Tras notificarlos durante un año, el Colegio de
Corredores Inmobiliarios de Rosario decidió darle de baja a 17 profesionales y les quitó la
matrícula. Es que según explicaron, no se ajustaron a la
ley sancionada en 2011 – la que exige además del registro obligatorio para ejercer la práctica requisitos para demostrar idoneidad –. Apellidos de peso en la ciudad quedaron inhabilitados por no cumplir con la normativa. Y como si fuera poco, suspendieron a más de 100 operadores por no abonar la habilitación anual.
De acuerdo al registro que figura en la página del Colegio de
Corredores Inmobiliarios, quienes fueron dados de baja fueron Micaela Barat, Juan Marcelo Boghi, Analía Bosch (Ancasti Propiedades de Analía Bosch), María Soledad Bosch (Administración Bosch), Paula Bosch (Ancasti Propiedades de Paula Bosch), Marcela Dolce (ZOI Zona Oeste Inmobiliaria), Salvador Fernández (Administración Arroyito), Alejandro Gilli y Federico Gilli (Gilli Inmobiliaria), Florencia Lanzillotta (Alondra), Natalia Martinucci (Gama Inmobiliaria), Juan Carlos Merlonghi, Guillermo Nicolorich, Ana María Olivella (Estudio Inmobiliaria), Ariadna Pacilio y Pablo Pacilio (Administración Pacilio Inmobiliaria), Paula Sosa (Family Buildings Inmobiliaria).
La polémica se arrastra desde hace tiempo. Según le confirmó a punto biz el presidente del Colegio de Corredores, Javier Grandinetti, “se dieron de baja a 17 operadores porque no cumplieron con los requisitos que se les exigía. Todos ellos no pueden operar en el mercado”.
Y la quita del registro no es poca cosa. Es que por no cumplir con las imposiciones, se les quitó la
matrícula y para volver a obtenerla “deben tramitar nuevamente el documento para operar, gestión muy exigente, y se los obliga a tener un título universitario”, explicó Grandinetti quien agregó además que a aquellos a los que se les dio de baja “no están habilitados a funcionar”. Y una vez notificados – si no bajaron persianas –, el Colegio puede avanzar con acciones legales.
En rigor de verdad, muchos de los inmobiliarios funcionan sin ningún título ya que la carrera es relativamente nueva y antes de la legislación no era necesario contar con esa certificación educativa. Por eso, cuando se formó el Colegio se abrió un espacio durante 3 meses para que se inscriban los “idóneos” – personas que trabajaban en el sector de oficio –. Y en ese registro, en el sur de Santa Fe se presentaron 1.200 carpetas.
Pero la ola de bajas no fue de un día para el otro. Desde el Colegio dejaron en claro que a todos se los comenzó a notificar desde hace un año. “Le dimos el tiempo suficiente para que se adapten y se reglamenten profesionalmente. Nada se hizo sin previo aviso y en un plazo corto”.
El problema radica en que para que una inmobiliaria está habilitada, el titular de la misma debe estar matriculado por ser quien responde legalmente. “Si sus empleados están todos registrados pero el dueño no, esa firma se encuentra funcionando de forma ilegal”, remarcó Grandinetti.
Según el artículo 9 del Capítulo II de la ley Nº 13154 – la cual legisla la profesión –, “las sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario deberán contar entre sus socios con un corredor inmobiliario quien será el responsable en forma personal en los términos de esta ley”.
Y como si fuera poco, también se inhabilitó “a unos 100 operadores” por no haber abonado el derecho de habilitación anual (por cuestiones legales no se especificaron los montos pero se aclaró que la alícuota está por debajo de los demás Colegios profesionales). Para volver al ruedo sólo deben ponerse al día con las cuentas.
Es más, también hubo 40 profesionales que quedaron en suspenso voluntario, quienes notificaron al Colegio que no iban a ejercer por este año el corretaje por motivos personales. En caso que se compruebe que lo hicieron, será el Tribunal de Ética quien les imponga una sanción. “Por lo general son siempre muy duras”, remarcó Grandinetti.
La exigencia de un título
A principios de 2011 (el 17 de enero se publicó en el Boletín Oficial) se sancionó una normativa que creó en la provincia de Santa Fe el Colegio de Corredores. Y a partir de allí, se comenzó a exigir a los operadores un título reconocido el Ministerio de Educación de la Nación – el de Corredor Inmobiliario –. Es más, el 12 de abril de ese mismo año se aprobó el reglamento de matriculación para los profesionales del sector, quienes deben cumplir 14 puntos para poder ejercer correctamente el corretaje.
Una década antes, a nivel nacional se promulgó la ley 25.028 a través de la cual se buscó profesionalizar el sector exigiéndole a quienes ejerzan la práctica el título universitario. En ese entonces se creó la carrera con la cual los estudiantes salen con el diploma de Corredor Inmobiliario y Martillero. La misma tiene dos año de duración.
Pero desde el Colegio se pusieron a trabajar para intensificar la cursada de corretaje y buscar que quienes deseen trabajar bajo esa licencia se capacite dos años más. “Estamos en tratativas con universidades para que la carrera sea de 4 años. Y al momento de tramitar la matrícula, exigiremos tener ese nivel de grado”, explicó Grandinetti. SI bien no está implementado hasta el momento, las conversaciones están “avanzadas”.
Por último, el presidente del Colegio no quiso pasar por alto un dato y explicó que “una persona que no está matriculada no tiene derecho a cobrar honorarios”.
