Prorrogan la intervención de Corredores Viales y avanza la privatización

A pocos días de oficializar la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte —el nuevo ente estatal que concentrará funciones de fiscalización en materia vial, ferroviaria y de transporte automotor—, el Gobierno prorrogó la intervención de la empresa Corredores Viales S.A. hasta que se complete su disolución y privatización.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y extiende la designación de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. A su vez, otorga al Ministerio de Economía la facultad de dictar normas complementarias para implementar esta decisión.

La intervención había comenzado el 1° de abril, a través del Decreto 244/2025, en el marco de la Ley de Bases 27.742, que incluyó a Corredores Viales entre las empresas sujetas a privatización.

El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la intervención continuará “hasta culminar el procedimiento” de privatización, autorizado por el Decreto 97/2025, que prevé la transferencia de la compañía mediante una concesión de obra pública por peaje.

Durante la gestión de la actual interventora se detectaron, según el texto oficial, “falencias estructurales en la organización”, además de “deficiencias en la administración, finanzas, contrataciones, coordinación legal y gestión de activos”. A raíz de este diagnóstico, se avanzó en una reestructuración interna, que incluyó la creación de un nuevo organigrama, un Comité de Inversiones y la regularización del área legal.

Sin embargo, el Gobierno considera que aún quedan pasos clave por implementar. “Resulta necesario continuar con las medidas trazadas para consolidar las mejoras, renegociar contratos y asegurar una transición ordenada y eficiente”, sostiene el decreto, que justifica la prórroga por la “complejidad de estos asuntos”.

La continuidad de Adem también responde a la necesidad de garantizar la ejecución del plan de acción. La funcionaria concentrará, de manera transitoria, las facultades del Directorio y de la Presidencia de la empresa, según lo dispuesto por el decreto de abril.

El nuevo mapa del transporte tras el cierre de organismos

En paralelo a la intervención, el Gobierno avanza con una reconfiguración del sistema estatal de transporte y control de concesiones, que incluye la disolución de organismos como Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte —creada por decreto la semana pasada— asumirá la fiscalización de los contratos de concesión y operación de servicios públicos de transporte automotor (urbano, suburbano e interjurisdiccional), así como del sistema ferroviario de pasajeros y cargas.

En cuanto a las funciones que tenía la ANSV, ahora pasarán a la Secretaría de Transporte, que será responsable de la política pública de seguridad vial, la coordinación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, la fiscalización de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la sistematización de datos en todo el país. No obstante, los controles en ruta y la constatación de infracciones quedarán en manos de la Gendarmería Nacional.

Pese a la centralización operativa, el Gobierno aclaró que “cada provincia mantiene su potestad para dictar sus propias normas de tránsito”, aunque se promoverán “recomendaciones generales” para mejorar la articulación federal.

Vialidad Nacional: funciones divididas

Otro de los cambios centrales se dio con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuyas funciones fueron divididas entre el Ministerio de Economía y la nueva agencia.

La cartera económica a cargo de Caputo se ocupará de planificar, construir y conservar el sistema troncal de rutas nacionales, mientras que la nueva Agencia de Control manejará el planeamiento, ejecución y fiscalización de las concesiones viales, tareas que antes estaban bajo la órbita de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento de la DNV.

Además, el Gobierno anunció la creación de un Consejo Vial Federal, con el objetivo de coordinar obras viales con las provincias y avanzar en criterios comunes de desarrollo de infraestructura.

Transporte automotor y seguridad vial

Las funciones de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTySV) fueron absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor, que ahora tendrá a su cargo la coordinación del tránsito de vehículos afectados al transporte interjurisdiccional y el asesoramiento técnico en políticas de tránsito y seguridad vial para el transporte de pasajeros y cargas.

Privatización bajo la lupa

El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. está enmarcado en los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia, eficiencia y publicidad”, según los criterios definidos por la Ley de Bases.

La ejecución del proceso está a cargo del Ministerio de Economía, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la Transformación de Empresas Públicas, y contempla la disolución completa de la sociedad.

En este contexto, el Gobierno insiste en que cada paso busca garantizar una transición sin interrupciones del servicio y con mejoras en la eficiencia del uso de los recursos del Estado.