Grupo Roma: 850 damnificados y una negociación para destrabar loteos

Unos 850 damnificados, una decena de desarrollos inmobiliarios y demoras que en algunos casos llegan a los ocho años. El conflicto que rodea a la desarrolladora Grupo Roma sumó nuevos capítulos y dejó de ser una disputa exclusivamente entre la empresa y quienes adquirieron sus terrenos. Abogados que organizan a los vecinos, intendencias y comunas bajo presión, negociaciones en Defensa del Consumidor y denuncias contra inmobiliarias conforman hoy un escenario en el que la principal incógnita sigue siendo quién financiará las obras necesarias para completar los loteos.

La situación involucra emprendimientos distribuidos entre Ibarlucea, General Lagos, Pueblo Esther, Soldini, Zavalla y Piñero. Los reclamos alcanzan a proyectos como El Naranjo I y II, Campo Madero, Orígenes, Comunidad Evolutiva y Vitta, entre otros. Aunque cada desarrollo presenta dificultades particulares, buena parte de los damnificados coincide en señalar que terminaron de pagar sus terrenos sin poder tomar posesión de ellos.

El problema adquirió otra dimensión durante los últimos meses, cuando los afectados comenzaron a organizarse y contratar abogados para impulsar reclamos conjuntos. La estrategia busca ampliar las negociaciones más allá de las oficinas de Grupo Roma e involucrar a las administraciones locales que intervinieron en las primeras autorizaciones de los emprendimientos.

El antecedente más relevante se remonta a septiembre de 2024, cuando el Gobierno santafesino dispuso la suspensión de obras en cuatro loteos del departamento Rosario por incumplimientos de la normativa ambiental e hídrica. Tres correspondían a Grupo Roma: El Naranjo, en Ibarlucea; Orígenes, en Soldini; y un desarrollo en Pueblo Esther. Las inspecciones habían detectado trabajos iniciados sin contar con las habilitaciones provinciales correspondientes.

Aquella intervención dejó expuesta una dificultad que todavía atraviesa el conflicto, las autorizaciones municipales para avanzar con una urbanización no reemplazan las aprobaciones ambientales, hídricas ni las factibilidades de servicios que exige la Provincia. La comercialización de terrenos mientras esos trámites permanecen pendientes abrió una discusión sobre la información que recibieron los adquirentes y los compromisos asumidos respecto de las fechas de entrega.

Pueblo Esther a Defensa al consumidor

El frente administrativo tiene uno de sus principales escenarios en Defensa del Consumidor, donde un grupo de damnificados de Pueblo Esther impulsa una negociación para encontrar una salida al conflicto.

Después de una audiencia municipal realizada en mayo, las actuaciones pasaron a la órbita provincial. En junio se desarrolló un nuevo encuentro con representantes de los damnificados, el titular de Grupo Roma, Pablo Cofano, y autoridades de Pueblo Esther. 

Allí se abordó el estado de las obras de infraestructura, particularmente las vinculadas con los servicios de electricidad, cloacas y gas natural. Las negociaciones quedaron en cuarto intermedio hasta octubre. 

Sin embargo, el problema no se resuelve únicamente con establecer nuevas fechas de entrega. Cada urbanización necesita completar una serie de requisitos técnicos y administrativos que, en algunos casos, implican inversiones importantes. Determinar qué trabajos están pendientes, cuánto costarán y cómo se financiarán constituye uno de los principales desafíos para alcanzar un acuerdo.

La EPE en Ibarlucea

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) aparece como una contraparte técnica fundamental en esta discusión. En Campo Madero, Ibarlucea, el proyecto enfrenta dificultades relacionadas con dos líneas de alta tensión que atraviesan el sector y condicionan la instalación de la infraestructura eléctrica. Los damnificados sostienen que las modificaciones necesarias para avanzar con el suministro deben ser afrontadas por la desarrolladora, mientras persisten diferencias sobre las condiciones para ejecutar esos trabajos. 

La intervención de la EPE agrega complejidad a las posibles soluciones. Obtener una factibilidad eléctrica no significa necesariamente disponer del servicio: también puede requerir proyectos ejecutivos, inversiones adicionales e inspecciones antes de habilitar las conexiones. A esto se suman las obras hídricas y las restantes exigencias provinciales que debe cumplir cada emprendimiento.

En paralelo, los abogados que representan a distintos grupos de afectados avanzan con gestiones ante las intendencias y comunas que intervinieron en las autorizaciones iniciales. Los reclamos apuntan a reconstruir las condiciones bajo las cuales comenzaron las operatorias, verificar qué documentación se encontraba aprobada y determinar qué herramientas tienen los gobiernos locales para contribuir a una solución.

Las inmobiliarias, otro frente abierto

La controversia también llegó al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), que recibió denuncias contra profesionales que participaron en la comercialización de los terrenos. La entidad deberá revisar las actuaciones y determinar si corresponde derivarlas a su Tribunal de Ética.

El análisis se concentra en la información proporcionada durante las operaciones, el estado de las habilitaciones, los planos aprobados, las condiciones contractuales y los plazos de entrega. La responsabilidad profesional de los intermediarios es independiente del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la desarrolladora y deberá determinarse individualmente. 

El conflicto tendrá además una nueva instancia institucional el 5 de octubre, cuando la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal de Rosario reciba a los damnificados. Aunque los emprendimientos están ubicados fuera de la ciudad, numerosos afectados residen en Rosario y buscan ampliar los canales de intervención.

Así, el caso Grupo Roma llega a octubre con varios frentes simultáneos y una negociación que todavía no tiene resultados definitivos. Para los damnificados, la prioridad es conseguir un cronograma concreto de obras y entregas. La discusión de fondo será establecer cómo distribuir las responsabilidades y los costos pendientes para que los proyectos puedan finalmente completarse.