Interna del oficialismo frenó y pone en duda la reforma del código laboral

El proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura para su tratamiento en sesiones extraordinarias no logró avanzar y permanece trabado en comisión.

Desde el radicalismo aseguran que el texto cuenta con respaldo de ministros de la Corte, de Trabajo y de Producción, pero señalan al socialismo como el principal obstáculo para que llegue al recinto. “Hay una resistencia muy fuerte. Nosotros vamos a pedir que se vote para que quede en evidencia quién está tratando de solucionar un problema grande de la provincia y de su sector privado y quién está defendiendo algún lobby inexplicable y particular.” sostuvo el diputado radical Martín Rosúa, uno de los impulsores del proyecto, en diálogo con Punto biz.

La discusión volvió a postergarse hasta el próximo miércoles y se analiza convocar a distintos actores, entre ellos peritos médicos, antes de que el tema sea llevado al recinto. 

El eje de la reforma: cambiar los incentivos

Aunque la reforma del Código Procesal Laboral introduce varias modificaciones, el núcleo del conflicto está en el régimen de pericias médicas y en la forma en que se calculan los honorarios.

Actualmente, en Santa Fe, los peritos cobran en función del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad fijado en el juicio. Para el pullarismo, ese esquema genera incentivos económicos que empujan las incapacidades hacia arriba y alimentan la litigiosidad. “El perito tiene que cobrar por su trabajo, no en función del resultado del juicio”, planteó Rosúa. 

En este sentido, el proyecto eliminaría el esquema actual de cobro y, en su lugar, se fijaría un honorario estándar de cinco JUS. Para los impulsores, esta modificación limita el incentivo económico atado al resultado de la sentencia y reduce la presión sobre los montos indemnizatorios. 

Otro de los cambios más fuertes es la creación de un Cuerpo Especializado de Peritos dependiente del Poder Judicial. La idea es que las pericias pasen a estar concentradas en un equipo técnico propio, con criterios unificados. 

Además, se reducirían los plazos para judicializar los dictámenes de las comisiones médicas: el proyecto fija un límite de 45 días hábiles judiciales para iniciar la acción, cuando actualmente el plazo es de hasta dos años.

El trasfondo económico y político

Santa Fe presenta niveles de siniestralidad similares a otras provincias industriales, pero casi duplica la cantidad de juicios laborales por trabajador. Tanto desde el oficialismo como desde el ámbito asegurador coinciden en que esa diferencia no responde a más accidentes, sino a distorsiones procesales.

Según cálculos que manejan los impulsores del proyecto, la litigiosidad actual implica un costo millonario anual para el sector privado santafesino, que termina trasladándose a las alícuotas que pagan las empresas y afecta la competitividad, especialmente de las pymes.

Detrás de la discusión técnica aparece la disputa interna. Desde el oficialismo alineado con Pullaro hablan del peso de la llamada “industria del juicio” y advierten que existen intereses corporativos que buscan frenar la reforma. Según los impulsores del proyecto, el nuevo esquema no implica un perjuicio para los peritos sino, por el contrario, ordena el sistema. “Hoy los peritos cobran al final del juicio y muchas veces no saben si efectivamente van a cobrar. Con esta reforma van a percibir un honorario fijo por su trabajo al momento de finalizar la pericia y no en función del resultado de la sentencia”, explicó Rosúa.

Este medio intentó comunicarse con el diputado provincial Joaquín Blanco, quien lidera el bloque socialista, pero no pudo establecer contacto. Blanco también está al frente de la estratégica comisión de Asuntos laborales, y que por ende maneja los tiempos para el avance del proyecto. 

La próxima reunión en comisión, prevista para el miércoles y en la que los peritos pidieron ser convocados, será clave para definir si el proyecto finalmente logra llegar al recinto o si la discusión vuelve a postergarse. Sin reforma, el esquema actual sigue intacto: honorarios atados a sentencia, litigiosidad alta y costos trasladados a las empresas.