Gran Estafa Inmobiliaria: el juicio se le pone chivo a la Fiscalía

A poco más de un mes de iniciado el juicio oral y público por las responsabilidades penales de los imputados en la denominada Gran Estafa Inmobiliaria destapada en octubre de 2016, de las audiencias que trasncurren todos los días por la mañana en el Centro de Justicia Penal se recogen valoraciones importantes que en algunos casos complican el objetivo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos en busca de llegar a condenas ejemplares, al menos para aquellos imputados que no están dispuestos a asumir la concreción de un ilícito para acceder al beneficio de la pena abreviada.

Si bien por estas horas está desfilando la nómina de más de 700 testigos convocados por el fiscal Sebastián Narvaja que instruyó el caso desde el primer momento, vale la pena repasar lo que ocurrió en el arranque del cronograma de audiencias, apenas después de los tres días de alegatos de apertura.

Si se repasan hechos fácticos, el tribunal compuesto por los jueces Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin, rechazó por extemporáneo el pedido de Narvaja para incorporar nueva prueba a la causa. “Fuimos nosotros los que canalizamos el incidente y finalmente los magistrados respaldaron nuestro planteo”, planteó el penalista Juan Lewis, defensor de los escribanos Aliau y Kurtzemann. Notarios que quedaron salpicados en el pasamos posterior de las propiedades que fueron objeto de las maniobras de estafa

En diálogo con Punto biz, el abogado manifestó que los representantes de los otros notarios hicieron en conjunto la presentación. “Las pruebas que pretendía incorporar Narvaja son nada más ni nada menos que la información de las extracciones de datos de las computadoras recolectadas en los allanamientos que se realizaron en octubre de 2016 cuando la causa tomó estado público. La Agencia Digital Forense que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA) debía hacer las pericias, pero durante seis años no se realizaron. Recién se concretó el trabajo cuando la causa se elevó a juicio y fue en la primera semana de audiencias cuando pretendieron introducir la información. Cuando le preguntamos a Narvaja el por qué de la demora argumentó que no convenía invertir fondos en desencriptar los datos tras dos aplazamientos para iniciar el juicio”, mencionó Lewis.

El penalista fue más allá: “Los dos aplazos de inicio de juicio oral ocurrieron por voluntad de la propia Fiscalía, no de mis clientes. Esto demuestra a las claras que Narvaja pretendía evitar el trámite oral tratando de arreglar con todos los imputados juicios abreviados”.

A la hora de exponer el presunto mal obrar de la Fiscalía, Lewis es aún más contundente y directamente deja entrever severas irregularidades en la instrucción de la causa, que, a su juicio podrían haber evitado que el fraude investigado afectara a más víctimas. 

“Durante la primera semana de juicio, además, quedó demostrado que la Fiscalía estaba en conocimiento del fraude con el manejo de propiedades desde febrero de 2014 y no hizo medida idónea alguna para impedir que continuaran con esa maniobra hasta octubre de 2016. En otra audiencia previa Narvaja había argumentado que podía dejar seguir el ‘iter criminis’ o ‘camino del delito’ para ver quiénes más estaban involucrados en los hechos. Ahora bien, eso se hace siempre con autorización judicial y no durante dos años”, manifestó el penalista.

Siempre de acuerdo a la visión de Lewis, el campo propiedad de Ana Josefina Luppi, viuda del ex camarista de tribunales provinciales, Ernesto Navarro, que fue protagonista de uno de las maniobras de fraude, “fue traspasado tres veces entre febrero de 2014 y octubre de 2016, todo ante los ojos de la Fiscalía. Narvaja en ese momento no fue capaz siquiera de meter una medida cautelar en el Registro de la Propiedad, menos aún llamar a cualquiera de los escribanos, al margen del letrado apuntado por falsificar inicialmente los poderes, para evitar que avanzaran en las operaciones de compra-venta”.

La enumeración de presuntas irregularidades de parte del MPA que se acaban de reseñar fueron esgrimidas durante la primera semana, pero la Fiscalía también sufre algunos contratiempos en la etapa actual,que es la de la producción probatoria mediante la la voz de los testigos citados por el propio Narvaja para dar cuenta de cómo es el obrar de los escribanos de acuerdo a la norma vigente y a los usos y costumbres.

“Un juicio no se hace para discutir el derecho, se discuten hechos. El ámbito registral y notarial es un ámbito muy técnico y específico y si uno no está en tema, no entiende. Pero si sos fiscal, antes de detener gente, se investiga. Lo que pasa ahora es que Narvaja se entera de la voz de sus propios testigos que llegan muertos de miedo y darían una mano por declarar algo que no contradiga la hipótesis del MPA, que está buscando delitos graves en cuestiones nimias y así termina enfureciendose en las audiencias”, manifestó quien fuese ministro de Justicia durante el gobierno socialista en Santa Fe.

Lewis es claro: “Los escribanos que llegan como testigos no pueden entender el nivel de obviedad de las preguntas. Queda expuesto que el uso y costumbre en la actividad notarial se aleja de la pretensión de Narvaja que intenta responsabilizar a mis clientes por no llamar al ‘poder dante’ para verificar la supuesta legitimidad de un poder. Pretende encontrar en la praxis algo que no ocurre nunca. En todo caso lo que dicen los profesionales que atestiguan, va en línea con los que hicieron mis clientes y es concurrir a la oficina del notario que entregó el poder y verificar si existe la escritura matriz”.

A la hora de enumerar supuestas irregularidades el abogado también incluye el alto número de testigos pedidos por Fiscalía. “El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe en la apertura del año judicial habló de falta de compromiso de algunos funcionarios que van a juicio oral con 700 testigos. No dio nombres, pero la única causa que fue a juicio con 700 testigos es la de Narvaja. La hipótesis de trabajo es absurda y hay responsabilidad también los jueces de la audiencia preliminar que tuvieron un nulo compromiso con su trabajo al permitir avanzar en un juicio oral con este número de testigos”, agregó Lewis.

"Lo que quedó de manifiesto es que el caso se constituyó como una pequeña estafa, sencilla, documental, que podría haber estado con sentencia hace años", concluyó el asesor letrado.

Quién es quién en el juicio

El caso se destapó en 2016 con las acciones que ordenó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivaron en decenas de allanamientos que involucraron a estudios contables, escribanías y hasta oficinas en el diario decano de la prensa argentina.

El caso inicial fue el de las sucesivas ventas fraudulentas de 124 hectáreas en Villa Amelia, un procedimiento que se repitió con otros terrenos e inmuebles salpicando, en parte, a los mismos protagonistas. Lo que terminó sucediendo es que se falsificaban poderes y otros documentos para actuar en nombre de los titulares legítimos de esas propiedades y así concretar maniobras para lavar dinero.

Previo al comienzo del debate hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad. Uno de ellos es Leandro “Lelo” Pérez, quien admitió su culpabilidad en uno de los hechos investigados y aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares. Del bloque inicial de imputados, también se acogieron al beneficio que supone reconocer la comisión delictual Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.

Los pedidos de pena de la Fiscalía son diferentes según la cantidad de hechos atribuidos a cada imputado y su rol en las maniobras. Así, se solicitaron 20 años de prisión y multas -calculadas según el valor real de la operación de lavado- por $344.081.151,73 para el escribano Eduardo Torres (se agrega pedido de 12 años de inhabilitación especial para ejercer), para el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y para el sindicalista del turf Maximiliano González de Gaetano.

Hay pedido de penas importantes para otros tres escribanos acusados. Para Juan Aliau se pidió pena de 9 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación; mientras que para su par Luis Kurtzemann, el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación; y 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 pesos y 12 años de inhabilitación para José Gordó. En tanto, para el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, se pidieron 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00.

Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, solicitó 5 años de prisión; Vanina Viglione 5 años y 6 meses más multa de $4.745.371,53; Andrés Martín, 2 años de prisión; Sandra Moresco, 5 años de prisión y multa de $40.526.404,18; Magalí González de Gaetano, 3 años y 6 meses de prisión y multa de $6.636.993; y Omar Buscellato, 4 años y multa.

Además hay personas que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Se trata de Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo, Juan Cruz González de Gaetano, y el empresario Leandro Pérez, a quien le dieron 3 años de prisión y multa por el doble del valor del bien que fue objeto del lavado, indicaron desde Fiscalía. 

También cabe recordar que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal -ahora imputado en la causa por juego ilegal- planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.