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Política

Fuente: Punto Biz

Irregularidades informativas

Advierten que falta documentación de lo ocurrido en el Enapro desde 2012

Ángel Elías (Enapro) y Gustavo Nardelli (Vicentin)

Por Redacción

Legisladores provinciales ponen la lupa en la gestión del radical Ángel Elías en el control de Terminal Puerto Rosario

“Antes de irse borraron cientos de mails de presidencia”, comentó el titular del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), Guillermo Miguel, el viernes pasado cuando recibió a la comisión de diputados provinciales que investiga la crisis de Vicentin.

 

Es que como la malograda agroexportadora santafesina tiene algo menos del 50% de las acciones de Terminal Puerto Rosario (TPR) a través de empresas controladas, los legisladores querían conocer cómo estaba la situación en los muelles rosarinos. Tal como informó punto biz, los diputados se llevaron del ente la tranquilidad de que la empresa concesionaria de los muelles I y II está funcionando con normalidad y cumpliendo sus obligaciones.

 

Pero lo que los dejó preocupado fue lo ocurrido en el puerto durante las gestión del radical Ángel Elías. No sólo les llamó la atención cómo durante la convocatoria de acreedores de TPR, realizada en 2009, el organismo aceptó reducir las exigencias de inversión a la concesionaria, sino que les preocupó que Miguel les contara que al asumir encontraron que falta documentación sobre lo actuado desde 2012 en adelante.

 

Es por eso que ayer el diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de comunicación en la Cámara en la que le pide al Poder Ejecutivo si tiene documentación respaldatoria de todo lo actuado desde 2012, y si en caso de no existir pregunta si se iniciaron acciones legales por supuestos incumplimientos de deberes de funcionarios públicos.

 

En los considerando del proyecto de comunicación, Del Frade contó que en la charla con Miguel, el funcionario comentó que “la falta de esa información genera distintos problemas a la hora de lograr el control y la fiscalización de la concesión”. Y agrega: “De confirmarse esa llamativa ausencia informativa, es menester conocer qué acciones legales tiene pensadas la Provincia para responder y saldar semejante agujero negro entorno a las actividades desarrolladas en el puerto rosarino en los últimos años”.




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