El juez dictaminó la prisión preventiva de Juan Carlos Guardati y Angel Torti

El juez penal Hernán Postma resolvió este jueves la prisión preventiva para los financistas Juan Carlos Guardati y Angel Torti a quienes en una audiencia pedida por el fiscal Sebastián Narvaja se los imputó del delito de colusión en dos hechos en concurso real en grado de consumado y en carácter de coautores.

La resolución de la reclusión en prisión por 90 días como medida cautelar llegó luego de que el magistrado valorara la presencia de “maniobras delictivas de gravedad que se produjeron en instancias donde los imputados gozaban de medidas que permitan evitar la prisión preventivo. Para sostener su planteo Postma se apalancó en la imputaciones por administración fraudulenta ya existentes para Torti y Guardati. Es que la resoluciones judiciales anteriores indicaban que la mera presunción de nuevos delitos podían hacerlos ir a prisión, hecho que finalmente ocurrió este jueves.

El magistrado valoró como “grave” la reiterancia de conductas delictuales vinculadas a “hechos graves'', además de valorar el “daño moral y material de todas las víctimas de todos los desmanejos económicos atribuibles a ambos socios” desde que se inició el derrotero judicial del holding financiero.

Más allá de la resolución en torno a la prisión preventiva por 90 días, Postma ordenó una inmediata pericia de médicos forenses sobre las salud de Guardati y Torti, de 76 y 78 años de edad, hecho que podría derivar en que ambos terminen cumpliendo la reclusión en sus domicilios. 

La audiencia en cuestión se prolongó por casi 5 horas y ninguno de los financistas pidió la palabra para dar su versión de los episodios, hecho que quedó reservado para los abogados defensores. Solo Guardati hizo referencia a los tratamientos de salud que le toca afrontar para sostener el pedido de sus abogados, quienes solicitaron que se instrumente primero un mecanismo no privativo de la libertad y luego la prisión preventiva domiciliaria.

A la hora de la argumentación de los delitos, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja hizo un pormenorizado detalle de las maniobras que le sirvieron para pedir la imputación de los financistas Juan Carlos Guardati y Angel Torti, detenidos el miércoles. Se les imputaron dos hechos en particular.

Los delitos

El fiscal por un lado se valió de un convenio escrito celebrado por Guardati y Torti el pasado 6 de junio con el acreedor concursal Germán Darío Delgado, en el que se pactó el pago de u$s65.000 en cuatro cuotas a liquidar, la primera el 29 de octubre de 2022 (u$s20.000), el 29 de diciembre de 2022 (u$s20.000), el 30 de junio de 2023 (u$s15.000) y el 29 de diciembre de 2023 (los u$s10.000 restantes). El acuerdo, siempre de acuerdo a la lectura de la Fiscalía definió como contraprestación que Delgado preste conformidad respecto de la propuesta concursal de Guardati Torti SA que se sustancia en el fuero civil y comercial y cuyo expediente está hoy en período de exclusividad. Vale aclarar que el crédito verificado por Delgado representa el 5% del total del rojo verificado en el acuerdo, hecho que no es menor si se tiene en cuenta que la compañía intenta llegar a la mayoría del 60% del capital verificado para que se homologue su acuerdo concursal.

Narvaja además relató otro episodio a partir de un segundo escrito rubricado el 8 de junio pasado, entre Guardati y Torti y el acreedor verificado Martín Fernández. El convenio en cuestión pactó el pago de u$s7.000 a liquidar a las 24 horas de homologado el acuerdo preventivo del concurso. El pacto definió que sumado a esa reparación económica, Fernández procedería al cobro judicial del monto verificado en el concurso. El documento suscrito definía como contraprestación para Fernández, prestar conformidad de la propuesta concursal.

Para sostener la acusación, Narvaja se apalancó en copias de los acuerdos que se obtuvieron de una allanamiento realizado el martes en la Escribanía Prémoli, con sede en el microcentro rosarino.