Directivos de las cerealistas enfatizan que la sociedad reúne los atributos necesarios para potenciar a la firma, sin auxilio de terceros.
Los directivos de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) pusieron sobre la mesa su plan para la concursada Vicentin, si resultan ganadores en el cramdown que lleva adelante la justicia de Reconquista, en el norte santafesino. La iniciativa prevé inversiones por u$s 650 M, destinadas tanto al pago de acreencias como a la inyección de capital, para potenciar la capacidad productiva de las instalaciones. Descartan todo tipo de desguace, y las tenencias del denominado Nodo Norte quedarán en manos de una cooperativa, la Unión Agrícola de Avellaneda.
En diálogo con Punto biz, Pablo Noceda, CEO de Molinos Agro y Fernando Correa Urquiza, director de la Plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste de LDC, enfatizaron que tienen todo lo que hay que tener para operar un emprendimiento de la talla de Vicentin: originación y aprovisionamiento de granos, logística, trading y gestión de riesgos, sin tener que recurrir a terceros. Es que entre Molinos y LDC concentran la cuarta parte de todo el procesamiento de soja argentina.
“Queremos darle continuidad a la empresa, mantener las fuentes de trabajo y realizar toda la inversión necesaria para que sea económicamente sustentable”, planteó Noceda, que también se desempeña como gerente general de Molinos Agro. Por su parte, Correa Urquiza destacó que aspiran en conjunto a incrementar un 50% sus operaciones, a partir de la incorporación de los activos de Vicentin.
El plan prevé inyectar hasta u$s 70 M a Vicentin para optimizar la eficiencia y el funcionamiento de sus plantas. Las plantas de Ricardone y San Lorenzo serían las principales beneficiarias, ya que, según los oferentes, para subsanar las actuales ineficiencias. Pero una parte significativa de la inversión se destinará a saldar las deudas de Vicentin con sus acreedores y las postconcursales.
El plan de Molinos Agro y LDC implica distintos destinos para los activos de Vicentin:
Planta de Ricardone: Prevén la reactivación y optimización de esta planta, especializada en la molienda de semillas de soja, algodón y girasol, con el objetivo de aumentar su eficiencia y capacidad de producción.
San Lorenzo: Al igual que Ricardone, esta planta recibirá inversiones para mejorar su capacidad de procesamiento y optimizar su funcionamiento . “La planta está funcionando muy por debajo de la capacidad instalada”, puntualizó Correa Urquiza.
Planta de Renova (Timbúes): Vicentin mantendrá su participación en el joint venture, con una participación del 30%, en la producción de biodiésel
Empleo: La propuesta busca proteger el empleo y evitar los períodos de parálisis y cierre que han afectado a las plantas en los últimos años.
Nodo Norte: llegaron a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda para sostener empleo y operación con gestión local.
Las empresas llevaban hasta el jueves 30 unas 1.100 adhesiones, sobre un total de 1722. El voto electrónico sigue abierto hasta este viernes 31 a las 23:59, con posibilidad para los acreedores de rectificar decisiones ya tomadas.
Puntos principales de la propuesta concursal
Pagos diferenciados: Se estableció un esquema de pagos diferenciado según el monto de la deuda, con opciones que permiten a los acreedores recuperar una porción significativa en el corto plazo.
Pago inicial y rápido: Se ofrece un pago inicial del 80% de la deuda verificada en dólares a los 30 días de la homologación judicial, lo que representa una recuperación de valor muy superior a la que se obtendría en un proceso de quiebra.
Recuperación a largo plazo: Dependiendo de la opción elegida, los acreedores pueden recuperar hasta el 90% de sus créditos en un plazo de tres años, lo que ofrece un camino claro y previsible para la recuperación de la inversión.
Tasa de interés: La propuesta incluye un interés anual del 4% sobre los pagos a largo plazo, para compensar el diferimiento en el cobro.
Pequeños acreedores beneficiados: La propuesta fue mejorada para ofrecer el 100% de la deuda a los acreedores con acreencias de hasta 130.000 dólares, una medida que protege a los actores más vulnerables del proceso.
Condiciones favorables para productores: La iniciativa se diferencia porque no obliga a los productores agropecuarios a entregar mercadería ni financiamiento.
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