El mismo encuadre le cabe a su socio que también está comprometido por los delitos de estafa en calidad de coautor. Los querellantes no descartan un trámite abreviado.
La causa contra el financista rosarino Pablo Arcamone, quien estuvo al frente del Grupo América, dio un paso clave en su avance judicial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) formalizó el pedido de pena y solicitó 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación para el titular de un conglomerado empresario basado en una agencia bursátil que complicó a decenas de inversores y ahorristas. Arcamone está preso e imputado por una serie de maniobras de estafa que ahora suman 23 hechos.
La acusación, que según fuentes del caso fue presentada hacia fines de la semana pasada, alcanza también a su socio, el contador Martín Fernández, en calidad de coautor. “Pidió ocho años de prisión y diez de inhabilitación”, confirmó el abogado querellante Rodrigo Vico Gimena, quien representa a un grupo de damnificados. “Son 23 hechos, todos bajo la misma calificación, estafa”, agregó en contacto con Punto biz.
Con la presentación del MPA, la causa entra en una etapa decisiva. Ahora las querellas tienen un plazo de 60 días hábiles para adherir o formular su propia acusación. “La querella debería ver la acusación y después cada una hacer la suya”, explicó Vico Gimena. En ese marco, adelantó que es probable que los planteos sigan la misma línea que la Fiscalía, aunque no descartó pedidos de penas más altas: “Probablemente sea lo mismo, capaz podemos pedir un poco más de pena”.
El expediente avanzará luego hacia una audiencia preliminar, instancia clave antes de un eventual juicio oral. Allí, la defensa tendrá la última oportunidad para intentar una salida alternativa. “Es el último momento que tiene la defensa para llegar a algún tipo de acuerdo”, explicó el querellante, quien consideró que “lo más probable es un abreviado”.
En ese escenario, la discusión central no será sólo la pena, sino su modalidad de cumplimiento. “Acá lo que van a discutir es si es efectiva o no efectiva”, señaló Vico Gimena. Y dejó en claro cuál será la condición para que cualquier negociación avance: “Tienen que hacer un esfuerzo más grande, reparar el daño”.
Por ahora, los intentos de construir un esquema de resarcimiento no prosperaron. Entre las alternativas que circularon figuró la posibilidad de utilizar un campo en Timbúes como base para generar recursos, pero la propuesta nunca logró consolidarse. “Hubo algún ofrecimiento con algo de seriedad, pero no prosperó”, indicó el abogado, quien remarcó que las iniciativas presentadas hasta ahora “no satisfacen a las víctimas”.
Consultado sobre si es esperable que la defensa avance en un acuerdo antes del juicio, Vico Gimena fue claro: “Yo creo que sí, pero van a tener que hacer un esfuerzo más grande”. También advirtió que, sin una propuesta concreta y con respaldo, será difícil modificar el rumbo del expediente. “Hoy no está dado, pero es el camino que van a tener que intentar”, planteó.
Con el pedido de pena ya formalizado, la causa contra Arcamone y Fernández —que ya acumula una importante cantidad de damnificados y millones de dólares en juego— entra en una fase definitoria. El escenario ahora oscila entre un acuerdo abreviado con algún grado de reparación económica o un juicio oral que podría terminar de sellar el destino judicial del financista.
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