La Fiscalía definió cuántos años de prisión le caben a Herrera y su familia

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Narvaja, avanzó con el pedido de elevación a juicio oral en la causa que investiga al financista rosarino Luis Herrera y su entorno familiar, y dejó explicitado el esquema de penas que pretende sostener en el debate. Según información a la que accedió Punto biz, la acusación solicitó 13 años de prisión efectiva para Herrera, 9 años para sus hijos Ignacio y Diego, y 5 años para su esposa, Marcela Beatriz Fernández, todos con penas de inhabilitación para ejercer actividades vinculadas al ámbito comercial y financiero.

El requerimiento acusatorio incluye los delitos de asociación ilícita, administración infiel y estafa, en el marco de una operatoria que, según la reconstrucción fiscal, se sostuvo durante años mediante la captación de fondos de inversores bajo promesas de colocaciones financieras que no tendrían correlato real. El plexo probatorio que la Fiscalía considera suficiente para avanzar a juicio oral se estructura sobre 23 hechos vinculados a cuentas comitentes de la ALyC Fernández Soljan S.A., 88 hechos relacionados con supuestas inversiones en el Chicago Board of Trade y 17 hechos de estafa dentro de ese mismo esquema de operatoria financiera.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, la maniobra habría combinado el uso de estructuras formales del mercado con mecanismos de simulación que generaban en los inversores una apariencia de legalidad y solvencia. En ese sentido, la investigación sostiene que las cuentas comitentes y las referencias a operaciones en mercados internacionales funcionaban como soporte documental para captar nuevos fondos, aun cuando la trazabilidad de esas inversiones no estaría acreditada en los términos que se prometían.

El requerimiento no cierra la puerta a una eventual ampliación del caso. Por el contrario, Narvaja dejó asentado que no se descarta la incorporación de nuevas maniobras que puedan surgir del análisis de la prueba pendiente o de futuras denuncias, lo que podría derivar en un nuevo proceso penal o incluso en un agravamiento de las condenas en caso de comprobarse hechos adicionales.

El avance hacia el juicio oral llega luego de un intento fallido de cerrar la causa mediante un procedimiento abreviado. A fines del año pasado, la defensa de Herrera, en articulación con la Fiscalía, había impulsado un acuerdo basado en el reconocimiento de los delitos por parte de los imputados, con penas sensiblemente menores a las que ahora se proyectan para el debate. Sin embargo, esa salida fue bloqueada por el fiscal regional Matías Merlo, quien consideró que la magnitud del daño económico, la cantidad de víctimas y la falta de un resarcimiento efectivo tornaban improcedente una condena negociada.

Lejos de cerrar el capítulo, la defensa apeló la continuidad de la prisión preventiva en busca de mejorar la situación procesal de los imputados, pero esa estrategia tampoco prosperó. La Cámara Penal, con voto de la jueza Gabriela Sansó, confirmó la detención y dejó firme el criterio de que los Herrera deben llegar al juicio oral privados de la libertad, al considerar que persisten riesgos procesales y que la complejidad del caso justifica la medida.

Con el pedido de elevación a juicio ya formalizado y las penas sobre la mesa, el expediente ingresa ahora en una etapa clave. De no mediar cambios, el proceso avanzará hacia la audiencia preliminar y luego al juicio oral, donde la Fiscalía buscará sostener un esquema de condenas que marca un salto significativo respecto de la alternativa abreviada que quedó en el camino.