Juicio por la Gran Estafa Inmobiliaria: Fiscalía apeló para sumar más pruebas

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, intenta incorporar pruebas que fueron rechazadas por extemporáneas en el marco del juicio oral y público por la denominada gran estafa inmobiliaria que se sustancia desde finales de febrero en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Se trata de datos clave que se extrajeron de las computadoras recolectadas en los allanamientos que se realizaron en octubre de 2016 cuando la causa tomó estado público. De acuerdo a lo que pudo recabar Punto biz de fuentes ligadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la información se sacó de los equipos recién el año pasado. El organismo investigador fundamentó las demoras en que debido a las dilaciones en el comienzo del juicio se decidió no emplear la limitada capacidad del Laboratorio de Análisis Forense para privilegiar otras pericias.

Desde la Fiscalía de Narvaja contradijeron los argumentos que el penalista Juan Lewis -defensor de los escribanos Aliau y Kurtzemann- empleó para rechazar las pruebas manifestando que el MPA demoró los análisis de equipos en procura de intentar evitar el juicio oral para propender a trámites abreviados con los imputados. El MPA aclaró que el inicio de las audiencias orales estuvieron aplazadas en dos oportunidades por un planteo de incompetencia que hicieron las defensas.

Lo cierto es que si bien los abogados defensores lograron que los jueces Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin hicieran lugar al rechazo de las pruebas por extemporáneas, Narvaja apeló dicho incidente. La definición recayó inicialmente en el camarista Acosta que se excusó y se lo pasó al juez Javier Beltramone quien ya protagonizó in diferendo con Narvaja y adujo violencia moral por los términos en los que se expresó el fiscal en la definición de un incidente en el caso Guardati Torti. De acuerdo a lo que supo Punto biz, el propio Narvaja la semana pasada pretendió recusar a Beltramone y si su voluntad finalmente avanza, deberán sortear otro magistrado que sea capaz de resolver si es válida o no la incineración de nuevas pruebas en el juicio por la Gran Estafa.

La chance de sumar más elementos derivados de las pericias es fundamental en la estrategia de Narvaja de inculpar a los actores que quedaron salpicados en las maniobras como actores secundarios.

“Nosotros pedimos apertura de juicio en junio de 2017”, había planteado Narvaja oportunamente. El plan de los defensores de los imputados se basa en sostener que cualquier evidencia colectada después de esa fecha es extemporánea, un estándar que si bien fue tenido en cuenta en otros juicios orales santafesinos, no se trata de un posicionamiento transversal en la jurisprudencia local.
Quién es quién en el juicio

El caso se destapó en 2016 con las acciones que ordenó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivaron en decenas de allanamientos que involucraron a estudios contables, escribanías y hasta oficinas en el diario decano de la prensa argentina.

El caso inicial fue el de las sucesivas ventas fraudulentas de 124 hectáreas en Villa Amelia, un procedimiento que se repitió con otros terrenos e inmuebles salpicando, en parte, a los mismos protagonistas. Lo que terminó sucediendo es que se falsificaban poderes y otros documentos para actuar en nombre de los titulares legítimos de esas propiedades y así concretar maniobras para lavar dinero.

Previo al comienzo del debate hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad. Uno de ellos es Leandro “Lelo” Pérez, quien admitió su culpabilidad en uno de los hechos investigados y aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares. Del bloque inicial de imputados, también se acogieron al beneficio que supone reconocer la comisión delictual Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.

Los pedidos de pena de la Fiscalía son diferentes según la cantidad de hechos atribuidos a cada imputado y su rol en las maniobras. Así, se solicitaron 20 años de prisión y multas -calculadas según el valor real de la operación de lavado- por $344.081.151,73 para el escribano Eduardo Torres (se agrega pedido de 12 años de inhabilitación especial para ejercer), para el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y para el sindicalista del turf Maximiliano González de Gaetano.

Hay pedido de penas importantes para otros tres escribanos acusados. Para Juan Aliau se pidió pena de 9 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación; mientras que para su par Luis Kurtzemann, el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación; y 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 pesos y 12 años de inhabilitación para José Gordó. En tanto, para el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, se pidieron 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00.

Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, solicitó 5 años de prisión; Vanina Viglione 5 años y 6 meses más multa de $4.745.371,53; Andrés Martín, 2 años de prisión; Sandra Moresco, 5 años de prisión y multa de $40.526.404,18; Magalí González de Gaetano, 3 años y 6 meses de prisión y multa de $6.636.993; y Omar Buscellato, 4 años y multa.

Además hay personas que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Se trata de Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo, Juan Cruz González de Gaetano, y el empresario Leandro Pérez, a quien le dieron 3 años de prisión y multa por el doble del valor del bien que fue objeto del lavado, indicaron desde Fiscalía. 

También cabe recordar que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal -ahora imputado en la causa por juego ilegal- planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.