Agencias de taxis denuncian maniobra para desplazarlas del negocio de la app

La firma Movilidad Inteligente SRL (Movilidad-IT), creada por agencias rosarinas de radio taxi llevó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) una disputa que arrancó con una demanda civil millonaria y otro planteo por la marca. Acusa a los desarrolladores de la app MoviTaxi que fue célebre antes del fuerte desembarco de las plataformas globales, de quedarse con el negocio y luego vaciar la sociedad demandada para evitar embargos. La defensa niega las acusaciones y sostiene que el contrato en el que se basa el reclamo nunca tuvo ejecución efectiva.

La disputa en cuestión comenzó por la ruptura de un contrato para la explotación de MoviTaxi, la aplicación que durante años utilizaron buena parte de los taxis rosarinos, escaló en los tribunales y terminó con una denuncia penal por una presunta maniobra destinada a desplazar del negocio a las agencias que habían impulsado la plataforma.

La denuncia penal fue presentada por Movilidad Inteligente SRL (Movilidad-IT) contra Rubén Eduardo R. y Valeria Jorgelina R., vinculados a Telemática y Telemetría SAS (TyT) y Crayon Web SRL. Los denunciantes sostienen que lo que inicialmente podía encuadrarse como un incumplimiento contractual derivó posteriormente en una maniobra de defraudación, desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta.

El planteo está ahora en manos de la fiscal Viviana O'Connell. Según explicó a Punto biz Miguel Robiolo, abogado de Movilidad Inteligente en la demanda civil que precedió a la denuncia penal, la presentación ante el MPA se realizó en marzo de este año. El letrado aseguró que hasta el momento no se produjeron medidas relevantes en el expediente y adelantó que la intención de los denunciantes es constituirse como querellantes.

La historia que terminó judicializada se remonta a una década atrás. El proyecto nació en 2016, impulsado inicialmente por la Municipalidad de Rosario y la Cámara de Radiotaxis. La intención era que las distintas agencias dejaran de desarrollar soluciones tecnológicas por separado y concentraran sus esfuerzos en una única aplicación que permitiera competir con las plataformas que comenzaban a transformar el transporte de pasajeros.

Para desarrollar la herramienta fue elegida Crayon Web. Según la denuncia penal, existen contratos de licencia y explotación comercial de diciembre de 2016 y de locación y licencia de mayo de 2018 entre esa firma y la Cámara de Radiotaxis. La presentación a la que accedió Punto biz también incorporó documentación sobre la participación del Ente de la Movilidad de Rosario en la difusión del sistema.

La lógica del negocio era sencilla: el desarrollador aportaba la tecnología mientras las agencias incorporaban taxis, volcaban viajes hacia la plataforma, promocionaban la herramienta entre pasajeros y abonaban un canon por cada vehículo.

El esquema tuvo una reorganización importante en 2022. Los titulares de las agencias constituyeron Movilidad Inteligente SRL, mientras que del otro lado apareció Telemática y Telemetría (TyT). Según la documentación aportada por los demandantes, el contrato firmado el 20 de septiembre de ese año estableció una exclusividad de diez años para la explotación de MoviTaxi y reconoció a Movilidad-IT derechos sobre el 50% de la marca. También contempló una penalidad equivalente a 24 meses de servicios en caso de rescisión unilateral de TyT y un preaviso de seis meses.

Además, ante la finalización del vínculo, TyT debía poner a disposición de Movilidad Inteligente las cuentas de Play Store, App Store y demás repositorios desde los cuales se distribuía la aplicación para garantizar la continuidad del servicio.

La ruptura que desató el conflicto

El quiebre llegó a fines de octubre de 2024, coincidiendo con la entrada en vigencia del nuevo marco municipal para las aplicaciones de transporte. Según Robiolo, hasta entonces las agencias abonaban al desarrollador un canon calculado inicialmente en dos bajadas de bandera mensuales por cada taxi, aunque en la última etapa esa cifra habría aumentado. “El cambio regulatorio abrió una oportunidad para que TyT prescindiera de las agencias y comenzara a relacionarse directamente con los taxistas”, expuso Robiolo

Según el letrado, hubo primero una etapa intermedia en la que el desarrollador mantuvo el servicio con algunas de las principales agencias, entre ellas Radio Taxi 380 Mil y Fono Taxi, mientras dejaba afuera al resto. La explicación de Movilidad Inteligente es que esa transición permitía conservar una masa crítica de vehículos mientras TyT organizaba su relación directa con los taxistas. Robiolo asegura que unos meses después también esas agencias quedaron fuera del esquema.

Para las empresas nucleadas en Movilidad Inteligente, aquella decisión constituyó una rescisión unilateral del contrato. Allí nació el primero de los grandes frentes judiciales: la demanda provincial por daños y perjuicios. Los actores sostienen que TyT era la contraparte del último contrato y que los documentos describían expresamente a la compañía como continuadora de la relación comercial previamente mantenida con Crayon Web. Sobre esa base reclamaron las penalidades contractuales y los daños que atribuyen a la ruptura.

Según Robiolo, la demanda civil ronda los $500 M en valores reclamados actualmente. El expediente se encuentra en una etapa avanzada de producción de prueba y próximo a alegatos, aunque todavía resta una pericia contable y otras medidas.

La defensa de TyT

La versión de Telemática y Telemetría es diametralmente opuesta. La empresa sostiene que Movilidad Inteligente nunca formó parte del circuito económico efectivo del negocio, porque los servicios fueron facturados directamente a las agencias. Para la defensa, esa circunstancia demuestra que el contrato de 2022 invocado para exigir la indemnización nunca tuvo principio de ejecución.

“No existe ni existió jamás facturación alguna entre la actora y Telemática y Telemetría”, sostiene la contestación de demanda, que afirma que la relación jurídica efectiva fue exclusivamente con las agencias de taxis.

La defensa utiliza precisamente un dato que Movilidad Inteligente reconoce —que eran las agencias las que pagaban los cánones— para cuestionar la legitimidad del reclamo. Su argumento es que no puede exigirse una indemnización derivada de un contrato si entre las partes que lo firmaron no existieron prestaciones, pagos ni facturación.

Robiolo rebate esa lectura. “Siempre desde 2016 la operatoria fue directamente con las agencias. No tenía sentido hacer una doble facturación, primero a Movilidad Inteligente y después de Movilidad Inteligente a las agencias”, señaló. Para el abogado, Movilidad-IT funcionaba como el vehículo jurídico creado por las empresas para concentrar y proteger los derechos sobre la plataforma, mientras la operatoria cotidiana continuaba realizándose con cada agencia.

Otra batalla por la marca

El segundo frente se abrió en la Justicia Federal. Movilidad Inteligente sostiene que el contrato de septiembre de 2022 dispuso la transferencia del 50% de la marca MoviTaxi y que esa cesión fue posteriormente ratificada mediante otro instrumento firmado el 17 de noviembre de 2023.

Aunque Crayon Web aparecía como titular registral, la actora argumentó que eso no eliminaba sus derechos como cesionaria. El escrito presentado ante el fuero federal reproduce la cláusula según la cual TyT cedía a Movilidad-IT “el 50% del total de los derechos” sobre la marca.

Por eso pidió que Crayon Web y TyT dejaran de utilizarla sin su consentimiento y solicitó una cautelar de cese de uso. En abril de 2025 las demandadas se allanaron al cese del uso cuestionado y la aplicación pasó a funcionar bajo el nombre MoviPlus, circunstancia que los denunciantes incorporaron posteriormente como otro capítulo de la disputa.

Acusación de vaciamiento

Hasta allí, el expediente podía permanecer circunscripto a una pelea contractual y marcaria. Lo que llevó a Movilidad Inteligente al fuero penal fue lo que, según sus abogados, ocurrió cuando intentaron asegurar judicialmente el eventual cobro de la demanda. La denuncia sostiene que los administradores de TyT comenzaron a desviar el flujo económico de la actividad y que finalmente apareció una nueva sociedad, CW Pagos Global SRL, vinculada por los denunciantes con la explotación de MoviPlus.

Ese es el corazón de la denuncia penal: Movilidad Inteligente sostiene que el conflicto civil habría provocado una segunda maniobra destinada a colocar fuera del alcance de los acreedores los ingresos generados por la aplicación. Los denunciantes afirman que se produjo una triangulación hacia cuentas personales y otras estructuras vinculadas, con el objetivo de insolventar a TyT y evitar que una eventual sentencia civil pudiera ejecutarse. Sobre esa base pidieron investigar los delitos de defraudación, desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta. La presentación también señala como indicio la aparición de CW Pagos Global y sostiene que el único producto que esa compañía exhibía en su web estaba relacionado con Movi, además de vincular a Valeria R. con MoviPlus y la fintech.

“Nosotros decimos: sí, vamos por lo civil. Pero el hecho de avanzar en una presentación civil derivó en que esta gente estructuró una maniobra defraudatoria”, resumió Robiolo. Y agregó: “Civilmente es muy difícil llegar porque ahora tendría que hacer una nueva demanda contra esta nueva sociedad. Después me arman una nueva sociedad y no llego nunca”.

Las defensas rechazan de plano esa hipótesis. Crayon Web negó en el expediente la existencia de desvíos de fondos, triangulaciones, transferencias hacia cuentas personales, maniobras fraudulentas o actos dirigidos a generar insolvencia. También rechazó que exista una confusión patrimonial, administrativa o societaria entre Crayon Web y TyT.

Así, el expediente expone dos interpretaciones completamente enfrentadas sobre un mismo negocio. Para las agencias, contrataron a un proveedor tecnológico, financiaron y posicionaron durante años una plataforma y terminaron desplazadas cuando el desarrollador estuvo en condiciones de explotar directamente la clientela construida. Para las demandadas, en cambio, Movilidad Inteligente pretende cobrar penalidades derivadas de un contrato que nunca tuvo ejecución económica efectiva y confunde relaciones comerciales mantenidas individualmente con las agencias con derechos que ahora intenta hacer valer la sociedad.

La Justicia civil deberá resolver esa primera controversia contractual y el MPA deberá determinar ahora si las conductas posteriores denunciadas —en particular el supuesto traslado de ingresos y del negocio hacia otras estructuras— constituyeron efectivamente delitos o fueron movimientos comerciales sin relevancia penal.