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Negocios

🔒Fraude empresario

Gran Estafa inmobiliaria: suman imputados y el juicio vuelve a ser aplazado

Postergan otra vez el juicio por la Gran Estafa Inmobiliaria con nuevos involucrados.
Patricio Dobal

La Fiscalía había pedido que se realizara durante la primera mitad de este año pero ahora hay nueva fecha estimativa con la chance de más involucrados.

Hace poco más de un año Punto biz daba cuenta del aplazamiento de la fecha del juicio oral y público contra los empresarios, escribanos y gremialistas protagonistas de la denominada Mega Estafa Inmobiliaria destapada por la Fiscalía en 2016. Ahora el trámite sufre una nueva postergación. Pautado originalmente para la primera mitad de este año, desde la Unidad de Delitos Económicos plantean que el proceso podría iniciarse recién a mediados de febrero del año que viene.

Si bien se trata de información extraoficial, ya que hasta el momento ninguna de las partes fue notificada de la fecha de inicio, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron a Punto biz que la ronda de audiencias no se va a realizar en 2022. “En teoría arrancaría en febrero de 2023”, se limitó a precisar el fiscal Sebastián Narvaja, al mando de la investigación que permitió desentrañar un ardid para desapoderar de sus propiedades a dueños legítimos mediante la falsificación de instrumentos públicos, estafas y lavado de activos.

Si bien la definición de la fecha depende de una resolución de segunda instancia, desde el MPA se indicó que los plazos procesales dejarían la chance de sentar a los acusados recién sobre el cierre de este año, aunque como se esperan jornadas con audiencias muy prolongadas buscan evitar que el calendario quede interrumpido por la feria judicial de verano. En ese marco se tomó la experiencia del juicio oral al clan Alvarado y todo hace pensar que reciben a partir de febrero pondría primera el juicio en cuestión para arribar a los alegatos y la lectura del fallo antes del receso invernal.

Nueva causa acumulada

El elemento que explica en parte la demora en los plazos para llegar al juicio oral y público, es la definición que está pendiente que permitirá o no la acumulación de una nueva maniobra que derivó en la extensión de imputaciones para actores ya involucrados judicialmente y la irrupción en escena de un nuevo grupo de imputados que hasta el año pasado no había sido salpicado por el caso.

“En abril imputamos nuevos hechos a parte de los nombre mencionados en las causa original y agregamos una serie de personas que participaron de la maniobra que afectó a un anciano a quien despojaron de sus propiedades. Sobre ese caso es que pedimos la acumulación para tratar todo en el mismo juicio oral. La resolución por la acumulación en primera instancia fue apelada y ahora la Cámara debe expedirse para lo cual debe designarse un nuevo juez de alzada ya que el determinado originalmente se excusó”, precisó Narvaja.

El detalle del ardid

Cómo en las causas “Luppi”, “Achaga”, “Coman”, “Giménez”, “Marelli” y “Lacava”, el nuevo hecho repite patrones y tiene como víctima a Alberto Hilario Bona, que falleció en febrero de 2016 con 88 años e ignorando que lo habían despojado de valiosas propiedades en una serie de maniobras que hasta incluyeron una falsa herencia en favor de la mujer que cuidó de él hasta su deceso.

El expediente por un lado le atribuye a los escribanos Eduardo Torres, Juan Bautista Aliau y José Luis Gordó; al sindicalista Maximiliano González de Gaetano, a Juan Roberto Aymo, Eduardo Martín Torres y Sandra Fabiana Moresco, “tomar parte, con ánimo de lucro, de la realización de una serie  de maniobras ardidosas, mediante las cuales desapoderaron a Alberto Hilario Bona de dos lotes de terreno en Funes”.

Además, involucra a tres mujeres que están implicadas en el perjuicio sobre los bienes de Bona. Una es Norma Benita Giménez, que cuidó del anciano hasta su muerte. Quien debía velar por el bienestar de la víctima, la hizo firmar un poder general que le permitió vender un inmueble en la esquina de 9 de Julio y San Nicolás en Rosario. El hombre al momento de la firma estaba con demencia senil.

Pero la cosa no quedó allí. Giménez, con la colaboración de su amiga Nora Itatí Molina y la escribana Diana Ragni abusaron de la limitaciones de Bona para hacerle firmar un testamento en diciembre de 2015 que fijaba a la cuidadora como heredera universal. Con dicho documento inició un juicio de declaratoria de herederos tras el fallecimiento de su patrón y logró que la jueza Civil y Comercial de la 1ra Nominación de Rosario, María Mondelli, la beneficiara con un dictamen favorable.

Con los papeles de su lado, Giménez vendió un inmueble que era de Bona en San Luis 2636 a un fideicomiso para levantar una torre de departamentos.

Las penas que pide Fiscalía

Si avanza la solicitud de Fiscalía que busca la acumulación de causas, estas son las penas que pide el MPA.

-Juan Roberto Aymo el escribano Eduardo Martín torres: 20 años de prisión y multa de $344.081.151

-El sindicalista Maximiliano González de Gaetano: 20 años de prisión y multa de $353.836.160.

-Sandra Moresco: 5 años de prisión y $40,5 M de multa.

-El escribano Juan Baustista Aliau: 9 años de prisión, multa de $344.081.151 y 12 años de inhabilitación profesional.

-El escribano José Luis Gordó: 7 años de prisión, $81,5 M de multa y 12 años de inhabilitación profesional.

-Norma Benita Giménez: 7 años de prisión y multa de $360.000

Nora Itatí Molina: 7 años de prisión y $270.000 de multa.

-La escribana Diana Ragni: 7 años de prisión, $360.000 de multa y 10 años de inhabilitación profesional.

Cabe recordar que otros dos empresarios en su momento inculpados, Pablo Abdala, gerente del diario La Capital, y el agente de Bolsa Jorge Oneto, fueron sobreseídos en un polémico procedimiento propiciado por el ahora detenido ex jefe de los fiscales en Rosario, Patricio Serjal

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