La Corte validó al tribunal federal de Reconquista para el caso Vaudagna

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que el Juzgado Federal de Reconquista es el tribunal competente para continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra al ex jefe de Afip Rosario, Carlos Vaudagna y a Omar Scarel, exdirectivo de Vicentin.

La investigación se inició tras el hallazgo de u$s250.000 durante un allanamiento realizado en marzo de 2021. La causa -que inicialmente tramitó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe- tiene como eje la presunta confección de un contrato de depósito falso que, según la hipótesis acusatoria, habría sido utilizado para dotar de apariencia lícita al dinero encontrado.

En la pesquisa se detectaron maniobras que constituirían lavado de activos relacionadas con Vicentín SAIC, un directivo de la firma y uno de sus hijos, un abogado, una escribana y con el exdirector regional de la exAFIP de Rosario, también imputado en una causa por corrupción y pedido de coimas a empresarios junto al exjuez Marcelo Bailaque, y al financista Fernando Whpei.

El inicio de la investigación federal y el planteo de inhibitoria

En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal Roberto Salum inició una causa a partir de la publicación, en medios de prensa, de la transcripción de una intervención telefónica en la que el exsíndico de Vicentín SAIC, Omar Scarel, era asesorado por un abogado para poder retirar dinero secuestrado en una caja de seguridad a nombre de una sociedad integrada por uno de sus hijos, y diagramaban la forma para justificar ficticiamente ese dinero.

Para concretar la maniobra, se confeccionó una escritura -que luego se determinó era falsa- en la que se certificaba que Vaudagna había entregado 250 mil dólares estadounidenses en efectivo al hijo Scarel para realizar una operación inmobiliaria indeterminada.

En esa instancia, la justicia provincial inició actuaciones por la presunta falsedad de documento público -la escritura- imputó por esos hechos a los intervinientes y resolvió la situación del exfuncionario de Arca con una suspensión de juicio a prueba.

Sin embargo, y luego de obtener copias de esas actuaciones, el fiscal federal Salum formuló un planteo de inhibitoria para que la causa tramite en el Juzgado Federal de Reconquista. La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazó ese planteo, mientras que la Cámara Federal de Resistencia la avaló.  Así el conflicto llegó a la CSJN, que terminó dándole la competencia al Juzgado Federal de Reconquista.

Procesados y embargados

En las últimas seis semanas, Vaudagna sumó dos procesamientos en causas penales distintas, pero con un origen común: el contenido de sus teléfonos celulares.

Según publicó Aires de Santa Fe, los investigadores accedieron a más de una década de chats de WhatsApp que hoy salpican a jueces, empresarios, abogados, financistas, operadores judiciales y sindicalistas de la provincia. Ese material disparó una serie de expedientes que ya involucran a alrededor de 30 personas y movilizan a nueve fiscales federales y tres procuradurías nacionales, entre ellas la Procelac y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

La semana pasada, el juez federal Ricardo Alcides Mianovich procesó a Vaudagna y al expresidente de Vicentin, Omar Scarel, por su presunta participación en maniobras destinadas a encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por más de 143 millones de pesos. Ambos quedaron acusados como coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, delito que en el caso de Vaudagna se agrava por su condición de funcionario público.

Además, el exjefe de Afip enfrenta procesamiento por lavado de activos, agravado por habitualidad y por haber sido cometido durante el ejercicio de sus funciones. Según la investigación, Vaudagna habría buscado beneficios económicos ilícitos, utilizando testaferros, familiares y estructuras societarias para adquirir bienes, manejar una mutual y canalizar fondos a través de empresas privadas.

El juez dispuso embargos millonarios: 700 millones de pesos para Vaudagna y 200 millones para Scarel.