El fallo significa un revés para la sindicatura que pedía que se ignoraran los montos de retorno que prometía el financista a sus clientes.
El juez Nicolás Villanueva, titular del Juzgado Civil y Comercial de 4ª Nominación de Rosario, firmó una resolución clave dentro del expediente por la quiebra personal del financista detenido Luis Alberto Herrera, al aceptar la totalidad de los créditos reclamados por los más de 700 acreedores que se presentaron a verificar, entre los cuales la enorme mayoría son pequeños ahorristas. Ahora debe venir el remate de los bienes del financista aunque no hay expectativa por alcanzar a compensar el total verificado.
El fallo, de más de 150 páginas, reconoce tanto el capital aportado como los intereses o rendimientos prometidos por Herrera hasta julio de 2021, fecha que el magistrado consideró como el inicio de la cesación de pagos. A partir de ese punto, dispuso aplicar una tasa de interés del 6% anual para las acreencias en dólares y la tasa activa del Banco Nación para las nominadas en pesos.
La decisión judicial marca un fuerte revés para la sindicatura, que en su informe había aconsejado no computar los rendimientos ofrecidos a los clientes del financista, bajo el argumento de que no existía constancia de maniobra financiera alguna que los generara. En su visión, solo debía reconocerse el dinero efectivamente entregado por los inversores, sin considerar las utilidades prometidas.
Sin embargo, el juez optó por el criterio sostenido por los abogados patrocinantes de los acreedores, quienes impugnaron la postura de la sindicatura por considerarla arbitraria y contraria al principio de igualdad en el tratamiento concursal. De ese modo, los créditos quedaron verificados por los montos totales reclamados, incluyendo los retornos pactados, lo que elevó significativamente el pasivo del expediente.
Según el cálculo de la propia resolución, el pasivo reconocido ronda los $46.800 millones, equivalentes a unos u$s60 M al tipo de cambio comprador del Banco Nación de diciembre de 2023 ($781 por dólar). La cifra representa más del doble de lo que se había estimado en las primeras proyecciones del concurso.
Consultados por Punto biz, hay coincidencia entre los abogados de los damnificados respecto de celebrar los criterios de la resolución del juez Villanueva, quien terminó despejando el riesgo de que algunos inversores quedaran incluso como deudores netos, en caso de haberse aplicado el criterio de la sindicatura que descontaba los intereses cobrados. El fallo, subrayan, restituye la lógica de que todos los aportes fueron reales y forman parte del daño económico sufrido.
La quiebra de Herrera —ex presidente de la firma Fernández Soljan SA, autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como agente de liquidación y compensación pero que manejaba una mesa de dinero blue prometiendo alto rendimientos para quienes le confiaban dólares en efectivo— impacta de lleno en el entramado financiero rosarino, no solo por la magnitud de las sumas involucradas, sino por el alcance social del caso: más de 700 afectados -sobre todo personas físicas- que invirtieron sus ahorros durante casi dos décadas.
Herrera se encuentra con prisión preventiva en el marco de una causa penal donde se le imputan delitos de estafa y administración fraudulenta. Según la estimación de fuentes allegadas a la defensa, los bienes declarados no superarían los u$s15M, por lo que los acreedores —en el mejor de los escenarios— podrían recuperar alrededor del 20% de lo invertido cuando se concrete la liquidación de activos.
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