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Negocios

Asume en área clave

Lo que se propone hacer el nuevo titular de la UIF en Rosario

Patricio Dobal

Juan Francisco Lafontana aceptó el desafío que significa dejar su estudio jurídico para someterse a las miradas de todos en el control del lavado de activos.

Aunque todavía no asumió el cargo, el rosarino Juan Francisco Lafontana, ya trabaja en una reconfiguración de la oficinal regional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que bajo el paraguas del Ministerio de Justicia de la Nación, tiene a su cargo la inspección de maniobras de lavado en empresas, además de prestar colaboración ante requerimientos de fiscales del fuero penal en sus investigaciones. Con control sobre las provincias de Córdoba y Santa Fe, Lafontana y su entorno aseguran que su designación llegó a partir de la actual conducción del organismo a nivel nacional y no por vinculaciones políticas.

Creada el año pasado por decreto, la Agencia Regional Central -tal como se denominó a la filial de la UIF que opera en Santa Fe y Córdoba- hoy tiene siete empleados y su nuevo referente asegura que de tener que ampliar el plantel de personal “se pedirá oportunamente”.

En un limitado diálogo con Punto biz, debido a que formalmente no fue designado -pese a que entregó la documentación requerida por Nación a mediados de marzo- Lafontana aseguró que lo que se viene en el inicio de su gestión es un criterioso “relevamiento de lo que hay y lo que no en la agencia” que opera en oficinas establecidas en Rosario.

Sin militancia política a cuestas, quienes conocen a Lafontana aseguran que su nombramiento está vinculado a la actual administración nacional e la UIF. Una maestría en derecho penal en la Universidad Austral en Buenos Aires y la realización posterior de algunos trabajos de investigación fue el vaso comunicante entre el letrado rosarino y quienes están al frente de la Unidad, que lo convocaron por su solidez técnica para respaldar el trabajo de la delegación regional.

Desde que empezó a sonar su nombre para ocupar la silla en la Agencia Regional Central hubo respaldos de instituciones clave como el Colegio de Abogados de Rosario y de la cúpula del Poder Judicial santafesino. Eso sí, asumir el cargo en UIF lo obligó a abandonar el estudio jurídico unipersonal que administraba al no poder participar en la defensa de causa por lavado de activos, evasión tributaria, contrabando, narcotráfico, trata e incluso litigios en los que estén comprometidos los estados nacional, provincial o municipal.

A criterio de la nueva conducción, el mandato desde Buenos AIres fue el de “hacer que el trabajo rinda y tenga efectos prácticos”, hecho que tras un plazo perentorio de funcionamiento se podrá corroborar en torno a la ayuda de la oficina local en el esclarecimiento de causas penales -condenas mediante- y el decomiso que sean producto de los ilícitos.

Por lo pronto, existe cierta ansiedad por la asunción del nuevo jefe regional para demostrar que es posible acortar los plazos en el suministro de información clave que puede exigir la UIF desde Buenos Aires.

La Agencia Regional Central -como las otras dos que le antecedieron en su formación, en el noroeste argentino y en el nordeste- tiene dos áreas de trabajo. El equipo bajo la tutela de Lafontana buscará aumentar las supervisiones sobre los sujetos obligados a reportar maniobras sospechosas de sus clientes, una de las funciones específicas.

Es que el Estado coloca la obligación en determinados sujetos, sean personas físicas o sociedades, que se dedican a rubros donde de acuerdo a la legislación se entiende que pueden ser propicios para cometer maniobras de lavado. En la nómina están agencias bursátiles, casas de cambio, agencias de liquidación y compensación (alics), registros del automotor, aseguradoras, bancos procesadores de pago y estudios notariales. Ellos son precisamente los obligados a reportar si detectan que un cliente puede estar pretendiendo blanquear activos.

Luego está el área de litigios penales, donde existe una investigación fiscal que en determinada instancia corre vista a la UIF y el organismo termina constituyéndose como querellante y colabora en el proceso con el objetivo de detectar los bienes producto del lavado de activos para que vuelvan al Estado.

Pero al margen de las pretensiones de la nueva conducción regional, existe una realidad. De acuerdo a la disposición legal vigente. Incluso quienes están cerca de asumir el equipo en Rosario entienden que es muy acotado el régimen de autonomía que existe en la Cuna de la Bandera y en cualquier otra delegación, siendo Buenos Aires quien centraliza la órdenes y digita los operativos. 

De modo que el interés de quien espera el nombramiento oficial es el de incrementar el esquema de supervisiones sobre sujetos obligados. Habrá que ver si le dan margen.
 

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