Qué dice el acuerdo abreviado en el que Guardati y Torti reconocen sus delitos

En una audiencia de homologación que está prevista para este viernes 2 de junio, el fuero penal de Rosario deberá aceptar o rechazar el acuerdo abreviado que suscribió la Unidad de Delitos Económicos del MInisterio Público de la Acusación (MPA) y la defensa de los titulares del holding Guardati Torti.

Se trata del trámite penal que sigue su curso paralelamente a los expedientes concursales de la sociedad anónima Guardati Torti y del correacopio GyT Plus en el fuero civil y comercial.

Así por admitir la culpabilidad de los delitos que se le imputan y resolver el caso, Juan Carlos Guardati y Angel Torti una vez aprobado el convenio abreviado quedarán bajo el régimen de prisión domiciliaria -hay que recordar que en el marco de la investigación penal ambos empresarios pasaron varias noches tras las rejas-.

El esquema apunta para ambos financistas la detención domiciliaria por tres años y ocho meses, además de pagar multas de 5 millones de pesos. De no haber llegado a este acuerdo y de avanzar el juicio, podrían haber enfrentado penas más severas de hasta 50 años de prisión y multas de hasta 17.5 millones de pesos.

Por otro lado, el resto de los ejecutivos que formaban parte de la empresa han acordado con la Fiscalía suspender el juicio en su contra a cambio de pagar multas de hasta 10 millones de pesos y realizar trabajos comunitarios. Previamente, la empresa se había comprometido a resarcir a los ahorristas que los denunciaron por estafa.

Ahora, ambas partes deben solicitar la aprobación de los acuerdos ante la Justicia, y se ha fijado una audiencia para el próximo viernes 2 de junio. Cabe destacar que la agrofinanciera Guardati Torti, que solía estar entre las diez principales del país, cayó a principios de 2020 debido al default de la agroexportadora Vicentin, dejando a numerosos acreedores agropecuarios sin recibir pagos millonarios por granos. Los directivos de la empresa fueron imputados por estafa, administración fraudulenta y falsificación de balances, entre otros delitos económicos, tras mantener los fondos depositados por sus clientes y no devolverlos.