Otro cruce entre el Ejecutivo y la Justicia, ahora por el narcotráfico 

La Justicia, la política y la seguridad se enredaron esta semana en una nueva disputa. Coletazos que se derivan del proceso de reformas que el gobernador Maximiliano Pullaro apuró –con sus respaldos, críticas, conflictos y resistencias– ni bien inició su gestión. Hay resistencias que parecen adormecidas, pero no superadas. 

Aquel poder judicial que durante años mantuvo con pericia su status quo, remozado ahora por leyes, cambios en sus estructuras y sus nombres, volvió a generarle un disgusto al mandatario provincial. 

En los últimos días la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantuvo un duro enfrentamiento con la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. La refriega, que escaló incluso públicamente, volvió a poner en debate la competencia de los fiscales para intervenir en asuntos vinculados con el delito y la seguridad. 

Algunas resoluciones del Poder Judicial dictadas en los últimos días cuestionaron tareas del MPA que el gobernador cree necesarias para avanzar con la pacificación de las grandes urbes de la provincia. Dicho de otro modo: estos fallos podrían leerse como un escollo contra una parte de la gestión y del proyecto político de Pullaro que tienen en la seguridad uno de sus ejes fundamentales. 

Historia reciente, disputa actual

El 29 de diciembre de 2023, pocos días después de haber asumido, Pullaro obtuvo lo que considera una herramienta de valía para el éxito de su plan de seguridad: Santa Fe adhirió a la desfederalización de lo que se define como microtráfico.     

Esa decisión permite a los fiscales de la provincia avanzar contra los últimos eslabones de la cadena dedicada al tráfico de estupefacientes, modificando en parte la política de persecución penal. 

En el caso de Santa Fe no hubo una mera adhesión a la ley nacional. Pullaro empujó cambios en el abordaje de la política criminal, impulsó reformas en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del MPA que permitieron, por ejemplo, dotar de una autoridad especial a la fiscal general para crear agencias de investigación, dictar instrucciones o crear cargos. 

Un formato nuevo pergeñado por un mandatario provincial que pocos años atrás fue ministro de Seguridad de la provincia y que llegó a la Casa Gris con el convencimiento de que si no lograba moderar los desmadrados índices de inseguridad el respaldo obtenido en las urnas se licuaría inevitablemente.  

Las modificaciones generaron el rechazo, por ejemplo, de actores de la Justicia federal. En ese ámbito cuestionan que sus pares provinciales puedan avanzar sobre los eslabones más débiles de una organización, frustrando en algunos casos investigaciones que apuntan a los líderes de esos mismos grupos delictivos. Otra crítica: que el cambio de competencia en algunas causas termine con la detención de simples consumidores de estupefacientes.  

Una pelea que vuelve

El jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, hizo esta semana una advertencia desacostumbrada para los tonos formales que suelen utilizar los actores centrales del ámbito judicial. Sus dichos apuntaron contra resoluciones dictadas por la Cámara Penal de Rosario, que decidió remitir causas a la justicia federal recortando de esa manera el accionar del MPA.  

“Si nos quitan esa competencia va a afectar directamente a la seguridad pública con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego. Se tendrán que hacer cargo los que dictan estas resoluciones”, apuntó Merlo.

No era la primera definición en ese sentido y de allí, quizás, el enojo y la virulencia con la que planteó el tema Merlo. La olla se destapó tras una definición del camarista Javier Beltramone que impedía a los fiscales intervenir en una causa de microtráfico. Otros colegas como Guillermo Llaudet Maza, Carolina Hernández, Gabriela Sansó, Tomás Orso o Viviana Alonso se habían pronunciado ya en el mismo sentido. 

En el caso de Beltramone un juez federal de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, rechazó el criterio establecido y devolvió la causa al fuero provincial. El enojo, sin embargo, ya no podía contenerse.  

Desde la Cámara plantearon que los dichos de Merlo “constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”. Los camaristas marcan, además, que sobre más de cien causas por microtráfico sobre las que debieron fallar apenas en menos de una decena rechazaron la intervención del MPA. 

Entre los fiscales, pero también en el gobierno de la provincia, hay otra mirada. Aseguran que encontraron frenos en una docena de casos que involucran a más de cien personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Pero apuntan, además, a que el problema no es la cantidad, sino el precedente que puede abrir la puerta para que distintos abogados naveguen en aguas más turbias para que la justicia arribe a una condena. 

La política juega su partido

Quizás desautorizado en su proyecto, Pullaro ofreció el viernes a la tarde una clara muestra de respaldo al MPA. Se reunió con la fiscal General, Cecilia Vranicich; el jefe de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Franco Carbone, y el propio Merlo. La foto habla por sí sola. 

“No hay nada ganado. Es una pelea de todos los días. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”, aseguró al terminar el encuentro en el que se abordó, justamente, el asunto de las causas vinculadas con el narcotráfico y la violencia. 

En esa misma línea de apoyo explícito en la pelea que hoy mantienen distintos actores de la Justicia, el intendente Pablo Javkin definió para la semana próxima un encuentro con Carbone, jefe de la Unidad de Microtráfico.

Pero hay más: el intendente de Venado Tuerto, aliado incondicional de Pullaro y ahora jefe del radicalismo nacional, Leonel Chiarella, salió también con los tapones de punta contra algunos jueces. “Hay camaristas que toman decisiones sin sentido o hasta contradictorias. Desprotegen a la población. Terminó la época en la que los jueces y fiscales eran seres superiores”, planteó. 

Mencionado por el jefe municipal, el juez de segunda instancia de Venado Tuerto, Tomás Orso, le contestó también con dureza: “Me parece preocupante que el titular del partido más antiguo del país ignore lo que implica la división de funciones y controles existentes en un sistema democrático”.

Una puja hasta por las oficinas

La pulseada entre sectores de la Justicia tuvo en las últimas semanas otro episodio, que pasó desapercibido para la población en general, pero que muestra el grado de tensión y la resistencia a algunos cambios. 

Una acordada de la Corte Suprema definió que no habrá espacios ni oficinas para el MPA y defensores públicos en el edificio anexo al Palacio de Justicia pronto a inaugurarse en la capital provincial. Sus oficinas se destinarán, por completo, al Poder Judicial. El tema provocó la furia de Vranicich, que ya presentó sus quejas. Se recuerda: con la reforma constitucional el MPA es ya un órgano independiente de la Corte.

Como para completar el cuadro, Rafael Gutiérrez, presidente del máximo tribunal de Justicia de Santa Fe, abrió esta semana el año judicial. Frente a la prensa dijo que es “mentira” que un fallo judicial atente contra la seguridad pública, en claro respaldo a los camaristas y en rechazo a los dichos de Merlo. 

En su discurso de apertura repasó logros y no hizo la más mínima mención a las reformas o la renovación de los miembros de la Corte que impulsó Pullaro. El gobernador lo escuchaba atento. Gutiérrez, quien durante dos años resistió los embates del mandatario y mantuvo una puja pública con él, lo mencionó entre los mandatarios provinciales responsables de la construcción del nuevo edificio. Eso sí, cometió un desliz: lo llamó “Máximo” en lugar de Maximiliano.