La mano dura de Pullaro hace ruido en la Justicia e incómoda al socialismo 

La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar con un paquete de reformas penales que amplía las facultades de la policía no sólo abre una nueva etapa en la política de seguridad santafesina. También empieza a revelar un cambio más profundo: la consolidación de un modelo de poder donde la seguridad deja de ser únicamente una política pública para transformarse en el eje ordenador de la gestión, de la coalición oficialista y de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El corazón político de las reformas es claro. Pullaro busca trasladar al plano institucional una lógica que ya venía construyendo desde el discurso: la idea de que el sistema penal santafesino está demasiado condicionado por garantías procesales, controles judiciales y limitaciones operativas que, según el gobierno, terminaron favoreciendo la expansión del narcotráfico y la violencia urbana. El paquete legislativo apunta precisamente a desmontar parte de esos límites.

La ampliación de facultades policiales, la flexibilización de mecanismos de investigación y la reducción de controles judiciales previos no aparecen como medidas aisladas. Forman parte de una concepción política más amplia: reforzar la capacidad de persecución del Estado y acelerar la respuesta penal incluso a costa de tensionar principios históricos del sistema acusatorio.

En términos políticos, Pullaro parece convencido de que allí está hoy una de sus principales fortalezas. La seguridad no sólo es el área donde concentra mayores niveles de aprobación social. Es, también, el terreno donde consiguió construir liderazgo dentro de Unidos y ordenar una coalición heterogénea detrás de un objetivo común. 

En un escenario de fuerte demanda social de orden, el gobernador interpreta que el costo político de endurecer herramientas penales es bajo, incluso si eso implica abrir conflictos con sectores judiciales o académicos. Allí aparece uno de los elementos más significativos de este proceso: la resistencia que comenzó a emerger dentro del universo judicial.

No se trata, al menos por ahora, de una confrontación abierta ni homogénea. La reacción aparece fragmentada, muchas veces silenciosa y todavía limitada a asociaciones de penalistas, jueces, defensores y ámbitos académicos. Sin embargo, el malestar existe y tiene una dimensión más profunda que la mera discusión técnica sobre procedimientos.

Lo que está en juego es una disputa sobre quién fija los límites del poder punitivo del Estado en una provincia que intenta dejar atrás la crisis de seguridad más grave de su historia. 

El pullarismo plantea que el problema central es la falta de herramientas. Buena parte de los actores judiciales responde que el riesgo es exactamente el contrario: que la excepcionalidad de la crisis termine habilitando una expansión permanente de facultades policiales con escasos controles institucionales.

La tensión frente a un nuevo modelo 

La tensión tiene además una carga simbólica particular en Santa Fe. Durante años, la política santafesina construyó consensos relativamente amplios alrededor de la modernización judicial y del sistema acusatorio, especialmente durante los gobiernos socialistas. 

Aquella reforma buscaba precisamente reducir la discrecionalidad policial, fortalecer el rol de fiscales y transparentar los mecanismos de investigación penal. 

Las iniciativas actuales parecen invertir parcialmente esa lógica: devuelven centralidad operativa a las fuerzas de seguridad y relativizan algunos de los resguardos que habían sido presentados como conquistas institucionales.

Por eso el silencio del socialismo dentro de Unidos resulta quizás uno de los datos políticos más reveladores. 

El PS no es un actor periférico de esta discusión. Fue uno de los principales arquitectos del sistema procesal penal santafesino y durante años construyó identidad política alrededor de una mirada garantista, institucionalista y profundamente desconfiada de la autonomía policial. Buena parte de las reformas impulsadas ahora por Pullaro tensionan directamente ese legado.

El socialismo eligió hasta el momento el silencio. No hubo críticas públicas ni intentos visibles de marcar límites políticos dentro de la coalición. Esa cautela probablemente tenga menos que ver con coincidencias ideológicas plenas que con un cálculo para mantener la concordia política dentro de Unidos. 

Pullaro logró algo que pocos dirigentes radicales habían conseguido en Santa Fe: convertirse en el líder que ordena, detrás de su figura, a toda la coalición oficialista. La seguridad es uno de los ejes centrales de esa construcción de poder. 

Cuestionar frontalmente el paquete de reformas implicaría discutir el principal activo político del gobernador y abrir una tensión interna en un terreno donde la opinión pública parece acompañar posiciones de endurecimiento penal.

El socialismo enfrenta entonces una contradicción incómoda. Si confronta, arriesga cohesión política y capacidad de incidencia dentro del gobierno. Si calla, corre el riesgo de diluir parte de su identidad histórica y quedar asociado a una agenda de seguridad mucho más cercana al pragmatismo punitivo que a la tradición progresista que supo representar.

En el fondo, lo que empieza a discutirse en Santa Fe no es solamente un conjunto de reformas procesales. Lo que está en disputa es el modelo político e institucional que emergerá después de la crisis de violencia que atravesó la provincia y de la que aún intenta salir, más allá de la mejora en distintos índices. 

Pullaro parece decidido a construir un Estado con mayor capacidad de intervención coercitiva y con una conducción política mucho más vertical sobre las fuerzas de seguridad. Los sectores judiciales críticos intentan advertir sobre los riesgos de ese desplazamiento y el socialismo, atrapado entre la identidad y la gobernabilidad, observa por ahora desde un silencio que también es una definición política.