La firma está concursada y la solicitud de liquidación de parte de un acreedor generó diferencias entre dos jueces.
Los avatares alrededor de Daniel Casanovas, imputado penalmente en territorio santafesino y quien fuera agredido por un acreedor en Salta donde está residiendo, continúan en los Tribunales de Rosario. Es que mientras el correacopio Cereales del Sur (CDS) que fue la empresa que desencadenó el default del holding de los Casanovas tiene abierto su concurso preventivo, ahora hay un jugador el que pidió directamente que se decreta la quiebra de la compañía, un planteo que generó un intercambio en el seno del fuero civil y comercial.
Es que a la par de conocerse un plan de pagos que redactó Casanovas para el grueso de los acreedores en el marco de la convocatoria de Cereales del Sur que se sustancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4ta Nominación de Rosario a cargo del juez Nicolás Villanueva, entró un pedido de quiebra paralelo en el Juzgado de las 9na Nominación, que comanda la magistrada María Fabiana Genesio.
El intringulis sobrevino cuando la jueza Genesio decidió girar al despacho de Villanueva el pedido de quiebra para que sea incluido en el proceso concursal, hecho que de acuerdo a la mirada de Villanueva va en contra de la Ley vigente. Dicha posición derivó en que el juez de de Civil 4 decidiera devolver el pedido de quiebra a la sala de origen.
“Resuelvo: rechazar la remisión efectuada por la Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Novena Nominación, debiendo reintegrarse los autos a la jueza remitente a los fines de que reconsidere su criterio o, en su caso, remita las actuaciones a la Alzada a sus efectos”, termina el dictamen de Villanueva al que tuvo acceso Punto biz.
El escrito fundamenta posiciones. “No comparto lo sostenido por la magistrada remitente -para justificar su incompetencia- en cuanto considera que este Tribunal ‘cuenta con mayor cantidad de elementos de convicción a fin de verificar la situación patrimonial denunciada’, puesto que tal inteligencia implicaría precisamente ir en contra de lo establecido en el art. 84 respecto al juicio de antequiebra”, considera el magistrado.
“No vislumbro la posibilidad de ‘riesgo de incurrir en decisiones jurisdiccionales contradictorias’ siendo que el concurso tiene por finalidad sustancial la reorganización del pasivo del deudor y el alcance de un acuerdo con los acreedores, que a la postre sea homologado; mientras que la quiebra persigue la liquidación colectiva del patrimonio del deudor. En nuestro caso, y bajo tales premisas, ante una eventual apertura de la quiebra -por parte del juzgado remitente-, el concurso que se encuentra en trámite ante este Tribunal cesará y se adecuará al trámite falencial sobreviniente; mientras que para el supuesto de rechazo del pedido de quiebra, el concurso preventivo continuará su trámite, el que actualmente se encuentra en el período de exclusividad”, cerró Villanueva.
La jueza de Civil 9, por lo tanto, ahora tiene otra vez en su escritorio el pedido de quiebra y en caso de considerarlo viable puede decretar la liquidación de los activos de Cereales del Sur -hecho que derrumbaría el plan de pagos que intenta promover Casanovas-. La otra alternativa que tiene a mano la magistrada es recurrir a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para intentar que el tribunal de alzada finalmente estudie su planteo para derivar el pedido de quiebra al juez del concurso.
Tal como manifiesta el juez Villanueva en su escrito, Cereales del Sur atraviesa el período de exclusividad, etapa en la que los accionistas de la compañía buscan conseguir la doble mayoría de adhesiones de los acreedores para que luego la Justice homologue un plan de pagos.
Este mes Punto biz pudo acceder a algunos detalles del plan de pagos. “Los acreedores quirografarios de menos de $100.000 les paga el 100% en una cuota, la cuota vence a los 4 meses de la homologación del acuerdo y a los acreedores quirografarios superiores a $100.000 se le paga el 100% de la acreencia en 6 cuotas semestrales a 6 meses de la homologación del acuerdo”, sintetizaron desde el estudio que atiende el caso.
El plazo se abrió en abril pasado y vence en agosto de ese año, aunque desde la empresa en concurso pueden solicitar una extensión en caso de no haber llegado a las firmas suficientes.
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