ejercer el comercio y el pago de una multa equivalente al doble del valor de los bienes que la Fiscalía considera que fueron aplicados a maniobras de lavado.

Tanto Ignacio como Diego Herrera recibirán una pena de tres años de prisión condicional, luego de haber permanecido un año detenidos bajo prisión preventiva, acompañada por una inhabilitación de tres años para ejercer el comercio. Los dos hijos deberán cumplir reglas de conducta durante cuatro años, que incluyen fijación de domicilio sin posibilidad de mudanza sin autorización judicial, prohibición de salir del país, sometimiento a controles de la Agencia Provincial encargada de penas no privativas de libertad, colaboración con la conservación y disposición de los bienes afectos a la reparación y la realización de 300 horas de tareas comunitarias en instituciones asignadas por el organismo.

El acuerdo también detalla la admisión de culpabilidad. En el caso del padre, se consigna que acepta su responsabilidad como jefe de una asociación ilícita y como autor de 554 hechos de administración fraudulenta, 26 estafas, quiebra fraudulenta y lavado de activos, todos en concurso real. Ignacio y Diego reconocen su responsabilidad como miembros de la asociación ilícita y como partícipes necesarios en los hechos de administración fraudulenta y estafas, además del delito de lavado de activos en el caso de Ignacio.

En paralelo, la Fiscalía solicitó el decomiso de un amplio conjunto de bienes pertenecientes a los tres imputados. En lo que respecta a Luis Alberto Herrera, la propuesta incluye varios inmuebles: un departamento en calle Rioja al 1400 de Rosario, una vivienda en el barrio El Descanso de Timbúes con más de 900 metros cuadrados de superficie de terreno y un departamento con cochera en un edificio frente al mar en Mar del Plata, todo inscripto a su nombre en un ciento por ciento. También se incluyen vehículos de alta gama como un Audi RS3, un Porsche 911 Turbo, un Jaguar XJR8, un Nissan 370Z, un Volvo XC60 y un BMW 120D, todos adquiridos en distintos momentos entre 1995 y 2019. 

A ello se suma una embarcación tipo velero denominada “AMIC”, registrada en el Registro Nacional de Buques, equipada con dos motores Yanmar y utilizada para fines recreativos. El detalle se completa con la totalidad de las acciones y participaciones societarias que Luis Herrera posee en empresas como Matba/Rofex (actual A3), Fernández Soljan, Tanoni Hermanos, Uniagro, Smartium, Rofex Inversora y CARyE, incluyendo dividendos no percibidos y saldos bancarios inmovilizados. Finalmente, se incorpora un conjunto de armas que va desde revólveres calibre .38 y .357 hasta fusiles Mauser, un rifle Ruger calibre .308 con mira telescópica, carabinas calibre .22 y una pistola Glock calibre 10 mm.

En relación con Ignacio Herrera, el acuerdo propone decomisar dos inmuebles: un departamento ubicado en calle Salta al 2400 de Rosario, con más de 330 metros cuadrados de superficie total, y el 50% indiviso de una vivienda situada en Rioja al 3400, donde reside la copropietaria. Para Diego Herrera, la Fiscalía ofrece decomisar una vivienda ubicada en Álvarez Thomas al 1300 de Rosario, con un terreno de 272 metros cuadrados y 149 metros cuadrados edificados, junto con dos vehículos a su nombre: un Volkswagen Golf 1.4 TSI Bluemotion modelo 2016 y un furgón Honda TN-Acty modelo 1980. 

La postura de la querella

El abogado querellante Juan Ignacio Murray, uno de los primeros en denunciar penalmente las maniobras atribuidas a Herrera, confirmó que el acuerdo “está prácticamente cocinado”, aunque todavía restan ajustes técnicos entre la Fiscalía y las defensas antes de solicitar audiencia pública ante el tribunal. Los representantes de las víctimas participaron de dos reuniones informativas: una hace algunos meses con la presencia del fiscal Miguel Moreno, y otra hace dos semanas, cuando ya era Narvaja quien llevaba la negociación adelante, con Moreno retirado de la Fiscalía ya designado como juez de Cámara. “Los fiscales explican que esta investigación lleva cuatro años, con innumerables medidas, allanamientos, secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y bienes cautelados. Herrera y su hijo están con prisión preventiva hace un año. También marcaron las dificultades enormes para obtener información del exterior, sobre todo de Estados Unidos, donde todo se tramita por Cancillería y las respuestas tardan muchísimo”, afirmó Murray que en el caso trabajó con su socio Oscar Romera.

El querellante consideró que la Fiscalía optó por el abreviado en función de dos factores: la limitada capacidad investigativa sobre activos probablemente radicados en el exterior y la saturación general de la Unidad de Delitos Económicos. Los fiscales de delitos económicos le explican a los querellantes que hoy la prioridad del MPA está en las causas de violencia altamente lesiva. Insisten en que no tienen los recursos humanos ni materiales para sostener una causa de la complejidad del expediente Herrera. “En ese marco, evaluar un juicio largo, que podría terminar recién en 2027 y hasta con la posibilidad de absoluciones, era poco razonable, es lo que señalan los fiscales”, planteó Murray, en contacto con Punto biz.

El letrado penalista también se refirió al contraste entre los bienes cautelados y el presunto daño económico. Según relató, Narvaja informó que los activos bajo embargo suman unos u$s20 M, mientras que el perjuicio total estimado por todas las denuncias ronda los u$s60 M. “Es menos de la mitad. Al principio, cuando estaban procesadas solo las primeras denuncias, el daño era de unos u$s18 M y había posibilidad de un recupero mayor. Pero entraron muchas denuncias nuevas que aún no fueron imputadas y ampliaron enormemente el perjuicio”, sostuvo.

Pese al cierre del abreviado, Murray aclaró que podrían surgir nuevas imputaciones si se detectan maniobras no conocidas o bienes no registrados. Incluso el fiscal deslizó que, si aparecieran nuevos activos, podrían incorporarse al proceso de distribución, aunque todavía no está definido cómo se instrumentaría. A ello se suma el impacto del proceso de quiebra de Luis Herrera en el fuero civil y comercial, donde los acreedores verificados tienen prioridad absoluta sobre los bienes del fallido. “Si hay sobras, cosa que dudo, recién ahí puede pasar algo al proceso penal”, explicó. Muchos querellantes verificaron en la quiebra, pero otros no pudieron hacerlo por falta de documentación formal o por temores impositivos.

La etapa siguiente dependerá de que Fiscalía y defensas concluyan el texto definitivo del acuerdo y la Oficina de Gestión Judicial fije fecha de audiencia. Las víctimas que deseen podrán expresar allí su postura, aunque la decisión final quedará en manos del tribunal. Para Murray, el cierre es claro: “Hay un sinsabor por el monto de las penas y porque no se va a recuperar todo el dinero. Pero la Fiscalía evalúa que seguir hasta un juicio implicaría demoras enormes y riesgos demasiado altos. Con los recursos que tiene hoy el MPA, esta solución es la que consideran viable”.