Insisten con un nuevo juicio abreviado para el financista Luis Herrera

La defensa del financista rosarino Luis Herrera volvió a la carga con una propuesta de juicio abreviado para evitar que la causa por una presunta megaestafa de casi u$s35 M llegue a juicio oral. La nueva oferta contempla una condena de seis años de prisión efectiva para el empresario y penas de cuatro años para cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio, también imputados en el expediente. La iniciativa abre una nueva instancia de negociación judicial, aunque todavía está lejos de convertirse en un acuerdo.

Según pudo verificar Punto biz, la Fiscalía de Delitos Económicos ya notificó a los abogados querellantes sobre la existencia de la propuesta y les transmitió los principales términos del entendimiento que pretende alcanzar la defensa. En esa comunicación, inicialmente se solicitó que las conversaciones se mantuvieran bajo estricta confidencialidad, una pretensión difícil de sostener frente a la magnitud del expediente, la cantidad de damnificados involucrados y la repercusión pública que adquirió el caso.

La novedad se produce cuando la investigación transita la etapa previa a la audiencia preliminar preparatoria del juicio oral y después de que un primer intento de resolución abreviada terminara frustrado por la intervención del fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien rechazó avanzar con un entendimiento que ya había comenzado a encaminarse entre representantes de la acusación y parte de los querellantes.

En esta oportunidad, la defensa elevó considerablemente las penas ofrecidas. Además de los seis años de prisión efectiva para Herrera y los cuatro años para cada uno de sus hijos, el planteo contempla la inhabilitación para ejercer el comercio. En cambio, Marcela Fernández, esposa del financista y también imputada en la investigación, quedaría fuera del eventual acuerdo.

El cambio de condiciones busca destrabar las resistencias que encontró la negociación anterior. Sin embargo, el nuevo planteo deberá atravesar dos instancias decisivas: la evaluación de los damnificados constituidos como querellantes y, fundamentalmente, el aval de la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El antecedente que terminó con el pulgar abajo de Merlo

La primera propuesta de juicio abreviado había tomado forma hacia junio de este año y contemplaba condiciones sensiblemente más favorables para los acusados. En aquel momento, el entendimiento establecía una condena de cinco años de prisión para Luis Herrera y una salida que permitía recuperar la libertad a sus hijos. El plan había sido traccionado por la propia Fiscalía.

Aquella negociación había logrado sumar adhesiones entre los representantes de los damnificados, aunque estaba lejos de reunir unanimidad. Un total de 33 querellantes habían expresado su conformidad, mientras que otros 27 se opusieron formalmente. El resto no había manifestado una posición definitiva.

Pese a que el acuerdo había avanzado en las conversaciones con la Fiscalía, la propuesta terminó chocando contra la posición de Merlo. El fiscal regional decidió no acompañar el entendimiento al considerar que las condiciones ofrecidas resultaban contradictorias con la gravedad de los hechos investigados.

Entre sus principales objeciones figuraba la ausencia de un reconocimiento genuino del daño ocasionado a las víctimas y de señales concretas de arrepentimiento por parte de los imputados.

El rechazo representó un revés para la estrategia defensiva, que apostaba a cerrar el expediente mediante una condena negociada y evitar la exposición de un juicio oral por una de las mayores investigaciones sobre presuntas estafas financieras registradas en Rosario.

Ahora, con penas más elevadas y la inclusión de condenas para los hijos del financista, los abogados intentan construir un escenario diferente. No obstante, el antecedente de Merlo demuestra que un eventual entendimiento con los fiscales intervinientes y parte de los querellantes no garantiza que la propuesta termine prosperando.

Los ahorristas vuelven a tener la palabra

La comunicación cursada por la Fiscalía a los querellantes abre una nueva ronda de consultas entre los representantes de los inversores perjudicados. El escenario es complejo porque no todos los damnificados tienen las mismas expectativas respecto del desenlace judicial. Mientras algunos podrían considerar conveniente una condena efectiva que permita cerrar el proceso penal, otros mantienen reparos frente a una salida negociada que evite la realización de un juicio oral.

Uno de los puntos sensibles es que la propuesta de juicio abreviado no supone, por sí misma, la recuperación de los millones de dólares reclamados por los ahorristas. La situación patrimonial de Herrera se tramita paralelamente en el ámbito civil y comercial, donde el financista fue declarado en quiebra y se avanzó con la liquidación de bienes.

De allí que el debate no se limite a la extensión de las penas. También aparece la discusión sobre el reconocimiento de responsabilidades y la respuesta judicial frente a cientos de personas que denunciaron haber perdido sus ahorros.

En cualquier caso, la conformidad de los querellantes no constituye el único requisito para avanzar. El Ministerio Público deberá evaluar si corresponde acompañar el procedimiento y, de concretarse un acuerdo, este tendrá que superar el control judicial correspondiente.

Una causa de casi u$s35 millones y cientos de operaciones investigadas

La dimensión económica del expediente explica buena parte de la sensibilidad que rodea las negociaciones.

La investigación reunió 462 hechos denunciados por un perjuicio global estimado en u$s34.850.235. De ese universo, la acusación que se encamina hacia el juicio oral comprende 129 hechos, con un daño económico calculado en u$s9.870.478.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Herrera captaba fondos de particulares mediante la promesa de obtener rendimientos elevados en dólares a través de operaciones financieras, especialmente vinculadas con el mercado de futuros de Chicago.

La investigación sostiene que detrás de esa fachada funcionaba un esquema de características piramidales, en el que parte de los fondos aportados por nuevos clientes se utilizaba para atender compromisos con inversores anteriores.

Las dificultades comenzaron a hacerse visibles en 2021, cuando numerosos ahorristas dejaron de recibir los pagos comprometidos y comenzaron a reclamar la devolución de sus inversiones.

La acusación incluye delitos de administración fraudulenta y lavado de activos, y alcanza tanto al financista como a integrantes de su entorno familiar. En el camino hacia el juicio oral, la Fiscalía había planteado una pretensión punitiva considerablemente superior a la que ahora ofrece la defensa: 13 años de prisión para Luis Herrera, nueve años para cada uno de sus hijos y cinco años para Marcela Fernández.

La distancia entre esas pretensiones y las condenas propuestas en el nuevo abreviado constituye uno de los principales elementos que deberán evaluar quienes intervienen en la negociación.

Una nueva negociación bajo la lupa del MPA

El movimiento de la defensa vuelve a colocar al Ministerio Público de la Acusación ante una definición sensible. La posibilidad de resolver el expediente mediante un procedimiento abreviado permitiría evitar un juicio oral de gran complejidad, con múltiples hechos, abundante prueba documental y numerosos damnificados. Pero también supone acordar condenas sustancialmente inferiores a las reclamadas originalmente por la acusación.

Por eso, la discusión no se agota en determinar si seis años de prisión para Herrera y cuatro para sus hijos representan una mejora respecto de la primera oferta. El interrogante es si esas condiciones resultan suficientes para justificar una salida negociada frente a la magnitud de los hechos investigados.