Tras dos aplazos, el juicio de la Gran Estafa Inmobiliaria comienza a fin de mes

Aunque las definiciones procesales estaban orientadas a iniciar las audiencias sobre el cierre de 2022, la inminente llegada de la feria de verano y la expectativa de un largo trámite no menor a los dos meses y medio hasta arribar a la lectura de las condenas o las absoluciones, derivó en que el inicio del juicio oral por la mega estafa inmobiliaria se definiera para finales del mes de febrero.

En la agenda de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) ya está publicada la fecha de la primera audiencia prevista para el próximo lunes 27 de febrero, instancia a la que arribarán los 15 imputados de la investigación por estafa, falsificación de documentos públicos y lavado.

El caso, que se destapó en 2016 con las acciones que ordenó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivaron en decenas de allanamientos que involucraron a estudios contables, escribanías y hasta oficinas en el diario decano de la prensa argentina, ahora concluye en un juicio que promete llevar al Centro de Justicia Penal una friolera de 600 testigos en audiencias que desde el 27 de febrero se desarrollarán por la mañana, de 8 a 13, en el Centro de Justicia Penal y bajo el análisis de un tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin.

De acuerdo a fuentes de la Unidad de Delitos Económicos, hay una intención de la Fiscalía de depurar la lista de testigos para agilizar el trámite, aunque al voluntad de la defensa de los 15 imputados hasta el momento no parece “colaborar”, por lo que todo hace pensar que desfilarán por el tribunal gerentes bancarios y directivos de oficinas públicas que vieron pasar por sus despachos documentación que en muchos casos resultó adulterada como estrategia de los imputados por desapoderar de sus bienes a legítimos herederos, en un esquema que redunda en jugosos negocios inmobiliarios.

El caso inicial fue el de las sucesivas ventas fraudulentas de 124 hectáreas en Villa Amelia, un procedimiento que se repitió con otros terrenos e inmuebles salpicando, en parte, a los mismos protagonistas. Lo que terminó sucediendo es que se falsificaban poderes y otros documentos para actuar en nombre de los titulares legítimos de esas propiedades y así concretar maniobras para lavar dinero.

Instruido por los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, el expediente suma como imputados al escribano Eduardo Martín Torres, el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y el empresario Marcelo Basilio Jaef, quienes aparecen vinculados los tres en la investigación por el campo de Villa Amelia. La nómina incluye a los notarios Luis María Kurtzemann, Juan Bautista Aliau y José Luis Gordó y el empresario Leandro “Lelo” Pérez, quien fuera pareja de la mediática Victoria Xipolitakis.

La lista se completa con el sindicalista Maximiliano González de Gaetano -único condenado hasta el momento por una causa colateral- y sus hijos Magalí y Juan Cruz. Por último se encuentran los imputados Sandra Moresco, Omar Busellato, Ramona Rodríguez, Andrés Martín y Vanina Viglione.

Obligados a declarar

Aunque los acusados en el juicio están asistidos por el derecho de no declarar, quienes sí deberán hacerlo bajo con la posibilidad de caer en el falso testimonio si es que que faltan a la verdad serán el agente bursátil Jorge Oneto y el ex gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, quienes quedaron sobreseídos de la investigación a partir de un acuerdo judicial. No obstante una de las alternativas que no se descarta es que alguno de los actores más comprometidos en la cadena de responsabilidades, enojados por la vía alternativa que lograron Oneto y Abdala decida “prender el ventilador” y exponer en el juicio alguna arista que comprometa nuevamente a ambos.

Nuevas maniobras

Una de las razones del nuevo aplazamiento del inicio del juicio -originalmente estaba pautado para la segunda mitad de 2021- es la sumatoria de nuevas maniobras que involucran a los mismos imputados y suman nuevos actores a la escena. 

El nuevo hecho repite patrones y tiene como víctima a Alberto Hilario Bona, que falleció en febrero de 2016 con 88 años ignorando que lo habían despojado de valiosas propiedades en una serie de maniobras que hasta incluyeron una falsa herencia en favor de la mujer que cuidó de él hasta su deceso.

El expediente por un lado le atribuye a los escribanos Eduardo Torres, Juan Bautista Aliau y José Luis Gordó; al sindicalista Maximiliano González de Gaetano, a Juan Roberto Aymo, Eduardo Martín Torres y Sandra Fabiana Moresco, “tomar parte, con ánimo de lucro, de la realización de una serie  de maniobras ardidosas, mediante las cuales desapoderaron a varias personas de sus viviendas y terrenos, para luego volcarlos al mercado inmobiliario.

El juicio que comienza el 27 de febrero integrará este esquema que derivó en nuevas imputaciones en abril de 2022.  No obstante, este último caso también salpica a nombres que no estaban incluidos en las maniobras originales. Ellos deberán esperar a un proceso diferente.