La campaña 25/26 promete alto rendimiento, con unos márgenes económicos que dependen de los precios internacionales y las medidas del Gobierno.
Pese a los precios internacionales bajos, la cosecha fina obtuvo rindes históricos. Estos resultados fueron un alivio para los productores, que venían acumulando tres campañas de sequía, inundaciones y plagas inesperadas como la chicharrita. Con señales que llegan desde lo político- como la baja de retenciones y desregulaciones que facilitan el acceso a insumos y maquinaria-, y buenas perspectivas desde lo productivo para la cosecha gruesa, el ánimo se contagia en el sector agropecuario, que está invirtiendo fuerte apostando a un alto rendimiento.
“Se estima que la cosecha 2026 de soja va a ser récord a nivel país”, confió Cristian Riguero, asesor y proveedor de insumos. Lo atribuyó a dos factores, “la tecnología que viene aplicando el campo basada principalmente en el mayor uso de fertilizantes, pero principalmente a las buenas precipitaciones durante el ciclo de invierno y primavera”.
Daniel Dovetta, gerente de la Cooperativa Agraria de María Susana —con sucursales en 6 localidades de la zona núcleo de la provincia—, afirmó que la cosecha de maíz también batirá récords.“Gracias a las lluvias de finales de año, el maíz puede dar la misma sorpresa que el trigo respecto de los rendimientos”, dijo.
Por otro lado, comenzó a sentirse el impacto de la reducción de los derechos de exportación (de 26% a 24% en la soja; de 9,5% a 8,5% en maíz y sorgo y de 5,5% a 4,5% en girasol). “Entre lo productivo y la baja de retenciones ayudará a cancelar la mayoría de los préstamos, teniendo un impacto muy positivo en el corto plazo”, afirmó Riguero.
Mayco Mansilla, CEO de Innventure y de Ecobosques Ganaderos, remarcó: “Si bien ahora vienen bajando un poco las retenciones, la presión tributaria sigue siendo alta”. Además, en adelante, cree que los productores tienen que ser conscientes de que cambiaron las reglas del juego. "Si Argentina continúa su baja de la presión impositiva en el agro y accede a mercados de créditos, vamos a tener que competir mucho más”, dijo.
“Hace 30 años que calculo márgenes brutos y este año fue muy difícil planificar porque los números no eran buenos en ningún cultivo”, aseguró Leandro Vatti, asesor del norte de Buenos Aires y el sureste de Santa Fe. En esa línea, proyecta márgenes muy malos para la campaña 25/26 para los productores que no son dueños de la tierra. “Debería haber un cambio de paradigma en la fijación de los precios de los alquileres porque muchos productores medianos o chicos podrían desaparecer, y la producción pasaría a manos de "pools" de siembra o empresas con otra capacidad financiera”, afirmó.
Mucho ruido y pocos resultados
En abril, el Gobierno anunció la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu), simplificando los trámites para la importación de maquinaria usada. Aunque la medida causó revuelo en el sector, el entusiasmo no se reflejó en el número de ventas en el año.
“Se retrajo totalmente la venta de maquinaria usada porque muchos productores están en la expectativa, ya que los precios de los equipos nuevos que se pueden importar valen un 50% más de lo que cuesta uno usado en Argentina”, aseguró Riguero, quien comercializa máquinas. “Lo que tendría un impacto real es que se pueda acceder a líneas de crédito, al igual que en los países vecinos como Uruguay y Paraguay”, ya que ahora las operaciones se mantienen por debajo del ritmo normal de compra.
Dovetta compartió la visión, y agregó que "falta una familiarización por parte de los argentinos con la compra de maquinaria usada y las nuevas marcas que entran al mercado". Si bien es necesario el cambio de maquinarias y herramientas, Vatti afirmó: “Hoy falta crédito con tasas lógicas para comprar y tecnificarse”.
Insumos liberados
También cambiaron las normativas de Senasa. La resolución 120/2025 derogó más de 60 resoluciones y disposiciones para modernizar el marco regulatorio del organismo. Estas nuevas medidas permiten el ingreso y comercialización de insumos de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, productos registrados en Estados Unidos, Brasil y Europa, que antes tardaban años en conseguir sus licencias pueden ser comercializados en Argentina en cuestión de días.
Riguero diferenció el impacto de esta medida en positivo y negativo. Positivo desde el lado de lo productivo, ya que “los productores están apuntando a fertilizar mucho más cultivos y obtener mayores rendimientos”, además de la baja de precios y el ingreso de productos que hasta hace unos meses no se conseguían. Pero también representa una parte negativa para las grandes empresas que ya se encontraban stockeadas con productos y ahora están sufriendo “restructuración de personal por una competencia que antes no tenían, lo que afecta a empresas como Corteva, Syngenta y Basf”.
Qué necesita realmente el campo
Cada eslabón de la cadena productiva asegura que lo que necesita el campo es financiamiento y tasas bajas que permitan proyectar y apostar al crecimiento. “Creo que va a ser un año bisagra para el crédito porque, aunque seguirá alto los primeros meses, debería bajar y debería haber una competencia importante por parte de los bancos y entidades financieras para ganar mercado”, remarcó Mansilla, a la vez que recordó: “No olvidemos que solo el 10% de nuestra economía está basada en crédito, mientras que en la región llega al 70%; todo ese mercado por crecer debería ser un incentivo para que las tasas sigan bajando”.
Actualmente, la financiación del campo viene en su gran mayoría de entidades privadas, con escasa participación estatal. Mansilla propone que como existe el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), el Gobierno podría crear un régimen de incentivos específico para agroindustria, donde se contemplen temas como los suelos degradados, las inversiones para fertilizar, cultivos de servicio y todas las posibilidades de participar en proyectos asociativos que agreguen valor, genere puestos de trabajo y eficiencia ambiental.
A su vez, hay una concordancia en que los más perjudicados son los arrendatarios, aquellos productores que no son dueños de sus tierras. Ante esto, Vatti opinó: “Debería haber una ley de alquileres o una segmentación de retenciones en función de quién es dueño y quién no, porque los números no están dando. Cuando el número no cierra, se ajusta en fertilización y el suelo pierde nutrientes”, alertó, poniendo el foco sobre el deterioro del suelo.
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