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Actualidad

Gerente de banco líder, muy complicado

Por Redacción

El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez; el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el titular del área de Fraude Económico y Financiero de ese organismo, Néstor García Paradiso, insistieron ayer ante el juez Francisco Miño con el pedido de indagaroria para nueve funcionarios del Banco de Galicia, de Galicia Valores S.A. y de Valfinsa Bursatil S.A. a quienes imputaron como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, en el marco de la investigación abierta por la estafa a gran escala realizada desde la sociedad de bolsa Bolsafe Valores. En el mismo sentido, imputaron como personas jurídicas al Banco de Galicia, a Galicia Valores y a Valfinsa Bursatil S.A. y requirieron la indagatoria de sus representantes, al tiempo que pidieron la ampliación de la indagatoria del titular de Bolsafe, el ya procesado Mario Rossini.

 

En el escrito de casi cincuenta fojas presentado esta tarde, los representantes del Ministerio Público desagregaron el pedido entre aquellos imputados sobre los que ya habían requerido la indagatoria y los nuevos sindicados como responsables del fraude millonario. En ese sentido, reclamaron por segunda vez que se convoque a declarar al gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia desde 2010, Silvio Ariel Gómez; a los oficiales de empresa de esa misma entidad, Diego Waldem Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah; al oficial de cumplimiento del Banco de Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Guillermo Juan Pando; al oficial de cuenta de Valfinsa, Antonio Iturrioz; y al oficial de cumplimiento de Valfinsa ante la UIF, Leonardo Perrotta.

 

La presentación de Rodríguez, Gonella y Paradiso se centró en explicar al juez las violaciones a las normas antilavado que no fueron observadas por los operadores financieros imputados. En rigor, pusieron de relieve que la normativa se basa en dos pilares: las entidades tienen la obligación de recabar información de sus clientes para conocerlos y trazar su perfil, y también deben informar cualquier hecho u operación sospechosa a la UIF, autoridad en la materia.

 

En la estafa a gran escala realizada desde Bolsafe Valores, aquellas entidades financieras fueron funcionales a las maniobras de lavado que provenía de la sustracción de los ahorros y títulos de los clientes de la firma propiedad de Rossini. Al describir la “ruta del dinero”, los fiscales señalaron que Bolsafe transfería los valores de sus clientes a otra empresa de Rossini, BV Emprendimientos S.A., sociedad había declarado como actividad principal el desarrollo y la comercialización de software. Esa firma liquidaba los títulos en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil. Sólo en el Banco Galicia, BV Emprendimientos tuvo créditos “en apenas 8 meses [de abril de 2012 a enero de 2013] por un total de 81.570.360,73 de títulos y débitos (transferencias emisoras) por un total de 82.038.844,06 de especies”, indicaron los fiscales. “En ningún caso el objeto social de BV Emprendimientos se condice con un flujo de más de 160 millones de acciones y títulos públicos en apenas 8 meses”, agregaron.
 

 

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