Herrera no logró revertir un fallo y esperará en prisión el juicio oral

El financista rosarino Luis Herrera no logró revertir en segunda instancia la decisión que mantiene su detención y deberá continuar bajo prisión preventiva junto a sus hijos Diego Herrera e Ignacio Herrera al menos hasta el 14 de abril, fecha límite fijada para el cierre de la investigación penal que conduce el fiscal Sebastián Narvaja.

La definición quedó plasmada en una resolución dictada por la jueza de Cámara Gabriela Sansó, quien rechazó el recurso presentado por la defensa y dejó firme el fallo de primera instancia que había dispuesto la continuidad de la prisión preventiva. Con esta decisión, la magistrada confirmó la resolución dictada el 30 de diciembre pasado por la jueza Paula Álvarez, que estableció que los Herrera permanezcan detenidos mientras avanza el proceso.

En el dictamen al que accedió Punto biz, Sansó sostuvo que los riesgos procesales que justificaron la detención siguen vigentes e incluso se han reforzado con el avance de la investigación. La magistrada remarcó que desde la resolución inicial se incorporaron nuevas denuncias y querellas que amplían el alcance del caso, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida cautelar más gravosa.

El fallo también analiza el rol que cada uno de los imputados habría tenido en la estructura investigada. Según la jueza, los elementos reunidos en la causa ubican a Luis Herrera como jefe de la asociación ilícita, mientras que sus hijos habrían tenido participación organizativa directa en la captación de inversores y en la operatoria financiera que terminó derivando en las maniobras investigadas.

Otro aspecto central del razonamiento judicial fue la magnitud del daño económico y el perfil de las víctimas. En ese punto, Sansó hizo especial referencia a la situación de numerosos damnificados, muchos de ellos pequeños ahorristas de edad avanzada que confiaron sus ahorros al esquema financiero y perdieron fondos destinados a su sustento futuro o a gastos de salud. Ese contexto, según la magistrada, agrava la valoración del perjuicio causado y refuerza la necesidad de asegurar la presencia de los imputados en el proceso.

La resolución también aborda los cuestionamientos de la defensa, que había pedido revocar la prisión preventiva o al menos reducir su duración. Entre otros argumentos, los abogados sostuvieron que con el paso del tiempo disminuyó la eficacia de las pruebas reunidas y denunciaron una valoración arbitraria del material probatorio, señalando la existencia de documentación que, según su postura, acreditaría devoluciones millonarias en dólares que no habrían sido analizadas. También cuestionaron demoras en la investigación y la difusión pública de un acuerdo abreviado que finalmente no prosperó.

Sin embargo, la jueza consideró que la extensión temporal de la medida cautelar resulta proporcional al estado actual del expediente, especialmente teniendo en cuenta la complejidad de la causa, la aparición de nuevas denuncias y la necesidad de producir medidas de prueba en el exterior. En ese sentido, la Fiscalía explicó durante el proceso que aún se encuentran en trámite exhortos internacionales dirigidos a organismos de Estados Unidos, entre ellos la SEC y la CFTC, vinculados a posibles cuentas o movimientos financieros no declarados.

En el mismo sentido, la acusación sostuvo que el perjuicio económico estimado en la investigación creció significativamente, pasando de unos u$s18 M en las primeras imputaciones a cerca de u$s35 M hacia fines de 2025, a medida que se sumaron nuevos denunciantes.

Con ese escenario, la camarista concluyó que la prórroga de la prisión preventiva hasta el 14 de abril resulta razonable, ya que esa fecha coincide con el plazo previsto para que la Fiscalía finalice la instrucción y presente la acusación formal. A partir de ese momento, el proceso ingresaría en su etapa preparatoria para el juicio oral, cuya audiencia preliminar podría realizarse durante el mes de junio.

La resolución de Cámara representa así un nuevo revés para la estrategia defensiva de los Herrera, que en los últimos meses había intentado cerrar el caso mediante un juicio abreviado basado en el reconocimiento de los delitos. Esa alternativa quedó definitivamente descartada en diciembre pasado cuando el fiscal regional Matías Merlo vetó cualquier condena negociada y ordenó avanzar hacia una instancia de juicio.