Tras la paliza electoral recibida en las Paso, el gobierno nacional tratará de apaciguar el derrumbe de los mercados abriendo una negociación política con la oposición para garantizar la gobernabilidad hasta el término de su mandato. 

Cuando el Merval caía un 32%, el dólar ascendía a $58, trascendió la decisión del gobierno nacional de llevar adelante una convocatoria al diálogo para tratar de dar señales de tranquilidad a los mercados internacional. 

Es en ese contexto que se puso en el centro de la atención la fórmula aplicada por los brasileños cuando dejó el mando Fernando Henrique Cardoso a favor de Ignacio Lula Da Silva. 

La movida fue impulsada por Cardoso y el convite fue aceptado por los cuatro principales candidatos a las presidenciales de 2002, que se comprometieron a aceptar -en la mayoría de los casos a regañadientes- los términos de un crédito por u$s 30.000 M, avalando un compromiso de un superávit fiscal del 3,75% del PBI para el año subsiguiente, sobre el cual tenían puesto el ojo todo el mundo inversor. 

La clave fue plantear que nadie dejara de lado sus críticas ni que cambiaran de posición, sino más bien de compartir la responsabilidad en torno a sostener una alternativa que permitiera salir de la crisis económica. 

Las reuniones se celebraron con puntualidad británica a partir de las doce de la mañana hasta las cuatro de la tarde, según un rígido protocolo para evitar que los candidatos se cruzaran.

Cardoso tuvo a su lado al presidente del Banco Central, Arminio Fraga, y al ministro de Hacienda, Pedro Malán. Los candidatos fueron desfilando uno por uno, acompañados por dos de sus asesores económicos, comenzando por el centroizquierdista Ciro Gomes, el más duro contra los acuerdos con el FMI y el más crítico de la política económica vigente. Le siguió el candidato que estaba destinado a triunfar, Luiz Inácio Lula da Silva; después entró el socialista y pastor evangélico Anthony Garotinho, y, por último, el amigo y candidato de Cardoso, José Serra. El acuerdo crítico permitió una transición ordenada en medio de una severa crisis, y la fórmula quedó como modelo a seguir en tales circunstancias. 

El acuerdo con el FMI encuentra a la Argentina con un acuerdo de financiamiento que vence a fin de año y genera gran incertidumbre sobre las reales posibilidades de la Argentina para afrontar los compromisos de 2020. 

En el arranque de la campaña Roberto Lavagna planteó que anticipar una necesaria renegociación de la deuda con el FMI se imponía como una tarea a resolver cuanto antes para eliminar la incertidumbre financiera sobre la Argentina. El gran interrogante es si la política argentina está en condiciones de tomar cartas en el asunto y evitar a los argentinos los sinsabores de varios meses de inclemencias de los mercados, con ruinosos impactos sobre la cotización del dólar y la inflación. 

Para el gobierno convocar a un acuerdo para la transición significaría poner la rodilla en tierra anticipando en los hechos la derrota en octubre. Por su parte, la oposición K puede verse tentada a contemplar cómo las turbulencias dinamitan los últimos seis meses de la gestión macrista, para luego asumir con el país más hundido pero teniendo sobre quién cargar todas las culpas.