Rematan el barco y la colección de autos de Herrera: modelos y valores base

La quiebra personal del financista Luis Herrera entrará este viernes 4 de septiembre en una etapa concreta de liquidación de activos con el remate de una embarcación y seis vehículos de su propiedad. La subasta se realizará desde las 14 en la Sala de Remates del Colegio de Martilleros de Rosario y, aunque constituye una señal esperada por los acreedores, fuentes ligadas a la sindicatura advierten que el producido tendrá "gusto a poco" frente a la magnitud del pasivo reconocido.

La realización de los bienes no tiene relación directa con las responsabilidades penales que se investigan contra Herrera, sus hijos Ignacio y Diego y su esposa Marcela Beatriz Fernández, sino que se inscribe en el proceso de quiebra que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario, a cargo del juez Nicolás Villanueva.

Los bienes que salen a subasta

El lote más valioso que saldrá a la venta es un Porsche 911 Turbo serie 993, modelo 1996, con una base de u$s300.000. El vehículo fue constatado en buen estado general, aunque presenta una pérdida de aceite por una rotura en el turbo. Si no aparecen oferentes por ese monto, la base se reducirá primero a u$s225.000 y luego, en una tercera instancia, a u$s168.750.

También se rematará el velero "AMIC", un Oceanis 321 fabricado en 1995, de casi diez metros de eslora y equipado con motor Yanmar de 27 HP. La embarcación tiene una base inicial de u$s85.000, que podrá bajar a u$s63.750 y finalmente a u$s47.812,50 si no surgen interesados. El barco permanece alcanzado por un embargo dispuesto dentro de la causa penal por estafa que se sigue contra Herrera.

Entre los vehículos aparecen además un Audi RS3 Sportback modelo 2018, con base de u$s70.000; un Nissan 370Z Roadster modelo 2011, por u$s38.000; un Jaguar XJR8 modelo 2000, por u$s17.500; un Volvo XC60 T6 modelo 2012, por USD 16.000; y un BMW 120D modelo 2013, con una base de u$s14.500.

Sumados los valores iniciales fijados judicialmente, el paquete que se rematará este viernes parte de una base conjunta de u$s541.000. Si todos los bienes llegaran a la última retasa prevista por falta de oferentes, esa cifra podría reducirse hasta poco más de u$s40.000.

El producido de las ventas deberá ser depositado en la cuenta judicial del proceso y, una vez aprobadas las subastas por el juzgado, será incorporado a la masa destinada a distribuir fondos entre los acreedores admitidos en la quiebra. Sin embargo, fuentes ligadas a la sindicatura señalaron a Punto biz que resulta muy difícil que la realización de los activos permita alcanzar un porcentaje significativo de recupero.

El dato que explica el pesimismo es la dimensión actualizada del pasivo. La suma de los créditos admitidos alcanza los $51.230.544.281,16 correspondientes a 689 legajos aceptados sobre un total de 703 presentados. A ellos se agregan dos créditos eventuales, once considerados inadmisibles y uno no verificado. Además, todavía quedan fuera de ese cálculo las verificaciones tardías que tramitan por vía incidental.

En ese contexto, las fuentes consultadas consideran que el recupero total podría incluso quedar por debajo del 10% de lo reconocido judicialmente. La estimación no es definitiva porque dependerá del resultado de las subastas, de la liquidación de otros bienes y de las acciones que todavía pueda impulsar la sindicatura para incorporar activos al patrimonio del fallido.

Pese a ese escenario, en el proceso consideran relevante que finalmente comiencen a transformarse bienes en dinero. Más allá del porcentaje que termine recibiendo cada acreedor, la liquidación aparece como una señal concreta después de años de litigio para cientos de damnificados que habían confiado dólares a la mesa de dinero informal manejada por Herrera.

La quiebra tiene más de 700 presentaciones de acreedores, en su enorme mayoría pequeños ahorristas. En noviembre del año pasado, Villanueva había dictado una resolución central al reconocer no sólo el capital efectivamente entregado a Herrera sino también los rendimientos prometidos hasta julio de 2021, fecha fijada como inicio de la cesación de pagos. Desde allí dispuso calcular un interés anual del 6% para los créditos en dólares y aplicar la tasa activa del Banco Nación para las acreencias en pesos.

Aquella decisión había elevado considerablemente el pasivo del proceso y rechazado el criterio inicialmente sugerido por la sindicatura, que proponía reconocer solamente el capital aportado por los inversores y no las ganancias que Herrera les había prometido.

La brecha entre lo adeudado y los activos disponibles explica ahora las escasas expectativas. Incluso si los bienes consiguen compradores cerca de las bases fijadas para el remate, los fondos representarán una porción marginal frente a los más de $51.230 M ya reconocidos.

Un segundo remate

A la subasta del viernes se sumará el lunes 7 de septiembre otro remate, aunque en un expediente diferente. En este caso se trata de una ejecución prendaria en la que saldrá a la venta un Volkswagen Gol Trend Trendline 1.6 modelo 2021, con una base de $5 M. La subasta está prevista para las 13.30 también en el Colegio de Martilleros de Rosario. Si no aparecen interesados, tendrá una primera retasa del 25% y luego una segunda reducción hasta el 50% de la base original.

Mientras comienza la liquidación, la sindicatura continúa además siguiendo la pista de otros bienes que podrían ser reincorporados al patrimonio de Herrera. El objetivo es iniciar, cuando exista sustento suficiente, acciones de recomposición patrimonial para recuperar inmuebles, bienes muebles o eventualmente fondos que hayan quedado fuera de la quiebra y que puedan luego ser vendidos.

Ese trabajo puede demandar años y obliga a revisar información surgida tanto del expediente comercial como de la extensa investigación penal. Para los acreedores, sin embargo, representa una de las pocas posibilidades de mejorar un porcentaje de recupero que, con los bienes actualmente identificados, se presenta extremadamente bajo.

La causa

En paralelo, Herrera permanece detenido y espera el juicio oral junto a sus hijos Ignacio y Diego. En la audiencia preliminar de la causa penal se definió que el primer debate abarcará 129 maniobras por un perjuicio de u$s9.870.478, dentro de un universo de 462 casos investigados por el fiscal Sebastián Narvaja que representan desmanejos superiores a u$s34,8 M.

Narvaja pidió 13 años de prisión para Luis Herrera, nueve años para Ignacio y Diego y cinco años para Marcela Fernández. Pero más allá de cuál sea el desenlace penal, para los acreedores la discusión inmediata pasa por otro lugar: cuánto dinero podrá efectivamente recuperarse de un patrimonio que, por ahora, luce muy lejos de alcanzar para compensar las pérdidas acumuladas.