Por Redacción
El magistrado hizo lugar además a objeciones presentadas por otro medio centenar de acreedores
Nueve días después de cerrado el plazo para presentar adhesiones en el cramdown de la cerealista Vicentin, el juez que lleva el concurso, Fabián Lorenzini, movió una ficha. En una resolución firmada este jueves 20, el magistrado de Reconquista le ordenó a la firma Grassi SA que conteste dentro de un plazo de cinco días la impugnación presentada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company.
En rigor, el magistrado incorporó al expediente el planteo efectuado por Molinos-LDC junto a otro medio centenar de reclamos presentado por una larga lista de acreedores, que incluye a Banco Santander, Servi Mam, Zeni y Cía, Ballatore, Sifone, Logrando Amigos SRL, Agroganadera Martín Hnos, Unión Agrícola de Avellaneda, Chacras del Norte, Bresur, entre otros, que en los últimos días presentaron planteos cuestionando la validez de las mayorías, el contenido de la propuesta y los mecanismos utilizados para obtener adhesiones.
La lista incluye productores, acopiadores, bancos y sociedades comerciales de todo el país, que acusan a Grassi de haber logrado las mayorías del cramdown mediante votos ilegítimos, conflicto de interés, cesiones irregulares y un esquema que consideran abusivo
El juez dispuso: “De la impugnación efectuada, córrase traslado a Grassi S.A. por el término de ley”, orden que se repite en cada uno de los cargos presentados. El proveído deja claro que la corredora deberá contestar todas las impugnaciones acumuladas, incluidas las de LDC/Molinos, Banco Hipotecario,
El planteo original de Molinos-LDC, revelado por Punto biz un día después del vencimiento de la fecha para presentarse al cramdown, argumentó que Grassi jamás alcanzó las mayorías legales porque computó votos que debieron excluirse, como los de Commodities S.A., Vicentin Paraguay y Avir South. Sostienen que las cesiones de créditos formaron parte de un armado destinado a “tomar control del concurso” y asegurar el resultado del salvataje. La impugnación sostiene que el voto de Commodities constituye un autovoto prohibido, que Vicentin Paraguay votó sin autorización judicial y que Avir South adquirió créditos mediante una operatoria diseñada exclusivamente para favorecer a Grassi.
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