Cramdown de Vicentin: objetan mecanismo de captación de acreedores

El proceso de salvataje de Vicentin SAIC atraviesa sus jornadas más intensas. A menos de dos semanas del cierre del plazo para reunir adhesiones, el clima entre los oferentes se calentó aún más tras la denuncia formal presentada por el Grupo Grassi contra Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC). En un escrito ingresado al Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, la firma rosarina acusó a sus competidores de incurrir en una “conducta ilegal, desleal y contraria a la buena fe”, en el marco de la campaña para captar apoyos de acreedores dentro del cramdown de la agroexportadora santafesina.

De acuerdo al texto presentado por el apoderado de Grassi, el abogado Guillermo Casanova, las dos compañías habrían desplegado una estrategia de comunicación que incluye el envío de mensajes a través de WhatsApp y la habilitación de una página web específica —identificada como www.vicentincramdownmoaldc.com— para que los acreedores puedan manifestar su adhesión a la propuesta de Molinos-LDC. Hasta ese punto, no habría objeción alguna. Pero, según la denuncia a la que accedió Punto biz, el formulario de aceptación que las multinacionales están promoviendo incluye una opción para “aceptar y revocar una conformidad previa dada a MG”, sigla que, aclara el escrito, remite al vicepresidente del grupo oferente, Mariano Grassi.

El planteo subraya que esa maniobra constituye un intento de inducir a los acreedores a anular su voluntad previa, algo que —de acuerdo a la Ley de Concursos y Quiebras (artículo 48)— no resulta necesario ni permitido. “Los acreedores pueden otorgar conformidad a más de una propuesta sin necesidad de revocar votos previos”, se recuerda en la presentación, que califica la práctica como “una estrategia de mala fe que podría incluso rozar lo delictual”.

La firma solicitó al juez que intime a Molinos Agro y LDC a cesar de inmediato la conducta denunciada, ordenando el retiro del formulario de revocación y la suspensión del envío de mensajes o comunicaciones que refieran a la posibilidad de invalidar adhesiones anteriores. Además, pidió que se tengan por no operadas aquellas revocaciones que se hayan emitido bajo el influjo de esta acción, por considerarlas viciadas.

La ofensiva judicial de Grassi se inscribe en un contexto de tensión creciente y cruces legales entre los grupos que compiten por quedarse con Vicentin. La recta final hacia la definición del salvataje está marcada por planteos cruzados, impugnaciones y maniobras procesales que buscan incidir en el resultado del proceso de votación entre acreedores.

En los últimos días, Molinos y LDC también presentaron un pedido de impugnación para que se excluya del padrón de votantes a un acreedor vinculado al Grupo Grassi, bajo el argumento de que existiría un conflicto de intereses. Desde el entorno de los exportadores sostienen que su objetivo es garantizar la transparencia del proceso y evitar que firmas relacionadas a competidores directos puedan influir en la decisión final.

El juzgado de Reconquista deberá resolver en breve estos planteos, en un escenario donde cada voto cuenta. Las adhesiones al plan que finalmente logre mayoría definirán el destino de los activos del grupo agroindustrial, que fue uno de los mayores exportadores de granos y subproductos del país hasta su derrumbe financiero en 2020.

El Grupo Grassi fue el primero en formalizar su propuesta de salvataje. Su plan ofrece múltiples alternativas de recupero, con la posibilidad de restituir hasta el 200% del crédito a quienes acompañen con la entrega de granos o financiamiento, y con opciones de pago en dinero que van del 30% al 40% en plazos de diez años. También prevé mecanismos de capitalización de parte del pasivo en acciones de la nueva Vicentin, buscando articular un modelo de continuidad operativa con participación de acreedores y cooperativas.

Por su parte, Molinos y LDC confirmaron una propuesta conjunta que plantea una salida rápida y de alto impacto financiero: pago inmediato del 80% de la deuda verificada en dólares dentro de los 30 días posteriores a la homologación judicial, con la posibilidad de alcanzar el 90% de recupero en tres años a una tasa de interés del 4% anual. El esquema también contempla una opción de capitalización en acciones preferidas rescatables, aunque sin exigir aportes de granos ni compromisos productivos de los acreedores.

Mientras la propuesta de Grassi busca una alianza productiva entre la empresa y sus acreedores, la de Molinos-LDC se apoya en la liquidez inmediata y la solidez financiera de dos de las principales agroexportadoras del país.