El Gobierno oficializó el cierre de Vialidad Nacional, ¿qué dice el decreto?

Tras el fin de las facultades delegadas, el Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 480/2025, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, como parte de un profundo reordenamiento del sistema de transporte y control vial en el país.

En su lugar, se reorganizó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el objetivo es centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La flamante Agencia de Control, que reemplaza a la CNRT, estará a cargo de fiscalizar las concesiones viales y ferroviarias, controlar la calidad del transporte automotor de pasajeros y cargas, aplicar sanciones, intervenir en conflictos contractuales y proteger los derechos de los usuarios. Su titular será un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno cita un diagnóstico técnico realizado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, según el cual, al 7 de febrero de 2025, existían 111 organismos desconcentrados y descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores, una estructura considerada “excesivamente onerosa” para el Estado nacional. De ellos, 40 eran organismos desconcentrados y 71 descentralizados.

Asimismo, otro informe técnico de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público reveló -según el Gobierno- que los organismos descentralizados pasaron de 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024, lo que representa un crecimiento del 148% en la planta de personal.

En ese contexto, el Ministerio de Economía impulsó formalmente la disolución y reorganización de los organismos que actúan en su órbita, mientras que la Secretaría de Transporte de esa cartera propició específicamente la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad.

A la vez, el decreto asigna a la Gendarmería Nacional Argentina las tareas de prevención y control del tránsito en rutas nacionales, desplazando así a la ANSV, que queda eliminada del esquema operativo. Las funciones de seguridad vial que cumplía la Agencia serán absorbidas por la Secretaría de Transporte.

El texto también establece que el Ministerio de Economía será ahora el responsable directo del sistema troncal de caminos nacionales, en reemplazo de la Dirección Nacional de Vialidad. Sus fondos, activos y personal serán transferidos a la cartera económica, que también podrá delegar funciones en otras jurisdicciones.

Otra de las reformas clave es la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que se convertirá en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Su foco estará limitado exclusivamente al análisis de siniestros aeronáuticos, dejando de lado los accidentes ferroviarios, automotores y fluviales que antes también investigaba.

El decreto prevé que el personal de los organismos disueltos será reubicado, manteniendo sus condiciones laborales hasta que se aprueben las nuevas estructuras organizativas. Además, los bienes que no sean reutilizados serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) para su redistribución o venta.

Por último, la norma deroga una serie de leyes y decretos previos, incluidos artículos de la Ley de Tránsito (N.º 24.449), de la Ley de Seguridad Vial (N.º 26.363) y de la Ley de Concesiones Viales (N.º 27.445), para actualizar el marco normativo vigente en línea con la nueva estructura.

El decreto ya entró en vigencia y fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión. Desde el Gobierno argumentan que la medida busca racionalizar recursos, eliminar superposiciones funcionales y mejorar la eficiencia en el control del transporte público y la infraestructura vial.

El Gobierno disolvió organismos y reorganizó el sistema público de salud

El Gobierno nacional publicó tres decretos que implican la disolución de organismos históricos y la creación de nuevas estructuras bajo el control directo del Ministerio de Salud.

El decreto 48061/25 establece la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), cuyas funciones pasarán a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis).

Además, se dispuso la eliminación del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, y la transformación del Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del Ministerio de Salud, quitándole su carácter descentralizado.

Por otro lado, mediante el decreto 48062/25, el Ejecutivo fusionó cinco hospitales nacionales —Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional en Red “Licenciada Laura Bonaparte”— para crear la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (Anes).

La Anes funcionará como organismo descentralizado, con un Administrador Nacional y directores ejecutivos para cada hospital. Su misión será garantizar la calidad asistencial, administrar recursos y coordinar la gestión estratégica de los establecimientos.

El decreto 460/2025 eliminó además la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic) y dispuso la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales, que según el texto dejaron de cumplir sus funciones originales.

Según el Gobierno, estas medidas responden a la necesidad de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema público, dado que las deudas acumuladas por algunas provincias han impactado negativamente en las cuentas nacionales.

Disolvieron la agencia que regulaba el cannabis medicinal

A través del Decreto 462/2025, el Gobierno disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) y transformó el estatus jurídico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

La medida también alcanzó a otros entes como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Según la norma, el objetivo es reducir estructuras “sobredimensionadas”, concentrar competencias y disminuir el gasto público.

Uno de los cambios más significativos fue la reconfiguración del Inti, que dejó de ser un organismo descentralizado para pasar a funcionar como una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. El decreto sostiene que la estructura anterior presentaba “superposición jerárquica, áreas administrativas sobredimensionadas y desconexión entre funciones estratégicas y necesidades del sector industrial”.

Pese a perder autonomía, el Inti conservará potestades sobre patentes, derechos intelectuales y aportes de terceros destinados a sus centros de investigación, pero ahora esos recursos ingresarán al Tesoro Nacional. Además, podrá constituir nuevos centros por demanda específica del sector privado, bajo aprobación de la autoridad competente.

En respuesta a esta decisión, trabajadores del organismo protagonizaron protestas en la colectora de Avenida General Paz, donde se registraron enfrentamientos con la Policía de la Ciudad.

El Inta y el Inpi pasarán a ser organismos desconcentrados, manteniendo sus funciones esenciales, pero dependiendo administrativamente de otras carteras. En el caso del Inta, la modificación busca agilizar la coordinación con otras áreas del Estado y mantener su rol en investigación, extensión y asistencia técnica en territorio. El Inpi, en tanto, continuará con el registro de patentes, marcas y modelos industriales.

El INV, que regula y certifica la industria vitivinícola, también dejará de ser autónomo y se integrará a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar del cambio, conservará su nombre, su rol certificador y su reconocimiento internacional, aunque ahora podrá delegar funciones técnicas a entes públicos o privados.

El decreto también eliminó la Ariccame, creada para regular la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Según el informe elaborado por el interventor, el organismo tenía una estructura jerárquica sobredimensionada y no distinguía adecuadamente entre los usos industriales y medicinales del cannabis, lo que generaba “cargas regulatorias innecesarias” y afectaba la competitividad del sector.

A partir de ahora, el Ministerio de Economía controlará los registros, fiscalización y regulación del cáñamo industrial y sus derivados, mientras que la Anmat quedará a cargo del control de productos medicinales.