Siguen la pista de bienes de Herrera para ampliar el recupero de acreedores

Mientras la causa penal contra Luis Herrera y su familia quedó encaminada hacia el juicio oral, el expediente de quiebra del financista avanza en paralelo en los Tribunales provinciales de Rosario con un objetivo central: localizar activos que hayan quedado fuera del patrimonio declarado, recuperarlos mediante acciones judiciales y ampliar así la escasa masa de bienes disponible para compensar a los acreedores.

La sindicatura sigue la pista de bienes que podrían ser vinculados al patrimonio de Herrera. La tarea apunta a detectar activos que hayan salido de su órbita antes de la quiebra, que se encuentren registrados a nombre de terceros o que no hayan sido incorporados inicialmente al proceso concursal. En caso de reunir elementos suficientes, deberán iniciarse acciones de recomposición patrimonial para que esos bienes vuelvan al patrimonio del fallido, puedan ser liquidados y el producido se distribuya entre quienes verificaron sus créditos.

Según pudo reconstruir Punto biz con fuentes vinculadas al proceso, el análisis comprende bienes inmuebles, bienes muebles que podrían encontrarse fuera del país y la eventual existencia de fondos radicados en el exterior. Esta última alternativa presenta mayores dificultades operativas y judiciales, pero no está descartada dentro de la estrategia destinada a mejorar el recupero de los damnificados.

El trabajo se encuentra todavía en una instancia de investigación. La sindicatura debe reconstruir operaciones, transferencias y vínculos patrimoniales a partir de documentación distribuida en distintos expedientes. Una parte relevante de los datos surge de la causa penal, donde se acumularon allanamientos, pericias sobre dispositivos electrónicos, movimientos financieros y referencias a cuentas radicadas fuera de la Argentina.

Para avanzar con acciones de recupero será necesario demostrar que los activos pertenecieron efectivamente a Herrera o que fueron transferidos en condiciones que permitan cuestionar judicialmente su salida del patrimonio. Los planteos se tramitarían en Rosario, donde se encuentra radicada la quiebra, mediante procesos ordinarios que podrían extenderse durante varios años.

La quiebra ya dejó atrás su etapa informativa y se encuentra en una fase esencialmente liquidativa. El desafío consiste ahora en vender los bienes existentes, incorporar aquellos que puedan recuperarse y distribuir los fondos entre los acreedores reconocidos. El principal problema es que la relación entre el pasivo verificado y los activos disponibles resulta marcadamente desfavorable.

Buena parte de los acreedores le había confiado dólares a Herrera dentro de la mesa de dinero informal que administraba. Muchos entregaron sus ahorros mediante operaciones realizadas por fuera del circuito financiero regulado y hoy tienen pocas expectativas de recuperar la totalidad de lo perdido.

La ampliación de la masa de bienes aparece así como una de las pocas herramientas disponibles para elevar el porcentaje de recupero. Cada inmueble, participación societaria, mueble registrable o fondo que pueda incorporarse permitirá aumentar el monto disponible para distribuir, aunque las fuentes consultadas consideran muy difícil que el activo alcance para cubrir el total de las acreencias.

La investigación patrimonial tampoco se limita necesariamente a los bienes registrados directamente a nombre del financista. También pueden revisarse operaciones realizadas con familiares, sociedades, socios u otras personas vinculadas, siempre que existan indicios de que fueron utilizadas para sacar activos del alcance de los acreedores o adquirirlos indirectamente con fondos pertenecientes al fallido.

En ese punto, el expediente penal funciona como una fuente relevante de información. Allí se investigaron posibles cuentas en el exterior, documentación que no había sido incorporada al proceso de quiebra y movimientos cuya trazabilidad todavía se intenta reconstruir. La sindicatura puede utilizar esos elementos como punto de partida, pero deberá producir su propia prueba y obtener decisiones favorables en el fuero civil y comercial para sumar los bienes al activo falencial.

Más de 700 acreedores

El juez Nicolás Villanueva, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario, había dictado en noviembre pasado una resolución clave dentro de la quiebra personal de Herrera al aceptar la totalidad de los créditos reclamados por los más de 700 acreedores que se presentaron a verificar. La enorme mayoría de los reconocidos son pequeños ahorristas que durante años entregaron fondos al financista.

La resolución, de más de 150 páginas, reconoció tanto el capital aportado como los intereses o rendimientos prometidos por Herrera hasta julio de 2021, fecha que el magistrado fijó como inicio de la cesación de pagos. Desde ese momento, estableció una tasa de interés del 6% anual para los créditos nominados en dólares y la tasa activa del Banco Nación para las acreencias en pesos.

El criterio de Villanueva significó un revés para la sindicatura, que había aconsejado no computar los rendimientos prometidos a los clientes. El argumento de los funcionarios concursales era que no existían constancias de operaciones financieras capaces de generar esas utilidades y que, por lo tanto, únicamente debía reconocerse el dinero efectivamente entregado por los inversores.

El magistrado terminó adoptando la posición defendida por los abogados de los acreedores, quienes habían impugnado la recomendación de la sindicatura por considerarla arbitraria y contraria a la igualdad de tratamiento dentro del proceso concursal. Como consecuencia, los créditos quedaron verificados por los montos totales reclamados, incluidos los retornos pactados, lo que elevó de manera significativa el pasivo.

Según el cálculo incluido en aquella resolución, el pasivo reconocido rondaba los $46.800 millones, equivalentes a unos u$s60 M al tipo de cambio comprador del Banco Nación de diciembre de 2023, que se ubicaba en $781 por dólar. El monto representó más del doble de lo estimado en las primeras proyecciones del concurso.

La decisión despejó además el riesgo de que algunos inversores terminaran apareciendo como deudores netos si se aplicaba el criterio inicialmente propuesto por la sindicatura, que pretendía descontar los intereses cobrados durante la relación con Herrera. El fallo reconoció, en cambio, que los aportes fueron reales y que los rendimientos prometidos formaban parte del perjuicio económico denunciado.

La próxima etapa consiste en avanzar con la venta de los bienes actualmente identificados. Sin embargo, aun antes de los remates existe consenso en que el producido será insuficiente para cubrir el pasivo verificado. En un primer momento se estimó que los activos declarados no superarían los USD 15 millones, lo que permitiría un recupero de alrededor del 20% en un escenario favorable. Otras proyecciones más conservadoras reducen esa expectativa hasta niveles cercanos al 10%, dependiendo de los precios que se obtengan en la liquidación y del resultado de las acciones destinadas a recuperar nuevos bienes.

Herrera fue presidente de Fernández Soljan SA, una sociedad autorizada por la Comisión Nacional de Valores como agente de liquidación y compensación. En paralelo a esa actividad formal, está acusado de haber administrado una mesa de dinero informal que recibía dólares en efectivo y prometía altos rendimientos. El colapso del esquema impactó de lleno en el entramado financiero rosarino por la magnitud de las sumas y por el alcance social de un caso que reúne a más de 700 afectados, en su mayoría personas físicas que confiaron sus ahorros durante casi dos décadas.

El juicio penal, encaminado

Las novedades dentro de la quiebra se conocen después de que concluyera la audiencia preliminar de la causa penal contra Herrera, sus hijos Ignacio y Diego y su esposa, Marcela Beatriz Fernández. Los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Gonzalo López Quintana y Paula Álvarez confirmaron que Luis Herrera continuará detenido mientras espera el juicio oral, que todavía no tiene fecha.

Ignacio y Diego también permanecen bajo prisión preventiva, mientras que Fernández es la única integrante del grupo familiar que atraviesa el proceso en libertad. El tribunal avaló además el recorte de la acusación propuesto por el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja para que el primer juicio abarque 129 maniobras.

Esos hechos representan un perjuicio económico estimado en u$s9.870.478 y fueron seleccionados dentro de un universo mucho más amplio. La Fiscalía tiene bajo investigación 462 casos que equivalen a desmanejos superiores a los u$s34,8 M.

El criterio del Ministerio Público de la Acusación fue concentrar el debate en una porción de las maniobras con mayor sustento probatorio para evitar que la magnitud total del expediente torne prácticamente inmanejable el juicio oral. Narvaja justificó el recorte en razones de economía procesal, razonabilidad y adecuada administración del caso.

La defensa, encabezada por Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet, se opuso a la acusación parcial. Los abogados sostuvieron que dividir los hechos podría afectar la garantía de defensa en juicio y abrir una discusión futura sobre la prohibición de juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho. El planteo fue rechazado y los jueces habilitaron el esquema impulsado por el fiscal.

Narvaja pidió 13 años de prisión efectiva para Luis Herrera, nueve años para cada uno de sus hijos y cinco años para Marcela Beatriz Fernández, además de las correspondientes inhabilitaciones. La acusación comprende los delitos de asociación ilícita, administración infiel y estafa.

La causa llegó a esta instancia después de que fracasara un intento de juicio abreviado que contemplaba penas sustancialmente menores. El acuerdo había sido negociado entre la defensa y el fiscal del caso, pero fue rechazado por el fiscal regional Matías Merlo. Posteriormente, los abogados de Herrera intentaron revertir la continuidad de las prisiones preventivas, aunque primero la jueza Paula Álvarez y luego la camarista Gabriela Sansó mantuvieron las detenciones.

Mientras el expediente penal se prepara para el debate oral, la verdadera expectativa económica de los damnificados está depositada en el fuero civil y comercial. La condena penal podrá definir responsabilidades, pero será la capacidad de localizar, recuperar y vender activos la que determine cuánto dinero conseguirán cobrar finalmente quienes confiaron sus dólares a la estructura financiera administrada por Herrera.