Concesionaria en default: sospechan de una estafa millonaria en dólares

La crisis de Rosario Motorsport SAS escaló este jueves con un operativo policial en la concesionaria de avenida San Martín al 2600, mientras crecen los reclamos de clientes que entregaron vehículos usados y dinero, pero nunca recibieron las unidades cero kilómetro comprometidas.

La presencia de efectivos estuvo vinculada con el interés de algunos damnificados de evitar que fueran retirados o vendidos los automóviles entregados como parte de pago. Los afectados buscan que la Justicia adopte medidas cautelares sobre esos bienes mientras se investigan las operaciones realizadas por la empresa.

El episodio se produjo después de que Rosario Motorsport, tal como anticipó Punto biz, solicitara la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario. El proceso, identificado con el CUIJ 21-03011788-0, todavía no fue abierto.

La presentación concursal generó alarma entre los abogados que representan a los clientes. Los letrados sostienen que el caso podría exceder un incumplimiento comercial y esconder una maniobra de defraudación millonaria. Entre quienes acudieron a la Justicia se encuentra Sergio Perrune, asesor legal de una pareja damnificada, quien confirmó a Punto biz que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Cuando se lee el concurso y se analiza cómo se hicieron las operaciones, aparece la sospecha de una estafa de más de u$s1,5 M o incluso de u$s2 M”, afirmó Perrune. Se trata, por el momento, de una estimación y una hipótesis de la parte denunciante que deberá ser investigada por la Fiscalía.

Entregaron un Corolla, dólares y pesos

Punto biz accedió a la denuncia presentada el 25 de agosto ante el sistema online del MPA. El escrito reconstruye la operación protagonizada por una pareja cuyos nombres se preservan.

Según consta en la presentación, el 26 de marzo de 2026 los compradores firmaron un contrato con Rosario Motorsport para adquirir una Ford Territory Titanium cero kilómetro, modelo 2026. Como parte de pago entregaron un Toyota Corolla modelo 2024 con el formulario 08 firmado, u$s6.000 y $1,83 M en efectivo.

La Ford Territory nunca fue entregada. De acuerdo con la denuncia, ante los reiterados reclamos, los responsables de la concesionaria respondían con nuevas promesas de cumplimiento y explicaciones que los clientes calificaron como evasivas.

La pareja estimó el perjuicio particular en alrededor de $45 M. Esa cifra comprende el automóvil usado entregado, los dólares y el monto abonado en pesos.

La situación tomó otra dimensión cuando los damnificados consultaron el estado registral del Toyota Corolla. Según dejaron asentado ante el MPA, descubrieron que el vehículo había sido transferido y aparecía radicado en la provincia de Corrientes.

Las dudas sobre la certificación del 08

Uno de los puntos centrales de la denuncia se relaciona con la forma en que se concretó esa transferencia. Las víctimas reconocieron haber entregado el formulario 08 firmado, pero afirmaron que nunca concurrieron a un tribunal, registro o escribanía para certificar personalmente las firmas. Por ese motivo, pidieron que se investigue quién realizó la certificación que permitió transferir el automóvil a otra jurisdicción.

“Desconocemos quién pudo haber certificado el formulario 08, toda vez que nunca se concurrió a tribunales para certificar la firma ni se presentó escribano público alguno”, señala la denuncia, según la documentación a la que accedió Punto biz.

Para Perrune, la aparición del automóvil radicado en otra provincia obliga a reconstruir toda la cadena documental. El abogado solicitó que se determine quién presentó el formulario, cómo se certificaron las firmas y quién adquirió finalmente la unidad.

El letrado sostuvo que existirían otros casos con una mecánica parecida: clientes que entregaron vehículos y dinero para acceder a un cero kilómetro, pero no recibieron la nueva unidad, mientras que sus usados fueron vendidos y transferidos.

A partir de esos indicios, Perrune pidió que se investigue una eventual falsificación documental y la posible participación coordinada de varias personas. También planteó que el movimiento de vehículos entre distintas provincias podría abrir una discusión sobre una eventual competencia federal.

Tanto la falsificación como la posible asociación ilícita mencionada por el abogado son hipótesis de la parte denunciante. Hasta el momento no existe una imputación ni una resolución judicial que las tenga por acreditadas.

La denuncia fue ingresada bajo la categoría “fraude o estafa virtual” y solicita su derivación a la Fiscalía de Delitos Económicos. Como respaldo, las víctimas acompañaron el boleto de compraventa firmado con Rosario Motorsport, constancias de transferencias efectuadas a favor de la empresa, capturas de las conversaciones mantenidas con sus responsables y la documentación identificatoria del Toyota Corolla.

También aportaron imágenes de publicaciones realizadas por la concesionaria en Instagram, donde el vehículo usado entregado por la pareja habría sido ofrecido a la venta.

Perrune confirmó que el objetivo es constituirse como querellantes y solicitar nuevas medidas para reconstruir la operación. La denuncia aún se encuentra en una etapa inicial y el abogado aguarda ser convocado por el MPA para ampliar la presentación.

Al menos 30 damnificados

El caso patrocinado por Perrune no sería aislado. Distintos estudios jurídicos de Rosario comenzaron a cruzar información y detectaron que representan a clientes afectados por operaciones similares.

Según el relevamiento preliminar de los profesionales, existirían no menos de 30 damnificados, aunque el número podría crecer a medida que se formalicen las denuncias y las presentaciones en el concurso.

Las operaciones cuestionadas muestran distintas modalidades. En algunos casos, los compradores entregaron un usado y una diferencia en efectivo o dólares para adquirir un cero kilómetro que nunca recibieron. En otros, dejaron vehículos en consignación, la agencia concretó la venta y no les liquidó el dinero correspondiente.

También habría clientes que finalmente recibieron las unidades prometidas, aunque después de importantes demoras.

Buscan cautelar los autos

La preocupación inmediata pasa por los vehículos que todavía permanecen en la concesionaria. Los damnificados temen que puedan ser vendidos o retirados antes de que la Justicia establezca quiénes son sus propietarios y cuál fue el destino de los fondos aportados en cada operación.

Ese reclamo motivó la custodia policial desplegada este jueves. De acuerdo con Perrune, uno de los afectados procuraba impedir que saliera de la agencia el automóvil que había entregado como parte de pago.

Los abogados buscarán que la Justicia disponga medidas cautelares para inmovilizar esos rodados. El objetivo es preservar los bienes mientras se reconstruye la cadena de operaciones y se determina si fueron transferidos legítimamente o si todavía corresponden a los clientes.

El punto resulta especialmente sensible porque el pedido de concurso no implica el cierre automático de la compañía. Si la Justicia habilitara el proceso, Rosario Motorsport podría continuar con el giro ordinario de sus negocios bajo las reglas concursales. Los abogados temen que la continuidad de las operaciones, sin esclarecer antes el destino de los vehículos, pueda aumentar el perjuicio.

Cuestionan el pedido de concurso

Perrune también se presentó en el expediente civil en representación de sus clientes y solicitó que el juzgado examine la posible existencia de delitos antes de resolver la apertura.

“El concurso no puede utilizarse para obtener tiempo o como un escudo frente a las consecuencias penales”, afirmó. A su entender, el fuero civil debería remitir los antecedentes al Ministerio Público de la Acusación si detecta elementos compatibles con una maniobra delictiva.

El abogado cuestionó además la relación entre los bienes declarados y las obligaciones asumidas por Rosario Motorsport. “Los locales son alquilados, prácticamente no hay activos y se denuncia un pasivo muchas veces mayor. Si se analiza correctamente la presentación, correspondería rechazar el concurso o avanzar hacia la quiebra”, opinó.

La decisión dependerá del juzgado. La solicitud no convierte a Rosario Motorsport en una empresa formalmente concursada ni suspende automáticamente todos los reclamos individuales. Para que el proceso quede abierto, la magistrada deberá dictar la resolución correspondiente y designar una sindicatura ante la cual los acreedores puedan verificar sus créditos.

Un pasivo millonario

En su presentación judicial, Rosario Motorsport reconoció contratos pendientes de cumplimiento por $206,8 M y u$s1.117.970. También declaró un pasivo de $4,17 M correspondiente al último balance.

Como contrapartida, informó un activo corriente de $537.325, créditos por cobrar por $32,5 M, muebles y útiles valuados en $8,65 M y aportes comprometidos por los socios por $5 M. La compañía fue constituida en julio de 2024 por Juan Gabriel Alegre y Eduardo Atilio Escarcelo, quienes fueron designados administradores y representantes titulares. Su objeto comprende la compra, venta y consignación de vehículos nuevos y usados.

Los titulares atribuyeron la cesación de pagos a un desfasaje financiero y a la acumulación de demoras superiores a tres meses en la entrega de cero kilómetro. Argumentaron que la difusión de reclamos en redes sociales provocó una cascada de intimaciones, pedidos de devolución y demandas que la firma no pudo atender simultáneamente.

También mencionaron la caída de las ventas de usados, los costos de funcionamiento y el impacto de la publicidad negativa. Aseguraron que la empresa seguía operativa y que pretendían sostenerla mediante una reprogramación de pagos, la continuidad de las ventas y la búsqueda de inversores.

Los denunciantes, en cambio, sospechan que el problema no fue solamente financiero. La investigación deberá determinar qué ocurrió con los autos y el dinero entregados, cómo se efectuaron las transferencias y si el concurso constituye un intento legítimo de reorganización o una vía para ganar tiempo frente a los reclamos.