A contrarreloj buscan convencer a asociados a la cooperativa láctea para que rechacen el desguace.
Mientras el proceso de quiebra de Sancor empieza a ordenarse en los Tribunales de Rafaela, un grupo de acreedores salió a disputar el rumbo del expediente con una jugada que tiene doble impacto. Por un lado motorizan un plan de salvataje integral alternativo al desguace y por el otro pidieron frenar la liquidación de la cooperativa para intentar una salida con continuidad productiva.
La movida está encabezada por el abogado Aldo Regali, quien representa a un bloque de acreedores que asegura reunir a unos 460 actores, entre comerciales, productores y laborales. “Nosotros representamos a un volumen importante de acreedor que entienden que el desguace puede perjudicarlos”, explicó en contacto Punto biz, al tiempo que cuestionó el timing de la decisión judicial: “No podemos entender por qué el juez no esperó a la asamblea y decidió la quiebra a las 48 horas del pedido”. El juez concursal decidió avanzar con el dictamen de propia quiebra pedido por el consejo de administración de Sancor pese a que la asamblea de socios recién será este jueves 30 de abril.
Según plantean, la resolución no sólo fue apresurada sino que dejó sin analizar una alternativa ya presentada en el expediente. “El mismo día que presentamos un plan de salvataje, se decretó la quiebra”, sostuvo Regali. El eje del planteo es evitar el desguace de la compañía. Desde el bloque de acreedores advierten que el camino de la liquidación implica fuertes pérdidas. “En un remate, los activos se venden por debajo del 50% de su valor”, explicó el abogado, quien estimó que “los acreedores van a recuperar entre un 25% y un 30%”. Esa lógica es la que intentan revertir con una propuesta que apunta a sostener la empresa en marcha. “La alternativa es clara: o esto o la liquidación”, resumió.
El modelo: deuda por acciones
El corazón del plan consiste en la creación de una nueva sociedad anónima —Sancor S.A.— en la que los acreedores capitalicen sus créditos y pasen a ser accionistas. Bajo ese esquema, el pasivo se transforma en patrimonio y la empresa arranca con un balance saneado.
En la presentación judicial, el grupo sostiene que “cuenta con una propuesta viable e integral que garantiza el pago de los créditos con mejores condiciones que las de un remate falencial” y que además asegura “la continuidad operativa de las plantas y la cadena de producción láctea”.
La lógica central es transformar el rol de los acreedores. “Lo que proponemos es transformar la deuda en capital para que nadie pierda su acreencia”, explicó Regali. Y agregó: “El que no quiere las acciones, las puede vender o usar como garantía”.
Desde el punto de vista técnico, el esquema implica que “los acreedores dejan de ser pasivo para convertirse en capital” y que “el pasivo concursal se transforma en capital social”, lo que permitiría que “la empresa pase de estar quebrada a estar solvente en un solo acto contable”.
El modelo no es novedoso. “Es un modelo que ya se aplicó, no estamos inventando nada nuevo”, afirmó Regali, en referencia a antecedentes del sector lácteo. Además, el plan incluye un fideicomiso para garantizar el pago a los tamberos —clave para recomponer el flujo de materia prima— y un rediseño del esquema laboral. Según la propuesta, “el objetivo es sostener la fuente de trabajo y mantener la empresa en funcionamiento”.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es el cuestionamiento al momento en que se decretó la quiebra. Desde el bloque de acreedores entienden que la decisión judicial fue prematura y dejó sin tratamiento una alternativa superadora. En el recurso presentado ante el juzgado, los acreedores fueron contundentes: “La sentencia de quiebra es un cheque en blanco a un Consejo de Administración infiel” y “la quiebra fue declarada de forma prematura”.
También advierten sobre el impacto económico de avanzar con la liquidación: “La liquidación forzosa generará un perjuicio mayor para la masa de acreedores” y “la quiebra implica pasar de la expectativa de cobro al desguace”. En ese marco, sostienen que “la quiebra pedida por el deudor no debe ser una ‘puerta de salida’ automática si existe una alternativa superadora”.
Detrás del intento de salvataje hay también una estrategia política y financiera en construcción. El grupo de acreedores asegura contar con el interés de actores clave, incluidos organismos estatales y provincias. “La provincia está interesada y ya hay conversaciones en marcha”, afirmó Regali, quien también remarcó que “hay acreedores de mucho peso detrás de esta propuesta”.
En paralelo, se multiplican las gestiones para sumar respaldo institucional, incluyendo pedidos para que intervenga el INAES como organismo de control del sistema cooperativo.
Lo que se abre es una disputa de fondo sobre cómo resolver la crisis de Sancor. De un lado, el camino ya activado por la Justicia, que apunta a liquidar activos mediante licitación para repartir el producido entre los acreedores. Del otro, una alternativa que busca preservar la empresa en marcha y transformar a los acreedores en dueños del negocio.
Desde el bloque que impulsa el salvataje insisten en que la diferencia económica es sustancial. “El valor en marcha de la empresa es superior al valor de liquidación por piezas”, sostienen en la presentación judicial.
Con los plazos corriendo y la asamblea de asociados en el horizonte, el caso entra en una fase decisiva. El futuro de Sancor ya no se juega solo en los números, sino en la capacidad de los acreedores de imponer una salida alternativa frente a una quiebra que, por ahora, sigue en marcha.
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