Luis Herrera sigue preso y el juicio será por 129 estafas

El financista rosarino Luis Herrera continuará detenido mientras espera la realización del juicio oral por la presunta estafa a cientos de inversores. Así lo resolvieron los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Gonzalo López Quintana y Paula Álvarez al concluir este miércoles la audiencia preliminar que define los alcances del futuro debate oral, una instancia que había comenzado la semana pasada y que terminó con una serie de definiciones clave para el expediente que impulsa el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja.

La primera de ellas fue la extensión de la prisión preventiva de Herrera. La medida cautelar vencía este miércoles y la defensa había intentado que el financista recuperara la libertad a la espera del juicio. Sin embargo, el tribunal decidió mantenerlo tras las rejas junto a sus hijos Ignacio y Diego Herrera, mientras que su esposa, Marcela Beatriz Fernández, continúa siendo la única integrante del grupo familiar que transita el proceso en libertad.

La segunda definición de peso estuvo vinculada al alcance de la acusación que llegará a juicio. Los magistrados avalaron el planteo de Narvaja para elevar a debate oral solamente una parte de las maniobras investigadas. En concreto, el juicio se centrará en 129 hechos que, según la acusación, provocaron un perjuicio económico total de u$s9.870.478.

La cifra representa apenas una porción del universo de casos que investiga el Ministerio Público de la Acusación. En total, la fiscalía tiene bajo análisis 462 maniobras que, de acuerdo con sus estimaciones, implican desmanejos superiores a los u$s34,8 millones.

La estrategia de Narvaja consistió en seleccionar los hechos que considera más sólidos desde el punto de vista probatorio para intentar arribar a una condena de manera más ágil. El fiscal venía justificando esa decisión en "criterios de economía procesal, razonabilidad y adecuada administración del caso", argumentando que llevar a juicio la totalidad de las maniobras denunciadas derivaría en un proceso oral todavía más extenso y complejo del que ya se prevé.

La postura fue resistida por los abogados defensores Lucio Pérez Castelli y Juan Manuel Cayón Roulet. Los letrados sostuvieron que una acusación parcial podría afectar garantías constitucionales de los imputados y generar conflictos futuros vinculados al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

"La resolución de ese punto incide directamente sobre el alcance del objeto del juicio y, en consecuencia, sobre el universo de prueba que corresponde producir. Por razones de orden lógico, la definición del objeto procesal debe preceder a la discusión probatoria", plantearon los defensores durante la audiencia.

No obstante, el tribunal terminó inclinándose por la posición de la fiscalía y habilitó que el juicio avance únicamente sobre ese conjunto de hechos seleccionados.

La resolución también consolida el rumbo que tomó la causa luego del fracaso del intento de juicio abreviado impulsado meses atrás. En aquella oportunidad, la defensa de Herrera había alcanzado un entendimiento con la fiscalía para evitar el debate oral mediante el reconocimiento de los delitos. Sin embargo, el acuerdo fue vetado por el fiscal regional Matías Merlo, quien consideró insuficientes las penas acordadas frente a la magnitud del daño económico investigado y la cantidad de víctimas involucradas.

Desde entonces, la estrategia defensiva sufrió una serie de reveses judiciales. Primero, la jueza Paula Álvarez dispuso que los imputados continuaran detenidos. Luego, la camarista Gabriela Sansó confirmó esa decisión al rechazar la apelación presentada por los abogados de Herrera. Finalmente, este miércoles, el tribunal volvió a ratificar la prisión preventiva y despejó el camino para la realización del juicio oral.

En paralelo, los jueces también admitieron el requerimiento acusatorio formulado por Narvaja respecto de las penas pretendidas. El fiscal solicitará en el debate una condena de 13 años de prisión para Luis Herrera, 9 años para sus hijos Ignacio y Diego Herrera y 5 años para Marcela Beatriz Fernández, además de las correspondientes inhabilitaciones. Todos están acusados por delitos de asociación ilícita, administración infiel y estafa.

Con estas definiciones, la causa más resonante del fuero penal económico rosarino quedó definitivamente encaminada hacia el juicio oral, aunque todavía resta que se fije una fecha para el inicio del debate.