Constructores cuestionan el cierre de Vialidad y piden diálogo al Gobierno

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) expresó este miércoles su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, una medida oficializada recientemente a través de un decreto presidencial. El cierre del histórico organismo encargado del desarrollo de la infraestructura vial en el país encendió alarmas entre empresarios del sector, que advierten por la pérdida de capacidad técnica del Estado y el impacto que esto podría tener en el empleo y la logística productiva.

“La eliminación de este organismo técnico con casi un siglo de trayectoria en la obra pública afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente”, sostuvo Camarco en un comunicado.

La entidad destacó que Vialidad Nacional fue durante décadas el pilar de una mirada federal sobre la infraestructura del país, con presencia territorial y profesionales formados para ejecutar obras clave en todas las regiones. Su disolución, según señalaron, rompe esa continuidad técnica y pone en riesgo la ejecución y supervisión de proyectos estratégicos.

Según lo dispuesto por el Gobierno, las funciones de Vialidad pasarán ahora al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional, un esquema que, según Camarco, genera gran incertidumbre y carece de precedentes en materia de obra pública.

La preocupación no se limita al plano institucional: la Cámara alertó también sobre la posible paralización de obras en curso, la pérdida de puestos de trabajo y la afectación de la articulación público-privada, que fue durante años una de las bases del desarrollo vial en Argentina.

“La inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional”, afirmaron desde la entidad.

Uno de los puntos más críticos señalados por Camarco tiene que ver con el mantenimiento de la red federal, en especial aquellos tramos que no serán concesionados al sector privado. Según datos oficiales, se trata de más de 30 mil kilómetros de rutas que quedarán bajo la órbita directa del Estado, sin la estructura operativa que hasta ahora proveía Vialidad Nacional.

El mantenimiento deficiente de esa red podría tener consecuencias directas en la producción regional, los costos logísticos y, sobre todo, en la seguridad vial de miles de argentinos que transitan esas rutas a diario.

Pedido de diálogo y previsibilidad

Ante este escenario, Camarco pidió al Gobierno abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica, para diseñar políticas de infraestructura que sean sostenibles en el tiempo. La Cámara también reafirmó su disposición a trabajar junto al Estado para garantizar un modelo de obra pública con reglas claras, visión federal y continuidad técnica.

“El país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio”, concluye el comunicado.

Con el cierre de Vialidad Nacional, se abre una nueva etapa en la política de infraestructura vial del país, marcada por la incertidumbre sobre el modelo que el Gobierno buscará implementar. Mientras tanto, desde el sector privado insisten en que las rutas no pueden esperar.