Sube la presión empresaria y la reforma del código laboral sigue en stand by

La discusión por la reforma parcial del Código Procesal Laboral en Santa Fe suma presión del sector productivo, pero sigue sin definiciones ni cronograma en la Legislatura provincial. En las últimas horas, la Red de Instituciones por la Producción de Rosario, integrada por Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura, reclamó el pronto tratamiento y sanción del proyecto, con el objetivo de reducir la litigiosidad laboral en Santa Fe vinculada a accidentes de trabajo.

El presidente de la comisión de Asuntos Laborales y diputado socialista Joaquín Blanco, rechazó que el tratamiento se esté dilatando. “El tratamiento nunca estuvo parado. En las últimas semanas tuvimos reuniones con empresarios, sindicatos, abogados laboralistas, médicos y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, comentó en diálogo con Punto biz.

“Sabemos que el sistema está funcionando mal y que una de las causas tiene que ver con lo que está pasando en la sede administrativa”, afirmó el diputado socialista y remarcó que aún no hay un cronograma estipulado para avance del proyecto. En ese marco, Blanco dejó en claro que no habrá definiciones apresuradas: “Lo hacemos para no equivocarnos y tomar decisiones con mejores datos”. La prioridad, para el legislador, “es avanzar con una mirada integral que contempla dos ejes: por un lado, la reparación al trabajador y, por el otro, darles previsibilidad a las empresas”.  

Por otro lado, Martín Rosúa, diputado radical y uno de los impulsores del proyecto, aseguró que el proceso de consultas con los distintos sectores ya está terminado. “Se escuchó a todos, empresarios, CGT, abogados y organismos técnicos. Ya no hay mucho más para debatir en ese sentido”, afirmó. En ese marco, planteó que en los próximos días podrían surgir definiciones, aunque sin confirmación.

Rosúa también fue crítico del funcionamiento actual y advirtió sobre “abusos” en el sistema de peritos y sostuvo que existen casos impulsados por estudios jurídicos que derivan en litigios innecesarios. En ese sentido, defendió la reforma como una herramienta “para dar previsibilidad y evitar distorsiones que hoy impactan tanto en las empresas como en el propio sistema judicial”.

Principales modificaciones

La iniciativa apunta a bajar la litigiosidad en la provincia y ordenar los reclamos por accidentes laborales, obligando a pasar primero por la Comisión Médica y a justificar en la demanda cualquier desacuerdo. Asimismo, establece que todos los reclamos por un mismo hecho se unifiquen en un solo juicio para evitar multiplicación de causas.

El cambio más fuerte está en el proceso pericial, al se crea un cuerpo médico forense del Poder Judicial que hará las evaluaciones de forma exclusiva, limitando la intervención de peritos externos y fijando topes a sus honorarios (hasta 5 jus), para reducir incentivos a inflar casos. A su vez, se fija un plazo de 45 días hábiles para iniciar la demanda tras la resolución administrativa.