Proponen un sistema para identificar quién es quién antes de comprar un lote

El cambio de gestión provincial puso bajo mayor control a los desarrollos inmobiliarios de Santa Fe, pero el intento de ordenar el sector todavía no se traduce en trámites más ágiles. "Hoy están demorando más", reconoció Martín Weller, presidente de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe (Cups), en diálogo con Punto biz durante Urbanística 2026. En medio de conflictos por loteos paralizados y compradores que no pueden escriturar, la entidad prepara una certificación propia para transparentar los antecedentes de las desarrolladoras.

La cámara trabaja en una certificación propia para que los desarrolladores acrediten antecedentes y procesos de capacitación bajo la metodología Lean Construction, orientada a mejorar la planificación y eficiencia de las obras. Weller anticipó que buscarán el acompañamiento provincial para implementar una herramienta que permita identificar rápidamente "quién es quién" dentro del sector, aunque esa acreditación privada no reemplazaría los permisos oficiales.

La iniciativa coincide con el proyecto presentado por la diputada Lionella Cattalini para crear una plataforma pública y gratuita donde los compradores puedan consultar las autorizaciones, servicios y trámites pendientes de cada loteo. Weller adelantó que la cámara buscará reunirse con la legisladora y confirmó que, tras mantener conversaciones con el ministro Lisandro Enrico y el área provincial de Hidráulica, ofrecieron colaborar en la resolución de los emprendimientos con dificultades. "Empecemos a solucionar los más fáciles y que quede menos conflicto para adelante", propuso.

A paso lento

En mayo de este año, el Gobierno modificó el procedimiento de factibilidad hídrica para reducir de 34 a 11 los requisitos y digitalizar los expedientes. La reforma reemplazó una regulación de 2016 que había acumulado exigencias adicionales y estableció un sistema de evaluación por etapas, aunque obtener un encuadre hídrico preliminar no habilita por sí solo la venta de lotes ni reemplaza la autorización ambiental definitiva.

Pese a esos cambios, Weller advirtió que las demoras continúan afectando la viabilidad económica de las inversiones y la posibilidad de acceder al crédito hipotecario. En septiembre, Cups alertó que algunos procesos de aprobación y escrituración pueden extenderse hasta ocho años y estimó inversiones por u$s1.800 M entre sus asociados para la próxima década, cifra que podría alcanzar los u$s3.800 M al considerar al conjunto del sector. Se trata de proyecciones de inversión, no de fondos efectivamente inmovilizados.

El conflicto por las habilitaciones

Uno de los antecedentes más resonantes respecto a proyectos parados por falta de habilitaciones es Damfield, el barrio cerrado proyectado en Funes cuyas autorizaciones hídricas anteriores fueron revocadas en 2024. A fines de 2025, la Justicia rechazó en primera instancia el amparo de la desarrolladora y la Provincia ratificó la clausura por su localización en una zona considerada inundable y ambientalmente protegida. En septiembre de 2026, la Fiscalía de Estado también intimó a la firma a restituir las condiciones originales del terreno intervenido.

Consultado sobre el caso, Weller evitó pronunciarse sobre el expediente en particular, aunque planteó sus reparos frente a la reversión de decisiones administrativas. "Para nosotros como inversores, la seguridad jurídica es un valor", señaló, y advirtió que los retrocesos en proyectos avanzados generan incertidumbre tanto para los desarrolladores como para quienes compraron terrenos.

Otro conflicto es el de Grupo Roma, cuyos loteos El Naranjo, en Ibarlucea; Orígenes, en Soldini; y Comunidad Ejecutiva, en Pueblo Esther, estuvieron entre los suspendidos en 2024. El reclamo llegó este mes al Concejo de Rosario, donde compradores estimaron entre 800 y 1.200 las familias afectadas por incumplimientos en las entregas.