Compró barato en tierras rurales, construyó galpones sin habilitación y ahora pretende regularizar la situación con un cambio de normativa. El Concejo discute qué hacer con el caso.
El Concejo Municipal de Rosario vuelve a debatir un caso que se arrastra desde hace casi una década: la construcción irregular de galpones industriales en un terreno rural de Batlle y Ordóñez 5215. El predio, propiedad de un empresario del sector plástico, fue edificado sin los permisos correspondientes y hoy busca ser regularizado mediante un convenio urbanístico que permitiría recalificar parcialmente la zona.
Hace casi diez años, Lisandro Cornero, empresario del rubro plástico, compró un terreno en Batlle y Ordóñez 5215, en el extremo oeste de Rosario, con la intención de trasladar allí su fábrica. El predio, de unas 6.000 m², estaba catalogado como Área de Protección Frutihortícola según la Ordenanza 9144/13, que no permite el uso industrial. Pese a esa restricción, avanzó con la construcción de un primer galpón sin permiso municipal. A lo largo de los años sumó dos naves más, todas sin habilitación ni final de obra. “Él se largó a construir en esa zona porque necesitaba armar un galpón para su empresa. La Municipalidad le pidió el permiso de edificación, que nunca trajo. Cuando no lo presentó, le paralizaron la obra en varias oportunidades. Sin embargo, continuó y construyó dos galpones más, todos con contravenciones”, explicó el concejal Agapito Blanco (Juntos por el Cambio).
El expediente por la irregularidad se abrió en 2015 bajo el número 34589-C-15, cuando el propio Cornero presentó ante el Concejo una nota solicitando el cambio de uso de suelo para poder radicar su fábrica en un área legalmente habilitada. En su planteo original, el empresario proponía crear un “Parque Industrial Rosario”, con la relocalización de al menos seis empresas del sector plástico que operaban en zonas urbanas.
Durante los años siguientes, el trámite tuvo idas y vueltas entre las áreas de Planeamiento, Producción y Medio Ambiente, que reconocieron que el lugar —por su acceso y distancia de áreas residenciales— podía admitir un desarrollo productivo. No obstante, la irregularidad edilicia frenó la aprobación.
En junio de 2025, el intendente Pablo Javkin firmó un “Convenio Urbanístico Productivo” con la fiduciaria del Fideicomiso Parque Industrial Rosario, para recalificar solo una fracción del terreno. El acuerdo —enviado al Concejo bajo el Mensaje N.º 80/25— busca permitir el uso industrial sobre los 6.000 m² donde se levantan los tres galpones, mientras que el resto de la parcela continuará bajo la categoría de Área de Protección y Promoción para la Producción de Alimentos (Apppa).
“El empresario presentó su proyecto como un parque industrial, pero en realidad la excepción se aplicaría únicamente sobre el lote donde ya están los galpones. El resto sigue siendo rural”, aclaró Blanco.
El convenio establece además que el propietario deberá pagar una contribución económica en concepto de Mayor Aprovechamiento Urbanístico, y ejecutar obras de infraestructura en la zona: repavimentación de Batlle y Ordóñez hasta bulevar Avellaneda, conexión cloacal y pluvial, y alumbrado público, entre otras.
El tema volvió esta semana a la comisión de Planeamiento del Concejo, donde representantes de empresas vinculadas al predio pidieron una resolución favorable que permita preservar los puestos de trabajo existentes. El expediente —que lleva ya una década de tramitación— seguirá en estudio antes de ser debatido en el recinto.
Mientras tanto, los tres galpones de Batlle y Ordóñez 5400 siguen en actividad, y el caso vuelve a poner en discusión las dificultades del municipio para controlar las construcciones irregulares. “Las multas y paralizaciones no son lo suficientemente elevadas como para desalentar estas prácticas. Cuando la Justicia actúa, muchas veces ya hay un galpón terminado y empleados trabajando adentro”, advirtió Blanco.
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