Gran Estafa Inmobiliaria: día clave en la definición del juicio

En un proceso que se extendió por 7 meses, finalmente este viernes se define la sentencia en el juicio oral y público sobre la denominada mega estafa inmobiliaria, una maniobra que se destapó en 2016 y que investigó el fiscal Sebastián Narvaja integrante de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La lectura de la sentencia correrá por cuenta del tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin, quienes presidieron las audiencias que comenzaron en el mes de febrero. El arribo a la instancia decisiva de la exposición del veredicto se anticipó ya que el proceso pautaba inicialmente extenderse aún más en el tiempo.

Es que aunque el fiscal Narvaja había ofrecido 700 testigos en el marco del juicio oral y público por la denominada gran estafa inmobiliaria, el cronograma de audiencias que se vinieron desarrollando de lunes a viernes en el Centro de Justicia Penal se cortó abruptamente por decisión de la Fiscalía.

La instancia de declaración terminó los últimos días de junio cuando la lista de testigos recién había superado los 200 de una lista total de 700 declarantes. En aquella ocasión algunos de los abogados defensores de los imputados plantearon que “la falta de elementos de la Fiscalía para probar muchas de las maniobras” podría haber gravitado en el abrupto recorte de la nómina. Lo que sobrevino luego fue la instancia de alegatos previo al arribo de la lectura de la sentencia que se realizará desde las 13.30 de este viernes. 

"Esperamos que los jueces resuelvan en base a lo sucedido en las audiencias, a las pruebas que se vieron a lo largo del juicio, pues ellas dejaron bien en claro la improcedencia de la acusación, al menos respecto de mis defendidos. Quedó claro que fue una acusación hecha a las apuradas, para generar impacto mediático, con absoluto desconocimiento de la forma en que se opera en mercado inmobiliario, e incluso una acusación que va a contrapelo de prácticas y normas jurídicas elementales en ese punto", precisó Juan Lewis, defensor de los los escribanos Aliau y Kurtzemann, en contacto con Punto biz.

El caso se destapó en 2016 con las acciones que ordenó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivaron en decenas de allanamientos que involucraron a estudios contables, escribanías y hasta oficinas en el diario decano de la prensa argentina.

El caso inicial fue el de las sucesivas ventas fraudulentas de 124 hectáreas en Villa Amelia, un procedimiento que se repitió con otros terrenos e inmuebles salpicando, en parte, a los mismos protagonistas. Lo que terminó sucediendo es que se falsificaban poderes y otros documentos para actuar en nombre de los titulares legítimos de esas propiedades y así concretar maniobras para lavar dinero.

Previo al comienzo del debate hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad. Uno de ellos es Leandro “Lelo” Pérez, quien admitió su culpabilidad en uno de los hechos investigados y aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares. Del bloque inicial de imputados, también se acogieron al beneficio que supone reconocer la comisión delictual Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.

Los pedidos de pena de la Fiscalía son diferentes según la cantidad de hechos atribuidos a cada imputado y su rol en las maniobras. Así, se solicitaron 20 años de prisión y multas -calculadas según el valor real de la operación de lavado- por $344.081.151,73 para el escribano Eduardo Torres (se agrega pedido de 12 años de inhabilitación especial para ejercer), para el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y para el sindicalista del turf Maximiliano González de Gaetano.

Hay pedido de penas importantes para otros tres escribanos acusados. Para Juan Aliau se pidió pena de 9 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación; mientras que para su par Luis Kurtzemann, el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación; y 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 pesos y 12 años de inhabilitación para José Gordó. En tanto, para el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, se pidieron 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00.

Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, solicitó 5 años de prisión; Vanina Viglione 5 años y 6 meses más multa de $4.745.371,53; Andrés Martín, 2 años de prisión; Sandra Moresco, 5 años de prisión y multa de $40.526.404,18; Magalí González de Gaetano, 3 años y 6 meses de prisión y multa de $6.636.993; y Omar Buscellato, 4 años y multa.

Además hay personas que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Se trata de Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo, Juan Cruz González de Gaetano, y el empresario Leandro Pérez, a quien le dieron 3 años de prisión y multa por el doble del valor del bien que fue objeto del lavado, indicaron desde Fiscalía. 

También cabe recordar que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal -ahora imputado en la causa por juego ilegal- planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.