Nuevo decreto del Gobierno acelera el camino hacia la privatización de Aysa

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su plan de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa). A través del Decreto 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó de manera sustancial el régimen legal que regula el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre las novedades más relevantes se encuentra la posibilidad de cortar el suministro a usuarios morosos, algo prohibido desde hace casi dos décadas, y la autorización para transferir total o parcialmente la participación estatal en la empresa.

Firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros, el decreto apunta a “atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia operativa” en un contexto de restricciones fiscales. “La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, señala el texto oficial, que argumenta que el Estado ya no está en condiciones de sostener los subsidios que actualmente financian el sistema.

El artículo clave del nuevo marco normativo es la habilitación para interrumpir el servicio de agua potable a los usuarios que acumulen mora. Según el decreto, el corte se aplicará conforme a las condiciones que se establecerán en el próximo Contrato de Concesión, que regirá la futura relación entre el Estado y el operador —posiblemente privado— del sistema.

Además, Aysa o quien la suceda en la operación podrá usar los ingresos de la concesión como garantía para respaldar financiamiento externo, así como auditar obras dentro del Área Regulada, lo que representa un refuerzo del poder operativo de la empresa.

Rediseño institucional y planificación técnica

El nuevo marco legal también modifica la articulación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), que deberán cooperar en la resolución de cuestiones técnicas u operativas. La concesionaria podrá convocarlos cuando lo considere necesario, lo que reduce el peso del control estatal directo.

Otro punto destacado del decreto es la creación del Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico que elaborará APLA cada cinco años. Aunque no será vinculante, servirá como hoja de ruta para priorizar obras de expansión del servicio, en función de criterios de viabilidad y densidad poblacional.

Privatización habilitada

En términos societarios, el decreto modifica el artículo 2° del Decreto 304/2006 y elimina el carácter intransferible de las acciones estatales. A partir de ahora, el 90% del capital social de Aysa—en manos del Ministerio de Economía— podrá ser enajenado total o parcialmente. El 10% restante sigue reservado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.

Para facilitar la transición, el decreto establece un plazo de cinco años desde la eventual adjudicación al nuevo concesionario, durante el cual se aplicará de manera progresiva el nuevo régimen regulatorio. Este período busca amortiguar el impacto financiero de los cambios y evitar desajustes contractuales.