Industriales en alerta por el vía libre para que intendentes sumen impuestos

Tras la consagración de la autonomía municipal en la Reforma Constitucional de Santa Fe, distintas federaciones de empresarios industriales se mostraron inconformes con las redacciones finales de algunos artículos. La principal insatisfacción del sector está relacionada con la posibilidad de que los municipios continúen creando tasas que agraven la carga impositiva para los sectores productivos. 

La Convención constituyente aprobó la semana pasada dictámenes referidos al funcionamiento del Estado y al régimen municipal. Pese a que el dictamen consensuado en la comisión de funcionamiento sobre el artículo 5 prohibía en uno de sus pasajes que los municipios creen tasas sin la prestación de un servicio, este apartado se quitó por pedidos de jefes comunales e intendentes de diversos partidos. Esta modificación inesperada despertó preocupación entre los industriales de Santa Fe.

“Nosotros le manifestamos a los convencionales reformadores desde el principio que estábamos de acuerdo con la autonomía municipal en tanto y en cuanto se cumplan dos cosas: primero, que no se incrementen la presión impositiva o tributaria. Y, segundo, que toda tasa se rija por dos requisitos: el primero, que esté vinculada con alguna contraprestación específica y en segundo, que el importe o el costo tenga una proporción razonable con el costo real de una prestación de servicio”, señala Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe.

En la misma sintonía se expresó Damián Sottille, perteneciente a la Federación Gremial del Comercio e Industria, quien se mostró disconforme con las redacciones finales de los artículos referidos a la autonomía municipal y el funcionamiento del Estado. “Pareciera que los municipios van a tener amplia facultad de imposición, inclusive de cobrar tasas sin especificar una contraprestación directa. Consideramos que eso es un disfraz, porque una tasa que no tiene contraprestación es un impuesto. Por una cuestión semántica se buscará ponerle tasa, pero para evitar la palabra impuesto, no por otra cuestión. Pero en definitiva, termina aduciendo el mismo concepto: fortalecer a la renta general y no la satisfacción del servicio particular”, indica Sottile.

Para el dirigente gremial, la preocupación general pasa más que nada por los municipios de localidades pequeñas y no tanto por los de ciudades grandes, en los cuales “se puede habilitar un diálogo con cierta mesura política que permite un margen de negociación”.

Aquel polémico artículo 5 sobre funcionamiento del Estado fue aprobado con los votos de los bloques de Unidos, el Frente de la Esperanza y el peronismo nucleado en Más Para Santa Fe. En tanto que contó con el rechazo de La Libertad Avanza, Somos Vida y Libertad y Activemos. Este último espacio retiró su firma del dictámen cuando se realizó la modificación que no limitaba la creación de tasas sin contraprestaciones.

El oficialismo argumentó en ese momento que el cambio final se trataba de una cuestión técnica. Además, Esteban Motta, convencional cercano al gobernador Pullaro asumió posteriormente el compromiso personal de convocar a todos los sectores para sancionar una ley que regule los tributos municipales. “El tema tiene una especificidad atada a distintos servicios. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de tasa urbana, que de tasa rural o del Drei (Derecho de Registro e Inspección)”, señaló el senador radical. Lo que se busca con la legislación es que se “regule la prestación del servicio en relación al costo de la tasa”.

La eliminación de las tasas municipales fue uno de los lineamientos del Gobierno de Javier Milei durante su primer año de gestión. El ministro de Economía, Luis Caputo, envió una carta a los 23 gobernadores en la que les solicitó que avancen en esa dirección. El Ejecutivo Nacional además dispuso que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”. De igual modo, el asunto aún no está saldado ya que algunos municipios judicializaron la medida. La localidad de Escobar, logró frenar la medida con una cautelar en favor del municipio bonaerense.

Funcionarios provinciales mostraron cierto entendimiento en su momento con el pedido de Nación y anunciaron que iban a ir en el mismo sentido. Aún así, de momento no se han producido avances significativos en esta materia en Santa Fe. Desde Fecoi señalaron algunos ejemplos de la “creatividad” de los jefes comunales como, por ejemplo, tasas de camiones, de abasto, de espejo de agua, entre otras. Representantes de la misma entidad también señalan que el cambio que impulsaron los intendentes “da un indicio de cuál es su posición respecto de la baja o eliminación de tasas”.

Entidades ligadas al agro también se habían manifestado a favor de la autonomía municipal pero con algunos reparos en el marco de los primeros debates de la reforma. La Bolsa de Comercio de Rosario fijó su postura el primero de agosto, en la audiencia pública organizada por la Comisión de Régimen Municipal llevada a cabo en el Concejo Deliberante de Rosario. Dentro su presentación, expresaron: “la necesidad de que, en la futura Constitución Provincial se limite el poder tributario de los municipios autónomos, sólo al cobro de tasas, derechos y contribuciones de mejoras, tal cual lo establece el art 1, del Título I del Capítulo I del anexo de la Ley provincial N° 8173 que fija el Código Tributario Municipal de la Provincia de Santa Fe”. 

En la misma dirección se posicionaron La Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario y el Centro de Acopiadores de Santa Fe que incluso presentaron dos proyectos conjuntos en la Convención Constituyente. Las dos entidades pidieron que no se repliquen las experiencias reformistas de otras provincias como Córdoba o Corrientes, las cuales, a su entender, dan a los municipios la facultad de establecer impuestos.

Las cámaras industriales también alertan sobre una posible consecuencia de la creación de nuevas tasas: el aumento de las judicializaciones entre empresas y municipios. Luis Carello, especialista en derecho constitucional y administrativo, rememora el caso del litigio entre Terminal 6 y el municipio de Puerto General San Martín. En aquella oportunidad, “la Corte provincial dijo que los derechos de registro e inspección (Drei) participan de la naturaleza de las tasas, en consecuencia, tanto las tasas como los derechos tenían que tener como contraprestación los servicios prestados o que pudieran prestarse. Lo que debió haber hecho esta reforma es constitucionalizar ese fallo de la Corte”, señala el destacado pofesional.