El Gobierno elimina el control de cuotas en colegios privados, ¿qué cambia?

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del control estatal sobre los aranceles, matrículas y cuotas de los colegios privados. A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó la norma que desde 1993 obligaba a las instituciones a informar y justificar los aumentos de sus tarifas ante la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Educación.

Con la medida, los establecimientos de enseñanza privada —sean o no subsidiados— podrán fijar libremente sus valores, sin necesidad de solicitar autorización previa. Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde a un criterio de “libertad de contratación” y “reducción de trabas burocráticas”, en línea con la política de desregulación que impulsa la gestión de Javier Milei.

“El marco anterior respondía a una realidad en la que la educación estaba centralizada en el Estado nacional. Hoy, con el sistema educativo transferido a las provincias, mantener esa intervención carece de sentido”, señalaron fuentes oficiales.

Según el texto del decreto, el esquema vigente “limitaba la capacidad de adaptación de los institutos” ante los aumentos de costos y salarios, y generaba “ineficiencias” en la administración de los recursos.

La desregulación implica que los colegios ya no deberán presentar sus cuadros tarifarios ni justificar los incrementos, algo que hasta ahora regía especialmente para los establecimientos con aportes estatales.

El Gobierno argumentó que el control previo de precios “distorsionaba la competencia” y que, en un contexto inflacionario, “entorpecía la sostenibilidad de los proyectos educativos privados”.

Sin embargo, la decisión generó preocupación entre las familias y algunas jurisdicciones provinciales, que advierten que el fin de la regulación podría traducirse en aumentos significativos de las cuotas a partir de 2026.

Qué pasará en las provincias

Pese a la desregulación nacional, varias provincias mantienen sus propios marcos regulatorios sobre colegios privados. Es el caso de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, que continuarán aplicando mecanismos de supervisión en aquellos establecimientos que reciben aportes del Estado.

El decreto se enmarca en una serie de medidas orientadas a reducir la intervención estatal en distintos sectores de la economía. En este caso, apunta a “modernizar el sistema” y “favorecer la transparencia mediante la competencia”, según argumentó el Ministerio de Economía.

Desde las cámaras del sector privado educativo, la medida fue recibida con alivio. Argumentan que permitirá evitar la demora en la aprobación de aumentos y reducir trámites burocráticos.

“Venimos reclamando hace años una desburocratización del sistema. La intervención estatal era un cuello de botella que nos impedía planificar”, expresó un referente de la Asociación de Institutos Educativos Privados de la Argentina (AIEPBA).